Esta misma semana se giraron órdenes de aprehensión contra Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la Agencia de Gestión Urbana, y cuatro ex colaboradores.
Ex funcionarios de las secretarías de Finanzas, Obras y Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Comisión de Reconstrucción, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, son investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el uso indebido de atribuciones en contra de la hacienda pública, causándole daño por alrededor de mil millones de pesos.
De acuerdo con La Jornada, son alrededor de 20 involucrados en la comisión de este ilícito, de los cuales algunos están en prisión, otros son buscados dentro y fuera del país, y a unos más se les integran las indagatorias correspondientes.
La Fiscalía capitalina trabaja con la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría Fiscal para generar las órdenes correspondientes, a fin de evitar que los delitos prescriban. Las prescripciones se aplican a los tres u ocho años, según el delito, y la penalidad va de dos a nueve años, por lo que no alcanzarían fianza.
Sin embargo, no se considera llamar al ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque él no firmó nada.
El pasado lunes, la FGJ giró órdenes de aprehensión contra Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la Agencia de Gestión Urbana, y cuatro ex colaboradores, por supuestamente causar daño a la hacienda pública.
Además, se dio a conocer la detención de José de Jesús Contreras Martín, ex subdirector de Operaciones Financieras de la Secretaría de Administración y Finanzas, por irregularidades en los procesos de pagos de la Dirección General de Administración Financiera.
“No sólo se busca capturar al titular de la extinta AGU, sino a otros ex funcionarios que tienen incluso código de la Interpol, y otros más que están pendientes de que el juez dicte las órdenes de aprehensión una vez que analice las pruebas”, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Todas las personas que cometieron actos de corrupción deben ser sancionadas, es el compromiso de la fiscal, y me parece bien”, comentó ayer la mandataria.
Slomianski Aguilar, ex titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), y varios de sus colaboradores, tienen orden de aprehensión por su presunta participación en el delito cometido por servidores públicos, al causar daño a la hacienda pública por 29 millones 454 mil 238 pesos.
Otros colaboradores investigados
Otra orden de aprehensión fue girada contra Raymundo Collins, por el delito de uso ilegal de facultades cometido en agravio del servicio público de la Ciudad de México y la sociedad, cuando era director del Instituto de Vivienda.
En tanto, a casi un año de solicitar a Interpol México la emisión de una ficha roja para la ubicación y detención del ex titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, y el ex comisionado de la Reconstrucción Edgar Tungüi, siguen prófugos. Estos ex funcionarios están presuntamente involucrados en el mal uso de 40 millones de pesos para atender a los damnificados por el sismo de 2017.
Por el momento hay cinco ex servidores públicos de la anterior administración capitalina en la cárcel: Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano; Édgar Takahashi y Hedilberto N, de la Secretaría de Obras; y Berenice N y José Iván N, de Finanzas.
Sobre las investigaciones contra sus ex colaboradores, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se limitó a pedir que las autoridades investiguen y hagan su trabajo.
Detenido ex operador financiero
En febrero pasado, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron a Miguel Ángel Vásquez, quien fuera el operador financiero del exjefe de gobierno, Miguel Angel Mancera.
El exfuncionario fue acusado de delitos cometidos por servidores públicos, luego de que como presidente del Consejo de la Caja de Previsión de la Policía, presuntamente dejó de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que ocasionó un daño a la hacienda pública local por más de 293 millones de pesos.
Además se le acusa de engrosar la nómina 8 del gobierno de la Ciudad de México, con casi 32 mil plazas laborales, cuya remuneración iba desde los dos mil hasta los 29 mil pesos.