Familiares de los migrantes muertos durante el incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, presionan desde Estados Unidos para que las autoridades mexicanas les den información sobre la repatriación de los cuerpos y el proceso para lograr justicia por la muerte de sus seres queridos.
“Las autoridades mexicanas no responden”, dijo a EFE la guatemalteca Alba González, prima hermana de Roberto González Hernández, uno de los 40 migrantes que murieron el lunes 27 de marzo en suelo mexicano.
González está radicada en Los Ángeles (California) y sus familiares la buscaron para que les ayudara en el proceso. “No sabía que mi primo se había venido hasta después que pasó la tragedia”, advierte.
Desde el martes de la semana pasada se unió a la dura tarea para repatriar el cuerpo del joven. Su experiencia como intérprete del idioma quiché en Estados Unidos le ha enseñado las grandes barreras que enfrentan los migrantes y sus familias al tratar con las autoridades y la burocracia, especialmente cuando se trata de indígenas.
Entre los muertos hay 6 hondureños, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 18 guatemaltecos y un colombiano. Se cree que la mayoría de migrantes de este último grupo son indígenas. De una víctima fatal más aún se desconoce la nacionalidad.
González cuenta que su familia presentó en Guatemala todos los documentos requeridos para la repatriación. Le dijeron que se comunicarían con ella pero ya han pasado varios días y no ha escuchado noticia alguna.
“El silencio es una forma de ignorarnos”, valora González. La joven tampoco ha logrado que le respondan las autoridades mexicanas. “Es mucha frustración y mucho dolor”, comenta.
La misma situación enfrenta la familia del venezolano Orlando José Maldonado Pérez, de 26 años, quien murió en el incendio. Aunque uno de los hermanos se encuentra en Florida, su condición de recién llegado no le ha permitido avanzar en sus reclamos.
Es por eso que Oraydee Mileyvi Maldonado Pérez, la hermana mayor, ha tomado la vocería de la familia. “Pido al Gobierno de México que nos devuelva el cuerpo de nuestro hermano para darle sepultura, que nos informen sobre lo que está pasando”, dijo a EFE en una llamada telefónica desde el estado de Táchira (Venezuela).
Cuenta que es poca o casi nula la información que ha recibido de las autoridades mexicanas, y tampoco ha recibido apoyo de las autoridades de su país.
A Maldonado Pérez le gustaría viajar a México a recoger los restos de su hermano y ver de cerca qué pasó en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano, pero no puede porque necesita una visa. Tampoco tiene recursos económicos.
En similar situación está la colombiana Laura Soto, quien vive en Estados Unidos. La joven ingresó al país en septiembre pasado con su novio, Julián David Villamil Arévalo, también colombiano. A ella le permitieron quedarse pero a él lo enviaron de regreso a su país bajo el Título 42, que permite expulsar a los migrantes por razones sanitarias.
Villamil viajó nuevamente a México en febrero para cruzar la frontera y reencontrarse con su novia. Estaba esperando la oportunidad cuando lo detuvieron poco antes de que se desatara el incendio. Se convirtió en la única víctima colombiana en morir en el siniestro.
El mayor deseo de Soto es poder obtener un permiso humanitario para viajar a Ciudad Juárez y después regresar a Estados Unidos y continuar su proceso de asilo. Hasta el momento no se ha podido, según dijo a EFE la joven.
La falta de información y la confusión han obligado a varias familias a buscar el respaldo de organizaciones defensoras de los migrantes en Estados Unidos, como Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo), que ha recibido varias solicitudes.
Odilia Romero, directora de Cielo y quien ha encabezado los esfuerzos, dijo a EFE que la tarea “ha sido muy difícil”.
Explica que las autoridades mexicanas “les han estado dando vueltas” y no han encontrado quién es la persona a cargo para dar información sobre los fallecidos.
La activista reconoce que los procesos de repatriación son lentos, pero por eso precisamente se debe realizar un acompañamiento a los dolientes y mantenerlos informados.
La mayor preocupación de Romero son las familias de los 18 guatemaltecos. “Hasta en la muerte se los vuelve invisibles, se les borra porque no se les reconoce que son indígenas y eso es algo muy trágico”.
Cielo ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para que se establezcan canales de comunicación claros. “Esto no se acaba con la repatriación de los cuerpos. Se necesita encontrar justicia y estas familias merecen estar informadas”, destacó la activista.
“Desde Estados Unidos seguiremos presionando para que se escuche a las familias y se les otorgue a las víctimas el respeto que se merecen”, concluyó Romero.
(Con información de EFE)
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