La investigadora Alma Maldonado señaló que la extinción de los 109 fideicomisos que aprobará la Cámara de Diputados pone en riesgo “la autonomía de gestión de los centros y de las actividades de investigación”.
La académica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Alma Maldonado, consideró que la extinción de 109 fideicomisos federales podría derivar en un control político de los recursos, ya que una sola persona decidiría los mecanismos de devolución de éstos, sin transparencia.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que esta situación puede ser “muy delicada para la autonomía de gestión de los centros y de las actividades de investigación”, que han funcionado con precariedad desde hace décadas, “pero lo poco que nos servía como instrumento para desarrollar nuestro trabajo, se está boicoteando y se está destruyendo”.
La especialista en educación señaló que actualmente los fideicomisos son fiscalizados y auditados permanentemente por la Auditoría Superior de la Federación. “No se puede gastar un peso sin que exista una justificación clara. En los consejos de los centros de investigación participan funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que fiscalizan cada peso”, precisó.
Para Maldonado, se tratan de instrumentos financieros y jurídicos que permiten a los centros de investigación contar con flexibilidad presupuestaria, además de recabar fondos de instancias privadas y organismos internacionales, lo que los posibilita para enfrentar situaciones de emergencia que no están consideradas en los presupuestos.
Puso como ejemplo la lucha contra la pandemia: “Si no tuviéramos la posibilidad de contar con estos recursos o con esta flexibilidad para atender una situación como la que estamos viviendo ahora, sería muy difícil. En el caso del Cinvestav se tienen 60 proyectos contra el Covid-19, muchos de los cuales son posibles gracias a estos instrumentos. Y así mismo sucede con otros centros de investigación, que están en la misma situación”.
La batalla de estos investigadores, junto con colectivos de víctimas, periodistas perseguidos, familiares en la búsqueda de sus allegados o trabajadores del ámbito cultural, entre otros, es “que se entienda que los fideicomisos no son sinónimo de corrupción y si lo fueran, en algunos casos, lo que correspondería sería una denuncia puntual”.
La investigadora aseguró que la extinción votada ayer por los legisladores “no deja claro” qué pasara con los fondos, si se reintegrarán a los destinatarios o si se usarán para para combatir la pandemia.
Tampoco queda clara, dijo, si existirá la posibilidad de actuar con flexibilidad: “En el Cinvestav ahora cerramos el presupuesto en octubre, eso quiere decir que si tuviéramos alguna necesidad adicional o que responde a la investigación -porque las actividades de investigación no responden a calendarios tan determinados- no se pueden cubrir porque ya se cerró el presupuesto”.
Comentó que parte de los recursos que administraban los fideicomisos eran “autogenerados, es decir, que eran recursos que no necesariamente provenían del Estado o del gobierno. Creo que esta situación nos deja en muchísima incertidumbre”.
Maldonado acusó a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla, de quedar “muy mal con la comunidad” científica al no ser la primera en luchar porque no eliminen los fideicomisos del sector.
Criticó que los legisladores no tomaran en cuenta los argumentos de los investigadores y dijo que su siguiente pasó será ir al Senado para tratar de hacer entender a los senadores que es un error eliminar “a rajatabla” todos los fideicomisos.
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