Organizaciones de la sociedad civil y legisladoras de oposición exigieron la destitución de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), luego que la dependencia autónoma pidió revisar la constitucionalidad de la legislación yucateca que prohíbe que deudores alimenticios sean servidores públicos.
El grupo parlamentario de Acción Nacional dio acceso al Senado a representantes de la sociedad civil que respaldan la ley 3 de 3 sobre la violencia de género, la cual establece que la persona que debe una pensión alimenticia no tiene forma de acreditar un modo honesto de vivir, que es requisito para acceder a cargos públicos.
La CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad porque considera que evitar el acceso de personas a cargos públicos por este motivo podría ser violatorio de los derechos humanos.
La senadora Josefina Vázquez Mota dijo que la acción de constitucionalidad muestra que “Piedra Ibarra, está del lado de los deudores alimentarios, de los victimarios y en contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Las representantes de organizaciones civiles solicitaron la salida de Rosario Ibarra y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación respalde la constitucionalidad de la ley.
“Ningún deudor al poder”.
Presidenta
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que no está de acuerdo con el reclamo que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Dijo que es violencia doméstica que no se dé el alimento a los hijos, por lo que se dijo a favor de que la presidenta de CNDH sea llamada a comparecer para explicar su postura.
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