Eustacio Alcalá Díaz, defensor de territorio asesinado en Michoacán.CENTRO PRODH
Asesinaron a Eustacio Alcalá en Michoacán, a unos kilómetros de su casa, en Huizontla, en la región Sierra Costa. Lo mataron a balazos, mientras llevaba en camioneta a unas misioneras, que habían llegado a la zona en misión de evangelización. El sábado, un grupo armado interceptó el vehículo, dejó marchar a las religiosas y se llevó a Alcalá, uno de los líderes más destacados de su comunidad. Como el resto de sus vecinos, Alcalá participaba en la lucha de Huizontla contra la explotación minera en su territorio.
Según fuentes cercanas al líder comunitario y a las autoridades de Huizontla consultadas por , los atacantes lo estaban buscando. “Cuando los interceptaron les preguntaron sus nombres. Y cuando escucharon el de Eustacio, le dijeron, ‘a ti te estábamos buscando’. Se lo llevaron”, explica una de las fuentes. Alcalá apareció muerto este lunes, con varios disparos en su cuerpo, según ha informado la Fiscalía local. Tenía 68 años.
Alcalá era una de las personas más respetadas de Huizontla, comunidad nahua del municipio de Chinicuila, cerca de los límites de Michoacán con Jalisco y Colima. De joven se fue a probar suerte a Estados Unidos. Le fue bien. Trabajó allí durante años y luego se jubiló. Sus hijos y su primera esposa decidieron quedarse allí. Alcalá prefirió volver a Huizontla, donde se juntó con otra mujer, con la que vivía hasta que lo mataron. Ambos subsistían de la pensión de Alcalá y del maíz que cultivaban en su huerto.
Parecía una buena solución, al menos hasta la irrupción del crimen. Chinicuila, Coalcomán, Aguilla… La región Sierra Costa y sus límites con la región de Tierra Caliente funciona desde hace años como escenario para la guerra de baja intensidad entre diferentes grupos criminales, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por un lado, y Carteles Unidos, por otro, un remedo de viejas mafias locales.
Expresión algo ambigua, guerra de baja intensidad refiere aquí a una realidad que combina tranquilidad serrana, normalidad y rutina, con choques brutales y repentinos de autoridades con criminales y de delincuentes con delincuentes. Así ocurrió en enero, por ejemplo, cuando presuntos integrantes del CJNG atacaron a militares en Coalcoman, algo al norte de Chinicuila. Al menos un militar murió y seis resultaron heridos, en un ataque perpetrado poco después de la detención de un cabecilla local del CJNG.
Pero no son solo los choques. Sin que haya un motivo probado, criminales atosigan, persiguen, atacan y desaparecen a líderes comunitarios en la zona. El caso de Alcalá es uno de tantos. Hace algo más de dos meses, criminales se llevaron a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia de la misma zona. Lagunes es abogado y ha colaborado con varias organizaciones de defensa de derechos humanos en la región. Díaz, de 71 años, vecino de Aquila, comunidad aledaña a Huizontla, ha criticado la actividad minera en su municipio. Ambos siguen desaparecidos
Con los tres, la pregunta es por qué y por qué ahora. La omnipresencia de siglas y reyertas, su asociación con actividades delictivas, el narcotráfico, sin ir más lejos, desvía la atención de cuestiones más mundanas. La dificultad de mapear las relaciones entre la industria extractiva en la zona y los grupos criminales deja a las comunidades en el limbo. La incapacidad de las autoridades para investigar y alumbrar esos vínculos -u otros, algunos, los que sean- acaba de dibujar una situación de impunidad.
El litigio
Desde hace más de diez años, Huizontla pelea contra la minería. En 2012, la comunidad descubrió que un grupo de criminales estaba explotando de manera ilegal una mina en su territorio. “Todos se organizaron”, explica Claudia Ignacia Álvarez, de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán. “Conformaron una guardia comunitaria y articularon una alianza con otras comunidades, caso de Ostula, Aquila y Coahuayana”, añade. Álvarez y sus compañeros acompañan a la comunidad desde esa época.
Huizontla logró echar a los criminales. Años después, inició un proceso para saber si el Gobierno había concedido esa u otras minas a empresas para que las explotaran. Fueran criminales o no, el tema era el mismo: el intento de extraer recursos de su territorio, a la brava, sin la reglamentaria consulta previa. En octubre de 2018, todavía durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), descubrieron que la Secretaría de Economía había otorgado seis concesiones distintas a dos empresas, una, filial de la gigante ArcelorMittal, y otra, filial de Ternium, la empresa que explota la mina de Aquila.
Apoyada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la comunidad inició un litigio legal para que se cancelaran o al menos se suspendieran las concesiones. En un escrito presentado ante un tribunal local, la comunidad contaba cómo se había enterado de las concesiones y por qué, a su juicio, eran ilegales. No era un tema solo de la consulta a la comunidad, requisito para iniciar cualquier trabajo. Era conservar o no un sistema de vida. Las minas “implican la destrucción material de nuestro territorio y la utilización de los recursos naturales que conforman nuestro territorio, los mismos que cuidamos y preservamos: el agua, bosques, pastizales y vegetación en general que constituye nuestro hábitat”, lee el escrito. Uno de los firmantes era Eustacio Alcalá.
A principios del año pasado el tribunal les dio la razón. Las concesiones quedaron suspendidas. La buena noticia para Huizontla fue además que el tribunal reconocía los límites territoriales que han defendido a lo largo de décadas, siempre en duda por las sucesivas reformas agrarias que México ha vivido a lo largo del siglo XX. La mala noticia es que la Secretaría de Economía, ya con Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno, pidió que se revisara la decisión.
Meyatzin Velasco, abogada del Centro Pro, explica que la insistencia de Economía era pura estrategia. “Si no pidieran que revisaran la decisión, sería como reconocer que no están consultando a las comunidades antes de entregar concesiones mineras y que no están siguiendo los procedimientos que deben hacerse en casos así”, explica. Extraña la actitud de Economía, visto el impulso del mismo Gobierno a cambios en la Ley de Minería, en una lógica de respeto a pueblos y comunidades indígenas. Por un lado, Economía defiende concesiones irregulares. Por otro, el Ejecutivo trata de proteger a los pueblos de decisiones como las que tomó la dependencia. Los tribunales deberán resolver el entuerto en los próximos meses.
El asesinato de Alcalá queda de momento en manos de la Fiscalía de Michoacán. En casos así, de todas formas, podría intervenir la Fiscalía federal especializada en delitos contra la libertad de expresión. “En la comunidad están muy preocupados”, dice Velasco. “En los últimos meses, se ha incrementado la violencia. Durante mucho tiempo, se ha vivido una calma tensa, pero justo a finales del año pasado incrementaron amenazas contra la comunidad y contra algunas personas en concreto”, añade.
“En la Sierra Costa, el bien en disputa son los recursos minerales. En Huizontla se sabe que hay hierro y otros minerales. Pensamos que este crimen está relacionado con la minería, pero no tenemos pruebas”, dice Claudia Álvarez, que señala viejas relaciones entre el crimen y empresas mineras. “En 2012, se decía que los camiones bajaban de la mina ilegal de Huizontla hacia las instalaciuones de Ternium. Recabamos testimonios que señalaban esa relación. No sabemos si tenía que ver con alianza, o con pago de piso. Pero asumimos que existe una relación entre minería y crimen en esta zona”, zanja.
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