Exoneran a exfuncionarios acusados de favorecer a pandillas

SAN SALVADOR — Un tribunal de justicia exoneró el martes a dos exdirectores penitenciarios que fueron acusados de favorecer a pandilleros durante una polémica tregua entre grupos rivales y que facilitó el gobierno.

Los exdirectores Nelson Rauda y Rodil Hernández fueron acusados por la Fiscalía General de usar más de 208,000 dólares del dinero recaudado en las tiendas penitenciarias para actividades que ayudaron a que continuara la tregua entre las pandillas.

El tribunal, sin embargo, los declaró inocentes “por insuficiencia de pruebas”.

Ambos eran acusados de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta, y la Fiscalía pedía nueve años de prisión.

“En ningún momento la Fiscalía pudo probar que se manejaron fondos de manera maliciosa o que se aprovecharon de los fondos”, declaró a los periodistas el abogado defensor, Manuel Chacón.

Por su parte, el fiscal de caso, Arturo Cruz, dijo que esperará a tener la sentencia por escrito para analizarla, aunque consideró que el tribunal no valoró correctamente la declaración de un testigo que dijo haber recibido dinero de esos fondos públicos.

Rauda dirigió Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 31 de mayo de 2013, y Hernández estuvo al frente de la institución del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017.

En 2012, los líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia. En esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día.

Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad en las que la Fiscalía asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.

El exministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Munguía Payes, reconoció durante el juicio, al que compareció como testigo, que la tregua fue una política pública que nació en el gabinete de seguridad del gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Con la tregua los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras volvieron a elevarse cuando ésta se rompió en septiembre de 2013 tras la remoción de Munguía Payés por orden de la Corte Suprema y luego de que las nuevas autoridades retiraran una serie de beneficios para los pandilleros presos.

En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las maras o pandillas establecidas en barrios y comunidades populosas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos, mientras que más de 18.000 están en las cárceles. Según las autoridades están involucradas en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.