NUEVA YORK – El exjefe de Seguridad de México Genaro García Luna, en una prisión federal en Nueva York, solicitó al tribunal ser dejado en libertad bajo una fianza de $2 millones porque “podría morir” por un contagio del COVID-19, pandemia que afecta en gran medida al estado neoyorquino.
“García Luna está en riesgo de morir si contrae el virus COVID-19. Tiene 51 años y un historial de problemas respiratorios”, dice la carta que su abogado César de Castro envió al juez Brian Cogan, que presidirá su juicio en la corte federal para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn.
La carta va acompañada por otra misiva enviada por un médico de México en la que certifica que le atendió el 26 de junio del 2015 por problemas respiratorios y enviada por solicitud de su esposa.
De Castro informa al juez que su cliente, secretario de Seguridad Pública bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), ha presentado una nueva propuesta de fianza, luego de dos audiencias los pasados 27 y 28 de febrero con ese propósito en las que el juez Robert Levy determinó que el monto debía ser mayor.
La nueva propuesta de $2 millones está respaldada por diez garantes y cuatro propiedades así como otra propiedad de García Luna, valorada en $1.2 millones de dólares, para un total de $2.2 millones de dólares en conjunto.
También propone que el mexicano esté sujeto a vigilancia electrónica.
La Gran Manzana se ha vuelto el epicentro de contagios en el país y es la metrópolis con más infectados por el COVID-19.
La defensa de García Luna, acusado de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EEUU y otro por falso testimonio, de los que se ha declarado no culpable, había presentado en dos ocasiones una propuesta al tribunal en la que ofrecía una fianza de $1 millón que estaba avalada por diez garantes, además de la imposición de un dispositivo electrónico de vigilancia.
La Fiscalía se opone a la libertad bajo fianza de García Luna por considerarlo en alto riesgo de fuga a México, donde alega cuenta con “personas poderosas” que le ayudarían y que su esposa e hijos son mexicanos.
Los colegios están cerrados y uniformados de la Guardia Nacional reparten comidas a domicilio en Rochelle, la zona cero del coronavirus en el estado de Nueva York y en la coste Este de EEUU.
Sin embargo, su abogado reiteró al juez en esta misiva que García Luna no es un riesgo de fuga y que “está ansioso” de proceder con el juicio, cuya fecha de inicio aún no se fija, para defenderse de acusaciones “infundadas” del gobierno en su contra.
La propuesta de fianza de $1 millón de dólares fue no obstante rechazada dos veces por Levy, que considera debía ser una cantidad mayor.
De Castro recuerda al juez en la carta cómo han ido creciendo rápidamente los casos del virus en Nueva York, que es el epicentro de la pandemia en EEUU, así como la declaración de estado de emergencia decretada tanto por el gobernador Andrew Cuomo como por el alcalde Bill de Blasio.
Las autoridades piden mantener la calma, a pesar de confirmarse el primer caso de coronavirus en Nueva York.
En sus argumentos al juez indica además que las prisiones son centros de contagios para el virus y que muchos prisioneros están solicitando libertad bajo fianza ante el temor de contraer el COVID-19.
Destaca que el 20 de marzo el Departamneto de Cárceles de la ciudad informó que un prisionero y siete empleados habían contraído la enfermedad y que un día después unas 38 personas habían arrojado positivo a la prueba.
“García Luna es un alto riesgo debido a su edad y su preexistente condiciones de salud” por lo que según su abogado “debe ser dejado en libertad pendiente de juicio”.
En su web, la FDA anunció que este método podrá usarse solo en pacientes que están en estado crítico y cuya vida corre peligro y, además, los doctores que lo administren tendrán que pedir autorización previa.
García Luna fue arrestado el pasado diciembre en Dallas, Texas, y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín Guzmán “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa, para permitirle operar sin impunidad en el país.
Entre 2001 y el 2005 el acusado dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox que le nombró al cargo) y posteriormente fue el Secretario de Seguridad Pública.
Source link