La administración del presidente estadounidense Joe Biden está negociando un acuerdo migratorio con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que permitiría por primera vez a los Estados Unidos deportar masivamente a solicitantes de asilo no mexicanos hacia México, según reporta The Washington Post.
Las medidas en negociación podrían “cambiar las reglas del juego” en materia migratoria, afirmó al diario estadounidense Doris Meissner, comisionada de migración durante el gobierno de Bill Clinton.
El acuerdo permitiría a cientos de miles de personas entrar a los Estados Unidos de manera legal, mientras que implementaría deportaciones masivas mediante el proceso de vía rápida llamado “eliminación acelerada” (expedited removal) para aquellos que buscan asilo, pero entraron de manera ilegal a la Unión Americana o no solicitaron protección en los países que recorrieron durante su camino hacia la frontera norteamericana.
Lo anterior crearía una “presunción en contra de la elegibilidad de asilo”, aún cuando los migrantes que cruzaron de manera irregular la frontera afirmen tener miedo de persecución en sus países de origen, dijo la administración de Biden a la Suprema Corte, según el Washington Post.
El gobierno de Biden afirmó que las deportaciones crearán las consecuencias legales necesarias para desalentar que más migrantes crucen ilegalmente al país. Este reforzamiento de las medidas antimigración se daría mientras Estados Unidos presenta un número récord de entradas ilegales a través de su frontera con México.
Un oficial de la administración de Biden le dijo al Washington Post que las deportaciones masivas estarían limitadas a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, pues las autoridades estadounidenses son incapaces de regresar a estas personas a sus respectivos países.
Las medidas incluso superarían los alcances que el programa “Quédate en México” tuvo durante su implementación por parte del expresidente Donald Trump.
Desde enero de 2019 hasta enero de 2021, el gobierno de Trump envió bajo este programa a más de 71 mil solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas, reporta Human Rights Watch.
A diferencia de las personas expulsadas mediante “Quédate en México”, los solicitantes de asilo echados por la nueva negociación entre Estados Unidos y México serían catalogados como deportados, lo cual traería consecuencias legales como no poder ingresar a los Estados Unidos por un prolongado tiempo que pudiera alcanzar hasta los 10 años.
El plan en discusión no convertiría a México en un “tercer país seguro”, ya que, las autoridades mexicanas tendrían el control sobre elementos clave, por ejemplo, la nacionalidad de las personas deportadas, dijeron oficiales estadounidenses al Washington Post.
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