Exige Sicilia a AMLO política integral sobre víctimas de violencia y lo acusa de traición

En el octavo aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia demandó al gobierno federal crear una política integral de Estado “que incluya y sistematice: la verdad, la justicia, la reparación integral para todas las víctimas, así como las garantías de no repetición de los crímenes y atrocidades que han marcado a nuestro país en los últimos 12 años”.

En un acto conmemorativo en Cuernavaca, Morelos, el poeta y fundador del MPJD, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de traicionar a las víctimas de la violencia y de militarizar de manera brutal al país.

“La traición -expresó- también se ha hecho con los pueblos indios al imponer, con consultas anticonstitucionales y amañadas, proyectos de naturaleza neoliberal disfrazados de populismo, como el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos”.

Además, urgió a “poner, como lo dice claramente el Modelo Integral de Atención a Víctimas y como lo mandata la Ley General, a las instituciones del Estado al servicio tanto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, para atender realmente los derechos de las víctimas en el orden de la verdad, la justicia, la reparación integral de los daños y la no repetición”.

El  poeta y escritor indicó que se requiere también “atacar de raíz el fenómeno que está causando la tragedia humanitaria. El fenómeno son las redes de corrupción e impunidad entre políticos, empresarios y criminales, enquistadas en el aparato de Estado y en los partidos, incluyendo Morena, y las redes de protección política que las hacen posibles”.

A continuación, el texto íntegro del posicionamiento de Javier Sicilia:

MPJD 8 años

Inicio con unos versos de “La caverna” de José Emilio Pacheco:

Aquí están alineados/ cada uno con su ofrenda/ […]/ Aquí sabemos a qué sabe la muerte/ Aquí sabemos lo que sabe la muerte.

Por ese saber y ese sabor terrible de la muerte que no ha dejado de acompañarnos durante estos oscuros años de asesinatos y desapariciones, pido un minuto de silencio. Él es el  grito más profundo, el más más duro de nuestros reclamos.

(MINUTO DE SILENCIO)

Hace 8 años, el 28 de marzo de 2011, la masacre de siete personas en Morelos, fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que dio voz  a las victimas de un país enmudecido por el miedo y destrozado por la violencia que la guerra de Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto, exacerbó.

Pese a los logros de distintas organizaciones–la Ley General de Víctimas, la Ley de Desaparición Forzada, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y las propuestas para crear una política de Estado que permita la seguridad y la paz con justicia, basada en la desmilitarización del país y la Justicia Transicional–, los resultados son escasos: justicias selectivas, reparaciones asistenciales y un grave aumento de la violencia, la desaparición, los homicidios, los feminicidios, la violación a los derechos humanos y la impunidad.

Por su discurso antimilitarista, su reconocimiento de la tragedia humanitaria del país y la deuda del Estado con la víctimas, la  llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República creó si no una esperanza, al menos una expectativa de que por fin el país encontraría una verdadera política de Estado y una ruta clara hacia la paz y la justicia perdidas.

Esos fueron al menos los compromisos que López Obrador estableció no sólo durante su campaña hacia la Presidencia, sino ya como Presidente Electo, durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el 14 de septiembre de 2018. Allí dijo ante el país y centenares de víctimas: “No sólo voy a pedir perdón, voy a comprometerme a que va a haber justicia en lo que humanamente esté de mi parte” e instruyó a la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al ahora Subsecretario de Derechos Humanos de esa misma Secretaría, Alejandro Encinas, a trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas en la construcción de un programa de gobierno en materia de Justicia Transicional (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición).

Nos pusimos a trabajar; no lo hemos dejado de hacer desde hace años. Por desgracia, la respuesta del Presidente ha sido la traición.

