El empresario brasileño Jorge Barata, exrepresentante de la empresa Odebrecht en Perú, será uno de los personajes que testificarán durante el juicio oral que se sigue contra la líder política peruana Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, informó la Fiscalía.
“A este juicio oral vendrá Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, para señalar cómo los captadores fueron enviados por Keiko Fujimori para que aportaran 1 millón de dólares para su campaña, así como otros funcionarios de dicha empresa”, señaló el fiscal encargado del caso, José Domingo Pérez, ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
El fiscal anunció que también se expondrán los registros de las comunicaciones entre Barata y el exrepresentante del partido fujimorista Fuerza Popular (FP) Jaime Yoshiyama, así como otros documentos que supuestamente muestran los vínculos de la empresa brasileña con Fujimori.
Pérez aseguró que los activos de la constructora fueron captados por Yoshiyama y el también representante de FP Augusto Bedoya por orden de la líder política.
Foto: Archivo Reuters
Según el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, las presuntas aportaciones ilegales recibidas por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares.
Pérez detalló que esas aportaciones tuvieron como fuentes principales a Odebrecht y los grupos nacionales Credicorp, Rasmussen, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el empresario Luis Calle.
En ese sentido, anunció que también acudirá al juicio el empresario peruano Dionisio Romero, expresidente del Grupo Credicorp, para testificar que entregó “de manera personal” a Fujimori 3.6 millones de dólares en efectivo, tras retirarlo de la bóveda de su sede principal en el distrito de La Molina, en Lima.
Durante la presentación de la acusación del juicio oral abierto contra Fujimori y otras 45 personas, el fiscal afirmó que la excandidata presidencial fundó FP no solo con el objetivo de lucrar, sino de lograr la impunidad de sus integrantes, al considerar que estuvieron implicados en una organización criminal.
Foto: Archivo Reuters
Pérez, que pide que Fujimori sea condenada a 30 años de prisión, agregó que la líder política “tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba” para sus actividades proselitistas.
Agregó que uno de los testigos de la Fiscalía, el empresario Antonio Camayo, confirmó que a Fujimori se le conocía por el alias de “Señora K” y que era quien ejercía una jerarquía vertical, a cargo de conducir y coordinar las actividades criminales.
Al citar los hechos vinculados al delito de lavado de activos, entre los años 2011 y 2016, recordó que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.
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