La periodista Denise Dresser, y sus hijos e hija, han sido víctima de una campaña de desprestigio, amenazas, actos de hostigamiento y violencia digital.
Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y SocialTIC, se unieron para exigir al gobierno federal el cese de las narrativas y declaraciones estigmatizantes contra Denise Dresser y su familia, ya que esto, además de poner en riesgo su labor periodística, también vulnera la seguridad e integridad de su familia.
La intimidación y agresión contra la periodista ha aumentado de manera exponencial durante el gobierno del presidente López Obrador. En particular, durante las últimas semanas Dresser y su familia recibieron amenazas después de que publicó un meme acerca de los hijos del presidente quienes fueron señalados en investigaciones del medio Latinus, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Reforma por supuestos conflictos de interés.
A partir de esa publicación, la periodista y activista recibió mensajes que Artículo 19 considera “con connotación misógina y sexista”. De acuerdo con la UNESCO, la Relatoría sobre la Promoción y Protección del Derecho a la libertad de Opinión y la Relatoría Especial las mujeres periodistas se enfrentan con un obstáculo estructural que las hace más vulnerables a sufrir agresiones en la esfera digital.
“La violencia digital en contra de las periodistas tiene impactos diferenciados debido a que las personas agresoras hacen referencia a la vida personal de las comunicadoras de una forma condicionada por el sexo, así como a sus familiares cercanos, lo que provoca que sus seres queridos se alejen ante los riesgos que enfrentan”, argumentan las organizaciones.
SocialTIC, una de la organizaciones que se une a la exigencia, argumentó que se ejercicio la práctica de doxxing que implica el “buscar recopilar y publicar información personal, privada y/o sensible sobre alguien sin su consentimiento, con la intención de exponer y dañar a esa persona”.
De acuerdo con las organizaciones que se unen a la exigencia, el objetivo de la crítica por parte de la periodista contribuye al acceso a la información y acusa el uso discrecional del erario público.
Algunas de las exigencias que hacen las organizaciones son una investigación y la toma de medidas para evitar el hostigamiento contra la periodista y activista Dresser. También piden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita una recomendación abordando los temas de libertad de expresión, violencia digital y de género y los efectos negativos de las campañas de desprestigio hacia las mujeres periodistas.
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