1. Militarizó de forma más brutal al país, disfrazando la permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle, con un eufemismo: Guardia Nacional, y amparando su tarea de guerra bajo una reforma constitucional sumamente cuestionable.
2. Ni en su discurso de toma de protesta como Presidente Constitucional ni en los 100 puntos de su plan de gobierno hizo una sola mención a las cientos de miles de víctimas de la violencia que heredó y que continúan acumulándose de forma descomunal. Sólo durante los dos primeros meses de su gobierno hubo 5,699 asesinatos, un promedio de 92 personas diarias; aún  desconocemos las cifras de los desaparecidos, pero la deuda de Estado que tiene pendiente es de 40,180 en cifras oficiales, varios de los cuales se encuentran en los 26 mil cuerpos sin identificar que están en los Semefo y, después de los hallazgos de las fosas de Tetelcingo, en las fosas comunes de todas las fiscalías del país. Lleva además consigo,  miles de mujeres secuestradas por las redes de trata.
3. No hemos escuchado de sus labios el perdón que prometió pedir a nombre del Estado durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia.
4. Pese al arduo y cuidadoso trabajo que, a partir de ese diálogo, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos han hecho con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, no se ha articulado ningún programa serio de Estado en relación con la Justicia Transicional y la paz. Los diagnósticos y las propuestas entregadas han caído en el vació del archivo burocrático y  en el desdén de la Presidencia de la República. El propio Presidente, despreciando la íntima relación que hay entre el pensamiento y la praxis –un distintivo del MPJD–, dijo en una de sus diatribas mañaneras, a propósito de la oposición de las organizaciones de derechos humanos a la desmilitarización del país: “Los expertos y las organizaciones de la sociedad civil no sé qué estén pensando. Están nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, estudios, pero, no se hace nada por cambiar las cosas”.
5. La traición también se ha hecho con los pueblos indios al imponer, con consultas anticonstitucionales y amañadas, proyectos de naturaleza neoliberal disfrazados de populismo, como el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos. Dichos proyectos, nacidos en los sexenios neoliberales anteriores, están destruyendo de manera considerable el tejido social de los pueblos y generado violencia y crimen. El ejemplo más inmediato de esa traición es la Termoeléctrica de Huexca –parte del Proyecto Integral Morelos. En 2014, López Obrador dijo que esa termoeléctrica era “como poner un basurero radiactivo en Jerusalén”. El 10 de febrero de 2019, ya como Presidente de la República, no sólo tomó partido en favor de ella, sino que, con un lenguaje indigno, descalificó la protesta y los argumentos de los pueblos indígenas, que antes defendió: “Escuchen –dijo–, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores […]”. Días después, el 20 de febrero, el dirigente indígena Samir Flores fue asesinado, y sobre su cadáver aún fresco, sobre el dolor de su familia, sobre el sufrimiento de cientos de miles de víctimas, sobre el legítimo reclamo de los pueblos originarios, hizo su consulta para imponer un de los proyectos neoliberales más despreciables del país. Las consultas populares no pueden suplantar el derecho a la consulta, previa e informada, de los pueblos indígenas.

Reconocemos y vemos positivamente el cambio de discurso y la voluntad de resolver casos concretos, pero es poco para enfrentar la tragedia.

En su fondo, la política de la Cuarta Transformación con respecto a la paz y la justicia es idéntica y, hasta ahora, peor, por su traición, a la de los de los sexenios de Calderón y Peña Nieto, Ex Presidentes que deberían ser investigados por su responsabilidad en la violencia del país.

Pese a esa realidad, pese, también, a la crítica y a las aportaciones que no hemos dejado de hacer por todos los medios a nuestro alcance –diálogos, artículos, entrevistas–, la Segob, encargada de esa política de justicia selectiva y apoyo asistencial, con un triunfalismo que no deja el mínimo espació a una verdadera escucha ni a la mínima autocrítica, dicen atender como nunca se ha hecho la justicia y la paz.  Nada más lejos de la realidad.

En el orden de la paz, continúan, como las administraciones pasadas, haciéndolo con la fuerza militar; en el de la justicia, atendiendo casos particulares (el único hasta ahora y con pocos resultados inciertos es el de Ayotzinapa –le recordamos al Presidente de la República y a su Secretaría de Gobernación que no son 43 los desparecidos, sino al menos 40,180) y, a falta de una política de justicia integral, sistémica y de alcance nacional, mediante instituciones dispersas, sin apoyos reales y sin estrategias claras y eficientes: ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos (CBD) tienen el suficiente personal, ni los marcos normativos necesarios para atender la dimensión de la tragedia humanitaria, que el gobierno de la Cuarta Transformación dijo reconocer y simula haber asumido. Son Comisiones que, dada la escasez de apoyo político efectivo corren el riesgo de fracasar frente a la inmensidad de la tragedia.

Hoy, 28 de marzo de 2019, en que conmemoramos el octavo aniversario del MPJD, volvemos a salir al espacio público para exigir ahora al Presidente Andrés López Obrador que cumpla, como lo prometió, con una política integral y sistémica en relación con la Justicia Transicional. Lo que implica:

