El Congreso salvadoreño aprobó extender por 30 días más un régimen de excepción para combatir a las pandillas criminales y que implica la suspensión de varias garantías constitucionales, como el derecho de reunión y la privacidad de las comunicaciones.
Desde que la Asamblea Legislativa autorizó inicialmente a finales de marzo las medidas de emergencia han sido detenidos 34 mil 500 supuestos pandilleros, según datos oficiales, en medio de denuncias de organismos de defensa de los derechos humanos, que aseguran que decenas de los detenidos son personas inocentes.
“Esta guerra va a continuar por el tiempo que sea necesario y, en la medida que la población nos lo siga demandando, nosotros como órgano de Estado vamos a seguir enfrentando a este cáncer”, dijo a la prensa el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, al solicitar la ampliación del plazo en el Congreso.
Las medidas excepcionales fueron implementadas después de que El Salvador rompió récords al registrar 62 asesinatos en un solo día. El presidente Nayib Bukele declaró la “guerra a las pandillas” y pidió al Congreso, donde tiene mayoría, declarar un estado de emergencia para apresar a los miembros de esos grupos.
Como parte de la lucha, el Congreso aprobó en abril un proyecto de ley que penaliza la difusión de mensajes de las pandillas, incluso por parte de los medios de comunicación del país centroamericano.
Los diputados oficialistas también autorizaron el miércoles otras medidas en materia de seguridad y presupuesto, como destinar a la fiscalía 10 millones de dólares para intervención de telecomunicaciones.
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