El exsubsecretario de la Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas capitalina, Miguel Ángel Vásquez, aportó al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, datos, nombres y documentos que podrían acreditar la distribución de cerca de mil millones de pesos entre diversos servidores públicos y actores políticos en forma indebida.
Miguel Ángel Vásquez fue detenido en 2020 e imputado por presunto daño al erario, y accedió el mes pasado a convertirse en testigo colaborador en una investigación en curso
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta le ha dado seguimiento a la investigación en perjuicio del erario público, en la que posiblemente se encuentra relacionado Miguel Ángel.
Tras la solicitud del imputado para acogerse a un criterio de oportunidad, figura jurídica que le permite ser un testigo colaborador, el ex servidor público ha entregado información diversa, misma que se verifica para corroborar su autenticidad, particularmente documentos entregados, mismos que son analizados por peritos en grafoscopía.
El representante social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos cuenta con elementos de prueba suficientes en la indagatoria, no obstante, integra la información aportada por el imputado, en donde señala a personas servidoras públicas, así como actores políticos, con la finalidad de ampliar las líneas de investigación, mismas que podrían establecer la posible comisión de delitos.
Miguel Ángel se encuentra en prisión domiciliaria y no ha sido exonerado de ninguno de los delitos que se le imputan.
La Fiscalía capitalina reiteró que no tolerará conductas al margen de la Ley en las que puedan estar relacionadas ex servidoras y/o servidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y buscar sanciones, a fin de evitar la impunidad.
A Miguel Ángel Vásquez se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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