Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron una nueva ronda de sanciones contra el régimen militar de Myanmar, enfocadas en reducir el acceso a fondos bancarios y limitar el suministro de combustible del Ejército para frenar sus bombardeos contra la población, cuando se cumplen tres años del aniversario del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
“Nuestras acciones de hoy subrayan nuestro compromiso con privar al régimen militar de los recursos que necesita para llevar a cabo sus ataques contra su propio pueblo”, afirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E.Nelson, en un comunicado divulgado el 31 de enero desde Washington.
Las sanciones se dirigen contra dos entidades que mantienen relación con Myanma Economic Holdings Public Company Limited, sancionada por Estados Unidos desde marzo de 2021, a la que han facilitado la adquisición de divisas extranjeras y la importación de petróleo para suministrarlo a los militares.
Se trata de Shwe Byain Phyu Group of Companies (SBPG) y Myanma Five Star Line Company.
Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos (OFAC) señala a cuatro individuos (Thein Win Zaw, Tin Latt Min y los hijos de este, Theint Win Htet y Win Paing Kyaw) vinculados a estas compañías y otras dos decenas que facilitan al régimen el acceso a petróleo y divisas extranjeras.
Foto: Archivo Reuters
Según las sanciones, todas las propiedades e intereses de estos individuos en Estados Unidos deben ser bloqueados y reportados, así como las empresas con al menos el 50 por ciento de activos bajo su propiedad, directa o indirectamente.
“Desde el golpe, el régimen militar ha llevado a cabo una campaña de violencia y represión y ha perpetrado bombardeos que han asesinado a cientos de civiles”, añade el comunicado estadounidense.
El corte al suministro de combustible de la junta es uno de los habituales llamados por parte de organizaciones de derechos humanos ante los bombardeos del Ejército, que según fuentes expertas han aumentado a raíz de que una ofensiva rebelde lanzada a finales de octubre mantenga a las fuerzas armadas contra las cuerdas.
El Ejército justificó el golpe del 1 de febrero 2021 en un fraude masivo indocumentado durante las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi arrasó, y puso fin a una década de transición democrática, sumiendo al país en la violencia y la semianarquía.
Suu Kyi, de 78 años, fue arrestada durante la asonada y actualmente cumple varias condenas en prisión por cargos presentados tras la sublevación.
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Las autoridades británicas introdujeron este jueves nuevas sanciones contra cuatro entidades presuntamente involucradas en la “comisión de graves violaciones de los Derechos Humanos” en Myanmar.
Entre los sancionados -que verán congelados todos sus bienes- se encuentran dos brigadas de infantería de las Fuerzas Armadas de Myanmar y dos empresas mineras.
Por su parte, el gobierno de Australia anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones selectivas contra cinco entidades vinculadas a la junta militar de Myanmar. “Estas sanciones están diseñadas para limitar el acceso del régimen a los fondos y el material que le permiten seguir cometiendo atrocidades contra su propio pueblo”, remarcó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
Las nuevas entidades sancionadas son contra dos bancos -Banco de Comercio Exterior de Myanmar y el Banco Comercial y de Inversión de Myanmar- y tres compañías que suministran combustible para aviones al Ejército de Myanmar -Asia Sun Group, Asia Sun Trading Co Ltd y Cargo Link Petroleum Logistics Co Ltd-.
“Estas sanciones son una respuesta a la continua represión del régimen contra el pueblo, la escalada de violencia y el continuo deterioro de la situación política, humanitaria y de seguridad”, subraya el ministerio australiano.
Mientras que la Unión Europea se mostró dispuesta a adoptar nuevas medidas restrictivas contra los responsables de las “graves” violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Myanmar.
Foto: Archivo Reuters
“Hace tres años, el 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar derrocó por la fuerza a un Gobierno elegido democráticamente. Las acciones militares han socavado el desarrollo democrático del país y han sumido a Myanmar en una profunda crisis política, económica, de derechos humanos y humanitaria, amenazando significativamente la estabilidad del país y la región”, constató el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en una declaración en nombre de la UE.
La junta militar de Myanmar anunció ayer en un comunicado la quinta extensión del estado de emergencia en el país tras el golpe de Estado, con el régimen castrense en sus horas más bajas desde la asonada.
La extensión del estado de emergencia garantiza a las fuerzas armadas plenos poderes ejecutivos y legislativos seis meses más y aleja la posibilidad de elecciones, que no pueden celebrarse durante dicho periodo por mandato constitucional.
Actualmente hay más de 2.6 millones de personas desplazadas internamente en el país; 2.3 millones de ellas han sido desplazadas por la fuerza desde el 1 de febrero de 2021.
Más de 70,000 personas han huido a países vecinos como refugiados, mientras que más de un millón de refugiados rohingya permanecen en Bangladesh tras su expulsión por parte del ejército de Myanmar.
(Con información de EFE y Europa Press)
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