Exmagistrados y jueces federales realizaron una marcha en la Ciudad de México para exigir el pago de la indemnización y prestaciones que les corresponden tras ser cesados con motivo de la reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, las personas juzgadoras denunciaron que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) lleva 73 días de incumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales que establecen el pago de indemnizaciones y la garantía de derechos laborales.
Emitir un ‘oficio de buena voluntad’ no implica cumplir con lo que ordena la Constitución, ni la Ley.
La reforma establece que los magistrados y jueces cesados tienen derecho a recibir tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, así como prestaciones complementarias como pensiones, apoyos médicos y otros beneficios.
Sin embargo, según el comunicado, más de ochocientas personas se han visto afectadas, incluyendo a sus familias, quienes dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas de salud, alimentación, educación y vivienda.
Además, los exjueces alertaron que el OAJ circuló un proyecto para abrogar el Acuerdo General que regula el Plan de Pensiones Complementarias, lo que, advierten, genera “grave incertidumbre a las personas ya jubiladas o en trámite de jubilación, quienes tras décadas de servicio confiaban en un esquema legítimo de retiro digno y justo”.
Entre sus demandas, los exjueces exigen que se realice el pago íntegro de indemnizaciones y prestaciones dentro de noviembre; que se mantenga vigente el Plan de Pensiones Complementarias; se paguen las prestaciones proporcionales correspondientes al año 2025.
Además, que todos los pagos se efectúen institucionalmente mediante depósito bancario a las cuentas de cada magistrado y juez.
Los juzgadores cesados afirmaron que mantendrán sus protestas hasta que las autoridades cumplan con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.