Por medio de una petición colectiva, Amnistía Internacional llama a los diputados a hacer valer sus facultades para frenar el recorte de 151 millones de pesos aI Instituto Nacional de las Mujeres.
Amnistía Internacional instó a los legisladores a ejercer su facultad de vigilancia y llamar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para que rinda cuentas sobre el recorte presupuestal al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por 151 millones de pesos, anunciado por el Ejecutivo Federal el pasado 15 de julio.
Con la frase: “¡Las y los diputados deben alzar la voz y hacer valer sus facultades para proteger a las mujeres víctimas de violencia!”, Amnistía lanzó una petición dirigida a los legisladores y llama a la comunidad a firmarla también.
Según Amnistía, la decisión es contraria a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece claramente que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Por si fuera poco, dice el organismo en un comunicado, el Ejecutivo federal pasó por alto las facultades que tiene en este caso la Cámara de Diputados, pues la citada ley precisa que cualquier cambio en el ejercicio del presupuesto debe ser aprobado por los diputados.
Cada vez que una persona se suma a la petición con su firma, los 500 diputados reciben de manera automática, en su correo electrónico, el mensaje con las exigencias de ejercer su facultad de vigilancia y llamar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que rinda cuentas sobre los recortes presupuestarios; y de posicionarse públicamente para que no se reduzca el presupuesto para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“Por las características de la petición, los y las diputadas no podrán ignorar el mensaje y las exigencias de la acción ciudadana”, señala el comunicado.
Reducciones presupuestales
La reducción al presupuesto del Inmujeres se dio luego de que el 23 de abril de 2020 fue publicado un decreto sobre medidas de austeridad presupuestaria ante la pandemia de Covid-19, que ha provocado reducciones del presupuesto para instituciones y programas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, explica Amnistía
Según el organismo, entre las reducciones, se pretendió recortar los recursos de las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs) y el presupuesto que asigna la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) para implementar las recomendaciones de las Alertas de Violencia de Género.
Estos dos intentos de reducción lograron revertirse gracias a la acción ciudadana, señala.
“Esas decisiones afectan de manera importante la atención a mujeres víctimas de las violencias e ignoran, como se señaló anteriormente, lo establecido en el artículo 58, párrafos 4 y 5, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, especifica el comunicado.
De acuerdo con el cuarto párrafo señalado, cuando las adecuaciones presupuestarias [entre ellas el recorte de presupuesto] representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.
Mientras que el párrafo quinto es muy claro en el señalamiento sobre la intervención de la Cámara de Diputados, pues establece que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.