1. Crear una política integral de Estado, a corto,  mediano y largo plazo que incluya y sistematice: la verdad, la justicia, la reparación integral para todas las víctimas, así como las garantías de no repetición de los crímenes y atrocidades que han marcado a nuestro país en los últimos 12 años.
2. Poner, como lo dice claramente el Modelo Integral de Atención a Víctimas y como lo mandata la Ley General, a las instituciones del Estado al servicio tanto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, para atender realmente los derechos de las víctimas en el orden de la verdad, la justicia, la reparación integral de los daños y la no repetición. Lo que implica, entre otras cosas, además de la formación de expertos forenses, apoyarse en las organizaciones internacionales creadas para enfrentar este tipo de tragedias.
3. Atacar de raíz el fenómeno que está causando la tragedia humanitaria. El fenómeno son las redes de corrupción e impunidad entre políticos, empresarios y criminales, enquistadas en el aparato de Estado y en los partidos, incluyendo Morena, y las redes de protección política que las hacen posibles. Atender únicamente casos, sólo llevará, como está sucediendo ahora, a un incremento de los asesinatos y de las desapariciones, a un consentimiento de la impunidad –confundida por el Presidente con la amnistía o el perdón– y a una ausencia total de justicia y por lo tanto de paz. Sin una gran y fuerte Comisión del Verdad y un Mecanismo internacional contra la impunidad jamás se logrará atacar el fenómeno. La emergencia nacional nacida de la corrupción, la violencia y la impunidad es de tal magnitud que ha rebasado a las instituciones ordinarias y exige, para enfrentarla, de mecanismos extraordinarios.  
4. Transformar  a la CEAV y a la CBD en Comisiones Nacionales que obliguen a gobernadores y presidentes municipales a asumir su responsabilidad para con las víctimas y la tragedia humanitaria del país. Para ello, tanto la CEAV como la CBD deben ser dos instituciones preferidas, impulsadas y arropadas por el Ejecutivo del país dentro de la política integral que no hemos dejado de pedir. Una y otra, debemos recordarlo, son dos comisiones extraordinarias que, abandonadas por el Ejecutivo y sin los mecanismos extraordinarios que requieren para operar, se vuelven inoperantes.
5. Pedir perdón a las víctimas por las omisiones, las negligencias y los crímenes cometidos por el Estado Mexicano, como el Presidente lo prometió delante de ellas y de la nación entera.
6. Poner un límite a los proyectos neoliberales como el Tren Maya y el  Proyecto Integral Morelos, que el Presidente disfraza de populismo y que arrasarán con la vida de los pueblos y el medioambiente. La base del neoliberalismo no es la empresa privada, es la noción particular del Desarrollo que el Presidente nunca ha criticado. Su descalificación a los pueblos originarios, llamándolos –precisamos el mal uso de su lenguaje—extremistas retardatarios, es el mismo del salinismo, del foxismo, del calderonismo, del peñismo y de los empresarios neoliberales que tanto critica. El Estado –que el Presidente no olvide los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT— tiene la obligación de garantizar el derecho de los pueblos originarios a ser consultados previamente ante proyectos que afectan sus vidas, sus culturas y su relación con el territorio. Abrir una consulta popular sin haber garantizado previamente ese derecho es malversar y corromper –como hasta ahora se ha hecho– la democracia participativa en nombre de un falso y equívoco populismo.

El 24 de junio de 2011, durante el Primer Dialogo por la Paz en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, le dijimos al creador de este desastre, Felipe Calderón, que si el Estado no estaba dispuesto a asumir su responsabilidad frente a las víctimas, lo dijera para que nosotros nos las arregláramos directamente con los criminales. Hoy, después de ocho años de simulaciones, le decimos algo semejante al Presidente López Obrador: Si usted no está dispuesto a asumir responsable e integralmente la verdad, la justicia y la paz, como lo prometió, dígalo con claridad para que nosotros –como lo han hecho las madres de los desaparecidos identificando con sus propios métodos las fosas clandestinas– construyamos mecanismos no oficiales de búsqueda de la verdad y pidamos la justicia a la comunidad internacional.

Si la Cuarta Transformación quiere realmente transformar al país  necesita develar la verdad. Ella, dice el Evangelio, “nos hace libres”, porque conduce a la justicia y a la paz. Las nuestras deben ser del tamaño de la tragedia y la emergencia que sufre el país.

Esta es nuestra palabra y nuestra exigencia ocho años después de una ardua tarea de pensamiento y praxis ante la corrupción, la inoperancia del Estado y la maldad del crimen. Hijos del sufrimiento –parafraseo a Albert Camus— a causa de una época corrompida en la que se mezclan las revoluciones decadentes, las tecnologías demenciales, los dioses muertos, las ideologías extenuadas, la hipocresía de nuestros gobernantes y el derrumbamiento de la moral y su límites, este pueblo de víctimas, en el que nos han convertido, sostiene en su palabra y su presencia lo que aún constituye la dignidad de vivir.

28 de marzo de 2019.

(Con información de Estrella Pedroza)