Norma González Benítez señaló que con la extinción de fideicomisos el gobierno busca fondos para la atención del Covid-19, pero viola el derecho a la vida e integridad de otros.
Las 16 organizaciones nacionales e internacionales que conforman Espacio OSC externaron su preocupación ante la iniciativa para extinguir el Fideicomiso del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada por Morena en la Cámara de Diputados.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Norma González Benítez, coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional, señaló que esta medida tendría un impacto negativo en la protección a personas defensoras y periodistas, y más en un contexto como el que se está viviendo en el país, pues han aumento las agresiones a este sector desde el inicio de la pandemia de Covid-19.
Este mecanismo garantiza a través de medidas de protección la vida, integridad, libertad y seguridad de más de mil 86 personas.
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“Un punto importante que vale la pena señalar es que una de las justificaciones para la eliminación de este fideicomiso es que se enmarca en un contexto de medidas de austeridad, donde el gobierno lo que busca es recaudar recursos para destinarlos a la atención de las emergencia sanitaria, ese es el argumento fuerte que se está utilizando”, apuntó González Benítez.
“Otro de los argumentos es que los fideicomisos han sido fuertemente cuestionados porque, derivado de su funcionamiento administrativo, se resaltan algunas irregularidades como la opacidad y la falta de transparencia”, agregó.
No obstante, dijo que la postura de las organizaciones de la sociedad civil es que no se puede salvaguardar o garantizar un derecho humano, como lo es el derecho a la salud ante un contexto de la pandemia, violando otros derechos. Es decir, poniendo en riesgo derechos como la vida y la integridad de las personas que son igualmente importantes y que son derechos claves.
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“Eliminar un fideicomiso como el del mecanismo, tendría un impacto negativo en cuanto a poder solventar y costear las medidas de protección que otorga el mecanismo cuando una persona defensora ingresa al mecanismo”, manifestó.
“Por otro lado, en cuanto a la opacidad y falta de transparencia, nuestra postura es que habrá que hacer un análisis a profundidad en cuanto a que si realmente la medida que se está implementando, de eliminar los fideicomisos, resuelve estos problemas que han venido arrastrando. Particularmente con el fideicomiso del mecanismo, la Contraloría ha observado algunas irregularidades, pero no en cuanto a esta falta de transparencia en cuanto a los recursos”, añadió.
La integrante de AI indicó que la posición de la sociedad civil es que se tienen que solucionar estos problemas al interior, fortalecer este fideicomiso, pero no eliminarlo, porque tendría un impacto negativo.
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“El fideicomiso del mecanismo genera algunas ganancias económicas para el propio mecanismo y, además, el dinero del fideicomiso no puede ser utilizado para otro fin que para el que fue creado; es decir, otorgar las medidas de protección a personas defensoras y periodistas”, subrayó.
“El eliminar este fideicomiso redundará el que el control de su operación lo tenga la Secretaría de Gobernación y esto tiene un impacto negativo en que el presupuesto quedará al arbitrio de la Segob, pudiendo decidir cada año reducir el presupuesto destinado a las medidas. Vemos realmente grave lo que está sucediendo”, concluyó.