Raphael Morán
En Paraguay, una comunidad indígena que llevaba años denunciando en vano la contaminación con productos herbicidas utilizados por la agroindustria, ganó una batalla legal.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, estimó en un dictamen que el Estado paraguayo violó el derecho de los indígenas al no protegerlos de las intoxicaciones.
Desde 2009, la pequeña comunidad indígena de Campo Agua’ẽ, del Pueblo Ava Guaraní, en la región de Curuguaty en Paraguay, ha denunciado el uso masivo de glifosato en las zonas de agricultura intensiva que rodean sus tierras. La justicia paraguaya constató los daños, pero dejó el caso impune, por lo que los querellantes llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En la demanda, los abogados señalan que después de cada fumigación de herbicidas, los integrantes de la comunidad sufren síntomas claros de intoxicación (diarrea, vómitos, problemas respiratorios y dolores de cabeza), incluidos niños y niñas, por darse las fumigaciones a pocos metros de la escuela en horario de clases.
“Estamos hablando de una comunidad indígena que está rodeada de haciendas, que alguna vez fueron haciendas ganaderas, pero que hoy en día, con el auge en los mercados internacionales del precio de la soya, se reconvirtieron en plantaciones extensivas de soya genéticamente modificada”, explica Hugo Valiente, abogado de la comunidad indígena afectada.
Violación de “domicilio”
“Y estas empresas que cultivan soya aplicaron todo el paquete tecnológico que viene asociado a los cultivos genéticamente modificados, es decir lanzamiento masivo de productos agroquímicos que se utilizan en este tipo de cultivo. Los pesticidas que son arrojados y los herbicidas sobre todo arrasan con los cultivos, con las milpas de las comunidades campesinas, de los indígenas, matan los animales de cría, contaminan los cursos de agua”, detalla el abogado.
En su dictamen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la comunidad indígena al considerar que el Estado paraguayo falló en su deber de impedir las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa ambiental, violando los derechos de la comunidad a sus tierras tradicionales y a su “domicilio”.
Este es el primer dictamen del Comité que afirma que, en el caso de pueblos indígenas, la noción de “domicilio” debe entenderse como la relación especial que mantienen con sus territorios, incluyendo sus animales de cría, cultivos, y su forma de vida relacionada con la caza, recolección y pesca.
Próximos pasos
“A partir de este dictamen, el Estado paraguayo está obligado a adoptar una serie de medidas que van desde la reapertura de la investigación y la sanción efectiva de los responsables de la contaminación, hasta la obligación de adoptar medidas para la reparación ambiental del daño sufrido por la comunidad. Y esto supone para la comunidad y para nosotros una plataforma a partir de la cual podemos fortalecer nuestra posición de exigencia hacia el Estado para que estas medidas sean cumplidas”, precisa Hugo Valiente.
El Comité recomienda que Paraguay prosiga con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables, repare integralmente a las víctimas por el daño sufrido, tome todas las medidas que sean necesarias, en estrecha consulta con la comunidad, para reparar la degradación ambiental, y adopte medidas para evitar que se cometan transgresiones semejantes en el futuro.
RFI
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