BOGOTÁ, Colombia — Una explosión el viernes por la tarde mató a ocho policías que se dirigían a un evento de bienestar social en el departamento de Huila, en el sur de Colombia, según las autoridades.
Colombia se ha enfrentado a un aumento de la violencia en los últimos cinco años, incluidos los ataques dirigidos a la policía, ya que las promesas de un histórico acuerdo de paz con el grupo rebelde más grande del país han fracasado en gran medida. Más de 40 policías han sido asesinados en Colombia este año.
La Policía Nacional dijo que los agentes abatidos el viernes se dirigían a San Luis, un pequeño poblado de Neiva, municipio de 350.000 habitantes, cuando estalló un explosivo en la localidad de Corozal. El más joven de los oficiales tenía 18 años, dijo la policía.
El presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo el mes pasado, hizo campaña con el compromiso de poner fin a los ciclos de violencia que han plagado al país, una ambiciosa promesa de “paz total”. Además de negociar con los grupos armados del país, dijo que sus planes de reforma tributaria y agraria abordarían la pobreza y la desigualdad que han alimentado el conflicto.
El viernes por la noche condenó el ataque en Twitter. “Solidaridad con sus familias”, escribió sobre los oficiales asesinados. “Estos hechos expresan un claro sabotaje a la paz total”.
Las fotos de la escena muestran un camión acribillado a balazos con llantas pinchadas, con los cuerpos de los hombres tirados en el suelo y dentro del vehículo.
El Sr. Petro y el comandante de las fuerzas militares, general Helder Giraldo, llegaron a Neiva el viernes por la noche para una reunión de las fuerzas de seguridad, dijo el Ministerio de Defensa.
En un comunicado de prensa conjunto, el Ministerio de Defensa y la oficina del alto comisionado para la paz dijeron que “paz total” significaba no permanecer en silencio ante los crímenes. “Este acto de terror es un sabotaje a los propósitos de superar esta violencia que sirve a los intereses de unos pocos, que viven y han vivido de la guerra”, dice el comunicado.
Se sabe que los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, tienen presencia en Huila. El pueblo de San Luis, que tiene una historia de conflicto, en los últimos años ha tratado de rehacer su imagen pintando sus calles con colores llamativos, con el objetivo de convertirse en “el pueblo mural más grande de Colombia”.
Las FARC, la fuerza rebelde más grande del país, firmaron un histórico acuerdo de paz en 2016 con las autoridades colombianas y acordaron disolverse y entregar sus armas.
Pero el acuerdo no representó el fin del conflicto armado de décadas del país, que ha dejado 450.000 muertos. Cuando las autoridades no ofrecieron las oportunidades laborales y las reformas prometidas en muchos lugares, los grupos criminales armados llenaron el vacío, compitiendo por el territorio que antes controlaban las FARC. El conflicto ha sido una batalla compleja que involucra a militares, guerrilleros de izquierda como las FARC y paramilitares de derecha. Miles de millones de dólares en ayuda de los Estados Unidos han llegado al país, pero no han logrado detener el tráfico de drogas.
Los asesinatos en masa, los desplazamientos masivos y los asesinatos de líderes sociales han ido en aumento desde 2016, según Naciones Unidas.
Petro prometió hacer del acuerdo de paz una prioridad en la campaña electoral y ha pedido cambios en las fuerzas armadas. El presidente, senador durante mucho tiempo y exrebelde, ganó las elecciones de este año por un estrecho margen en un panorama político altamente polarizado. Su trayectoria en el grupo rebelde M-19, que se desmovilizó en 1990 y se convirtió en un partido político que ayudó a reescribir la Constitución del país, hizo desconfiar a muchos colombianos.
Sus críticas de larga data a las fuerzas armadas y sus vínculos con los abusos contra los derechos humanos, así como su pasado como guerrillero, han causado un profundo malestar dentro de las fuerzas armadas. Ha propuesto juzgar a los soldados acusados de abusos contra los derechos humanos en tribunales civiles, separar a la policía del Ministerio de Defensa y abolir el servicio militar obligatorio.
En julio, las Naciones Unidas instaron al gobierno entrante de Petro a priorizar el sofocamiento de la violencia. En un informe, dijo que la “respuesta predominantemente militar de Colombia no ha logrado detener” la expansión de los grupos armados y el crimen organizado, con muchos grupos involucrados en el tráfico de drogas y la minería ilegal.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia dijo que había verificado el asesinato de 100 defensores de los derechos humanos el año pasado y recibió información sobre los asesinatos adicionales de 114 activistas en los primeros seis meses de este año. La entonces jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que las comunidades indígenas y afrocolombianas se vieron especialmente afectadas por la violencia.
“Insto a las autoridades a escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad”, dijo en un comunicado en julio. “Las personas que viven en áreas rurales y remotas son las que más han sufrido este flagelo de la violencia, pero también están en mejores condiciones para ayudar a trazar el camino hacia un futuro más pacífico”.