Las 11 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos que fueron demandadas por el gobierno mexicano ante una Corte de Distrito en Massachusetts pidieron al juez desechar la acción legal en su contra, argumentando que no son “legalmente responsables por la violencia infligida por los cárteles de la droga en México”.
En la primera sección del documento de 58 páginas presentado por las empresas, se destaca que la demanda no alega que ninguno de los acusados vende armas de fuego a los cárteles o a intermediarios legales.
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“En cambio, la teoría de México es que una serie de terceros intermediarios en los Estados Unidos venden y revenden -legal o ilegalmente- las armas de fuego de los acusados, que luego son obtenidas ilegalmente por criminales ‘compradores de paja’, y luego contrabandeadas ilegalmente a través de la frontera mexicana, donde eventualmente son utilizadas ilegalmente por los cárteles de la droga para cometer actos de violencia criminal, lo que luego da lugar a diversos perjuicios económicos sufridos por el gobierno mexicano”, dice el documento.
Para las empresas, “la ley no puede ser estirada para imponer una responsabilidad por encima de este abismo espacial, temporal y causal”.
En el memorando interpuesto ante la corte por la empresa Smith & Wesson, se argumenta que México no puede invocar a una ley mexicana para imponer una responsabilidad en Estados Unidos.
“Según los principios fundamentales del derecho internacional, una nación extranjera no puede usar su propia ley para cruzar fronteras e imponer responsabilidad basada en una conducta en otro país que era legal cuando ocurrió allí”, detalla el documento.
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La empresa acusa al gobierno federal de México de buscar “imponer sus propias políticas de control de armas a las empresas de armas de fuego de los Estados Unidos sin tener en cuenta las decisiones tomadas por las legislaturas nacionales e integradas en las constituciones federales y estatales”.
“En el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales. Mientras que Estados Unidos reconoce el derecho a poseer y portar armas, México prácticamente ha eliminado la propiedad privada de armas”, expone.
La demanda de 139 páginas establece la presunta responsabilidad de las compañías Smith & Wesson; Barrett Firearms.; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
El despacho contratado por el gobierno mexicano indica que las empresas tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación, en particular de asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.
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En respuesta, los fabricantes de armas argumentaron que la demanda no puede alegar de manera plausible que los cárteles de la droga no habrían participado en los mismos ataques violentos independientemente de las actividades de las empresas.
“Es especulativo, en el mejor de los casos, que los ataques no habrían ocurrido en ausencia de presuntas violaciones de los acusados”, sostiene el memorando.
Finalmente, los acusados argumentaron que, “permitir que la ley extranjera se aplique en este caso invitaría a otras naciones a invocar igualmente sus propias leyes para atacar la industria de armas de fuego de los Estados Unidos”.
“La Corte no necesita facilitar ese esfuerzo. El alcance de la responsabilidad que sugiere la demanda excede con creces lo que cualquier tribunal de los Estados Unidos permitiría en el derecho consuetudinario, incluso bajo estricta responsabilidad por productos”, sostiene el documento.
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Las empresas calificaron la acción jurídica de México como “un asalto tan generalizado a la industria de las armas de fuego pondría en peligro el acceso de los civiles a las armas de fuego, un derecho garantizado por las constituciones de los Estados Unidos y Massachusetts”.
“Por las razones anteriores, todas las reclamaciones de México deben desestimarse con prejuicio”, concluye.
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