En la conversación pública figuran cada vez con más fuerza la alimentación y los modelos de producción que la garantizan. Algunos debates se han estirado como chicles hiperamortizados y otros más relevantes, sin embargo, apenas han empezado a cuajar. Algo no funciona en la cadena alimentaria cuando los agricultores y ganaderos se ven abocados a vender los alimentos por debajo de los costes de producción o que ni siquiera les compense recogerlos en sus cultivos. Sucede en España cada vez con más frecuencia y la causa es un sistema desequilibrado que no tiene en cuenta los costes reales y, menos aún, los derivados de la huella ambiental. Diez años atrás, esos costes suponían el 46% del valor de la producción final agraria, pero en la actualidad han pasado a significar cerca del 60%. Por su parte, los bajos precios acarrean a menudo el cierre de explotaciones y el abandono de las tierras de cultivo en favor de una producción intensiva a gran escala que obtiene mayores rendimientos por el uso de fertilizantes químicos y pesticidas (pero no siempre prevalece la calidad frente a la cantidad). Los métodos de crianza comprometen con frecuencia el bienestar animal y, en muchos casos, esos bajos precios esconden también situaciones de explotación laboral de inmigrantes.
Los nuevos costes no se trasladan al consumidor, pero contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación de los suelos y el agotamiento de los acuíferos en un país que ya tiene el 20% su territorio en condiciones extremas de sequedad y un 70% en riesgo de desertificación por el cambio climático. El reportaje publicado por este diario el pasado domingo permite observar algunas de las disfunciones del modelo vigente, desde el desecado de los acuíferos del parque de Doñana por la extracción ilegal de agua para los cultivos de fresa, a la muerte por falta de oxígeno del mar Menor a causa de los vertidos de nitratos y fosfatos procedentes de los cultivos intensivos de la zona.
Durante muchos años, la estrategia de la industria alimentaria ha sido producir cada vez más barato para asegurar el abastecimiento de la población. España no solo tiene abundancia de alimentos, sino que los exporta en gran cantidad. Pero los costes sociales y ambientales empiezan a ser insostenibles. Comer mal es barato pero tiene a menudo un alto precio y no es casualidad que la mayor tasa de obesidad se dé entre los segmentos más pobres de la sociedad. El cambio de paradigma empieza a ser una necesidad, aunque el proceso será complejo y difícil de regular porque el beneficio obtenido en términos de salud y sostenibilidad no puede castigar al pequeño o mediano ganadero o productor agrícola y porque abastecer a la población de alimentos suficientes y a precios razonables es la prioridad. La mejora cualitativa de la alimentación tiene que correr paralela con la reducción del coste ambiental, y eso significa la rotación de cultivos, un uso proporcional al agua disponible y reducción de abonos químicos, plaguicidas y productos zoosanitarios. La reconversión puede generar a corto plazo caídas del rendimiento, y exigirá políticas que impidan un encarecimiento que convierta en prohibitivos productos de primera necesidad, pero el objetivo es alcanzar un sistema productivo que favorezca a los consumidores sin perjudicar a los productores.
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