LIMA — El expresidente peruano Martín Vizcarra se salvó el jueves de ir a la cárcel debido a que una jueza desestimó un pedido de prisión preventiva por 18 meses que había planteado la fiscalía.
El exgobernante es investigado por presuntos delitos de corrupción.
La jueza María Álvarez sólo le impuso comparecencia con restricciones —no ausentarse de su localidad sin autorización y presentarse a la autoridad cuando se le requiera, entre otras—, y concluyó que el caso no estará en riesgo si el exmandatario sigue libre mientras continúa la investigación.
La fiscalía anunció que apelará.
Vizcarra, de 57 años, busca un escaño legislativo en los comicios del 11 de abril y, de ser electo, ganaría influencia política.
“Quiero agradecer a millones de peruanos que me han respaldado. Ahora nos dedicaremos con más fuerza a nuestra actividad política. Seguimos en campaña electoral”, dijo Vizcarra a la prensa desde la casa de su abogado tras conocerse la decisión judicial.
Un grupo de 487 personas fueron inmunizadas en secreto.
En la audiencia, realizada por teleconferencia el mismo día, el expresidente reiteró su inocencia y prometió que no “abandonará el país”.
El fiscal Germán Juárez, que pidió la prisión preventiva, lo investiga por supuestamente haber recibido sobornos de $619,000 de dos empresas constructoras locales cuando era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014.
El gobernante dijo que su gobierno apuesta “en la medida de lo posible a que todos los peruanos y peruanas puedan ser vacunados en el año del bicentenario de la independencia”, que se celebrará este 28 de julio.
Juárez lo acusa de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir, y considera que por ello debería pasar 34 años en la cárcel.
Por lo pronto, unas 21 propiedades del expresidente han sido incautadas por la fiscalía para asegurarse un eventual pago de reparación al Estado si se ordena en condena judicial.
Juárez presentó como pruebas registros de llamadas telefónicas que Vizcarra habría realizado a propietarios de las empresas que construyeron un hospital y una red de irrigación, así como delaciones de colaboradores.
Reclaman la aprobación de una nueva ley agraria.
El fiscal dijo que Vizcarra podría fugarse a Bolivia por su cercanía al mandatario Luis Arce, pero la jueza consideró que eso es un “dato ligado a la especulación”.
Por este caso, Vizcarra fue destituido en noviembre por el Parlamento, que apeló a un artículo constitucional controversial. Su salida desató una crisis política que dejó dos muertos y tres presidentes en diez días.
Luego de dejar el gobierno, Vizcarra afirmó que iba a colaborar con las investigaciones y poco después anunció que se postularía a un escaño en el Congreso.
Reemplaza a Manuel Merino tras días de protestas.
Otros políticos peruanos se han postulado mientras enfrentaban problemas judiciales. En 2016, Gregorio Santos se postuló a la presidencia desde prisión, y en el actual proceso electoral un aspirante a legislador, el líder político José Luna, cumple arresto domiciliario.
Vizcarra había ganado popularidad por mostrarse como adalid en la lucha contra la corrupción de grupos de poder integrados por jueces, legisladores, fiscales y empresarios.
Su respaldo cayó en febrero al revelarse que en octubre, cuando aún era presidente, se vacunó en secreto junto con su esposa y su hermano contra el COVID-19 con una candidata a vacuna de la farmacéutica china Sinopharm.
Vizcarra gobernó en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien era su vicepresidente. Kuczynski renunció debido a un escándalo ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Actualmente cumple arresto domiciliario mientras es investigado por la fiscalía.