De acuerdo con un comunicado, ambos gobiernos “se comprometieron a abordar el tema de migración de una forma conjunta y humana, de tal forma que contribuya a mejorar la prosperidad y seguridad de la región”.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, firmaron un acuerdo de cooperación bilateral respecto a solicitudes de protección.
A través de un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló que ambos gobiernos “se comprometieron a abordar el tema de migración de una forma conjunta y humana, de tal forma que contribuya a mejorar la prosperidad y seguridad de la región”.
“Este acuerdo forma parte de una estrategia integrada para combatir al crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada”, señala el documento.
El texto añade que el gobierno de Donald Trump se comprometió a seguir explorando posibilidades para profundizar la cooperación en seguridad, la creación de oportunidades legales de empleo en Estados Unidos, la promoción de la inversión y el crecimiento económico en El Salvador. Mientras que la administración de Nayib Bukele seguirá fortaleciendo su plan de gobierno en seguridad, salud, educación y empleo para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
“Los dos gobiernos seguirán manteniendo un diálogo de alto nivel para que El Salvador se convierta en un país próspero y seguro, y sirva como punto de referencia de buenas prácticas para los países de la región”, añade el texto.
Según el Washington Post, citando a funcionarios gubernamentales, el pacto permitiría enviar al país centroamericano a los demandantes de asilo que lleguen a la frontera estadounidense para que pidan ese amparo desde allí.
Asimismo, la agencia RT informa que la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, aseguró a periodistas en Washington, que no se trata de un pacto de tercer país seguro. “Son todas medidas para tratar de minimizar y tratar de garantizar la protección de personas que se ven forzadas a migrar irregularmente”.
