Por @dayan_jacobo
Se comenzará a discutir la Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo. Lo primero que habría que reconocer es que esta Ley es necesaria y con ella se deberían resolver injusticias estructurales que se han presentado en toda la historia del país. Sin embargo, me parece que esto debe pensarse con más detenimiento para lograr los objetivos planteados. Aquí van un par de reflexiones sobre su contenido.
La Ley propone liberar a mujeres, médicos y parteras que hayan practicado aborto; personas presas por la siembra, distribución, posesión o venta de drogas; indígenas que no hayan contado con intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura; personas presas por robo simple y sin violencia; presos políticos y de conciencia. Todos ellos con algunos condicionantes que marca la iniciativa como que no se trate de personas reincidentes o que hayan cometido delitos graves, contra la vida, la integridad, secuestro o hayan utilizado armas de fuego.
Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro
Habría que hacer dos análisis distintos. En esta parte dejo a un lado a las personas presas por asuntos de drogas. Sin duda la amnistía es un acto de justicia para estos 4 grupos, pero sin una reforma a la impartición de justicia y al marco legal a nivel local lo que ocurrirá es que se seguirán apresando a mujeres por abortar, a indígenas por negarles juicios justos, a personas en condición de pobreza por robos simples y a opositores políticos. Mientras unos salen de prisión, con toda justicia, miles más continuarán entrando a las cárceles por los mismos delitos y problemas estructurales. La Ley de Amnistía no puede pensarse como algo aislado, se deben contemplar otros elementos estructurales a los que no se les presta atención o esta ley no tiene ese alcance. Particularmente el marco legal a nivel local, la impartición de justicia y al respeto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada.
Entrando a los delitos relacionados con drogas, estos deberían tener un marco distinto ya que las condiciones así lo ameritan. A pesar de que el gobierno se ha negado a crear una gran Comisión de la Verdad, las personas que se acojan a esta Ley de Amnistía deberían de otorgar información, en caso de poseerla, que permita generar un mayor entendimiento de las redes criminales. Esto abonaría a la verdad, la justicia y el posible desmantelamiento de redes criminales. Así mismo, se debería pedir información, antes de la liberación, sobre la localización de fosas que ayude al trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Un asunto muy delicado es que existe una alta probabilidad que personas que sean liberadas y se reintegren a sus comunidades sean asesinadas. La violencia y la presencia de grupos violentos sigue siendo una constante. Se deben contemplar medidas efectivas de protección, no el mecanismo actual de Segob que ha mostrado su incapacidad de frenar los asesinatos a periodistas y defensores. La mayor protección que se puede dar es mediante la erradicación de la impunidad. La Ley de Amnistía no se enmarca en nada que aborde ello. Cuando en campaña el actual presidente propuso las amnistías, de inmediato se habló de un mecanismo internacional contra la impunidad que fue aceptado por el entonces candidato y presidente electo. Hoy parece que eso se ha abandonado. Liberar a estas personas, que reitero es un acto de justicia, sin otros mecanismos de seguridad, verdad y justicia, es irresponsable.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.