La Secretaría de la Defensa Nacional tiene en sus archivos contratos, pólizas, pagos y otros documentos con empresas de la red Pegasus en México que no ha aceptado dar a la ciudadanía mediante solicitudes de transparencia, a la Fiscalía General de la República para investigaciones criminales ni a la Auditoría Superior de la Federación, en sus observaciones a la cuenta pública.
Los archivos no se hicieron públicos pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al gabinete de seguridad un ejercicio de transparencia.
Sin embargo, las revisiones a los documentos de #SedenaLeaks obtenidos por el colectivo Guacamaya dejan ver que existe, por lo menos, un expediente completo de la contratación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua, la empresa que tenía en su poder las cartas para venderle Pegasus al Ejército Mexicano.
Ya en la primera revisión de periodistas y organizaciones de la sociedad civil se apreció este contrato, negado por todas las vías por la Sedena, pero poco a poco comienzan a surgir más vestigios.
Un archivo donde se describen las ‘presiones de gasto’ de 2019 revela que el Ejército contempló 9 millones 280 mil dólares en este contrato, que a un tipo de cambio de 18.40 equivale a 170 millones 752 mil pesos.
Como comparación, se ha documentado que en 2017 la entonces Procuraduría General de la República pagó 32 millones por este servicio en 2014. Pero a falta de contrato es imposible comparar las condiciones de compra.
En otro archivo, los Contables de Sedena expusieron los pagos que se le hicieron a la ‘empresa Pegasus’ en dos momentos.
Según el archivo que describe “Cuentas por Liquidar Certificadas”, para 2020 Sedena todavía adeudaba 60 millones de pesos por este contrato.
Además, dos archivos marcados como “oficios mortales” describen la existencia del expediente, que contiene las facturas, un dictamen técnico y un acta de incumplimiento.
El documento está marcado como “Secreto” y fue elaborado por la sección de Guerra Electrónica.
Como lo han señalado las organizaciones de la sociedad civil, el ocultamiento de esa contratación se presentó en al menos tres momentos distintos:
-Al responder la solicitud de acceso a la información 0000700340519 realizada por R3D en diciembre de 2019.
-Al responder al requerimiento realizado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la Solicitud de Información AECF/1095/2021
-Al responder al requerimiento de la Fiscalía General de la República relacionado a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, como lo demuestra el oficio R.J.-I-12377/6 de mayo de 2022.
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