El ministro en retiro y expresidente de la Corte, Juan Silva Meza, dijo que desde la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República comenzaron a presentarse una “diversidad de iniciativas de reforma constitucional para transformar o capturar completamente la estructura del Poder Judicial”.
En particular, criticó la reforma judicial impulsada por el actual ministro presidente, Arturo Zaldívar, al afirmar que existe el riesgo de que el gobierno controle la función judicial.
Las declaraciones se presentaron en un foro de derecho realizado en España, citado a parte por el diario Reforma y La Silla Rota. Los organizadores sí transmitieron el encuentro por videoconferencia, pero actualmente no tienen disponible un video público sobre las ponencias.
Juan Silva fue ministro de la Corte de 1995 hasta 2015. Fue su presidente de 2011 a 2014.
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El ministro en retiro dijo que la reforma judicial cuenta con “disposiciones que presentan el grave riesgo de que el gobierno termine ejerciendo un control político de la función judicial, afectando gravemente la independencia judicial”.
Afirmó que desde el Consejo de la Judicatura se controlan todos los incentivos de la carrera judicial. El Consejo se integra por siete miembros: uno es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia; tres Consejeros designados por la Corte; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
Dijo que la reforma permite crear juzgados “especializados” o “jueces ad hoc” a los que se les pueden enviar los asuntos sobre los que hay un interés especial, dice .
“Así es, el Consejo está facultado para elegir a los jueces que deberán encargarse de resolver aquellos asuntos que puedan implicar violaciones graves a derechos humanos y aquellos casos que tengan “un impacto social relevante”; lo que conlleva lógicamente el riesgo de que la política controle el Estado de Derecho en asuntos de interés gubernamental, bajo el argumento de la seguridad nacional, el interés general, la razón de Estado”, señaló.
“Las formas de intromisión a la independencia judicial, hoy han cambiado y pretenden justificarse bajo fines públicos con una legitimidad aparente”, subrayó.
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Silva afirma que dentro del propio Poder Judicial hay ‘juicios sumarios’ contra los jueces “cuando alguna resolución se considera adversa a los intereses primordialmente del Gobierno”.
Afirma que “se descalifican y califican probanzas, se alienta el linchamiento social, no importa se trate de resoluciones parciales, medidas cautelares, sentencias definitivas. Suelen ser encubiertas por otras medidas que aparentan buenas prácticas judiciales; son graduales, selectivas, invisibles, culturales, y desde luego, tienden a actualizarse en el terreno operativo, quizás en mayor grado que en el terreno normativo. A la fecha, dificultan grandemente garantizar un modelo fuerte de independencia judicial”, dice la cita recuperada por La Silla Rota.
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