Seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra la Covid-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología de las vacunas, y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, afirmó este lunes Amnistía Internacional.
En su nuevo informe, ‘Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra la Covid-19’, Amnistía Internacional evaluó a seis de las compañías que tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas en todo el mundo: AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna., Novavax y Pfizer. El informe presenta una imagen muy sombría de un sector que desafortunadamente no respeta los derechos humanos.
“Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas, como héroes. En vez de ello, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y totalmente devastadora para muchos otros”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Están sumiendo a algunas zonas de Latinoamérica, África y Asia en nuevas crisis, llevando así al límite absoluto a los debilitados sistemas de salud y causando semanalmente decenas de miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario y la población en situación de riesgo han recibido la vacuna”, afirma el comunicado de Amnistía Internacional.
“Con esta flagrante desigualdad como telón de fondo, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130 mil millones de dólares estadounidenses a finales de 2022. Las ganancias nunca deben primar sobre las vidas”.
Incumplen las responsabilidades en materia de derechos humanos
Para evaluar la respuesta de las empresas a la crisis, Amnistía Internacional analizó la política de derechos humanos; la estructura de fijación de precios; el historial de aprovechamiento compartido de la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología; la asignación equitativa de las dosis de vacunas disponibles y la transparencia de cada empresa. La organización concluyó que —en distinto grado— los seis desarrolladores de las vacunas habían incumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
De los 5 mil 760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0.3 por ciento fue a los países de bajos ingresos y más del 79 por ciento va a los países de ingresos altos y medianos altos, explica en el documento AI. Pese a los llamamientos para dar prioridad al instrumento destinado a garantizar la equidad global en la asignación de las vacunas —el Mecanismo COVAX— y colaborar con él, algunas de las empresas evaluadas siguen reservando el suministro de vacunas a Estados que las acaparan.
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Amnistía afirma que hasta la fecha, todas las empresas evaluadas se niegan a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se conciben para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología. También se opusieron a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.
Entre otras conclusiones destacan que Pfizer y BioNTech han suministrado sólo a Suecia vacunas en cantidad nueve veces superior a la de todos los países de bajos ingresos juntos, que recibieron menos del 1 por ciento de su producción. Gracias a los elevados precios que aplican, estas empresas habrán obtenido ingresos por valor de más de 86 mil millones de dólares a finales de 2022.
Moderna aún no ha entregado una sola dosis de vacuna a los países de bajos ingresos, facilitaron sólo el 12 por ciento de sus vacunas a los países de ingresos medio-bajos y no entregará la gran mayoría de sus pedidos para el COVAX hasta 2022. Gracias a los precios superiores que aplica, esta empresa habrá obtenido ingresos por valor de más de 47 mil millones de dólares a finales de 2022, afirma AI.
Johnson & Johnson ha desarrollo la única vacuna monodosis del mundo y la vende a precio de costo, pero no cumplirá la gran mayoría de los compromisos que ha adquirido con el COVAX y la Unión Africana hasta 2022. Además, se ha negado a conceder una licencia a un fabricante canadiense que se ofrece a producir millones de dosis más.
AstraZeneca entregó la mayoría de sus vacunas a los países de bajos ingresos, vende a precio de costo y concedió algunas licencias voluntarias a otros fabricantes. Sin embargo, se negó a compartir abiertamente sus conocimientos y su tecnología con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se opuso a la exención relativa a los ADPIC.
Novavax está pendiente de que se apruebe el uso de su vacuna y tiene previsto dedicar casi dos tercios de su producción a abastecer al COVAX. Sin embargo, al igual que las demás, se negó a compartir sus conocimientos y su tecnología y se ha opuesto a la exención relativa a los ADPIC.
Pese a que la mayoría reciben importes multimillonarios de fondos públicos y pedidos anticipados, los fabricantes de las vacunas monopolizaron la propiedad intelectual, impedido la transferencia de tecnología y llevado a cabo un trabajo agresivo de incidencia contra las medidas que podrían ampliar la fabricación global de estas vacunas. Su pasividad constante ha perjudicado los derechos humanos de los miles de millones de personas que aún no pueden acceder a una vacuna contra la COVID-19 que puede salvarles la vida.
Cuenta atrás de 100 días
“Quedan 100 días a partir de hoy para que termine el año. Pedimos a los Estados y las empresas farmacéuticas que cambien radicalmente de rumbo y hagan todo lo necesario para empezar ya a entregar dos mil millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos. Nadie debe pasar otro año sufriendo y viviendo con miedo”, señaló Agnès Callamard, secretaria general de AI.
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Amnistía Internacional lanzará una campaña global —con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos— para pedir cuentas a los Estados y las grandes farmacéuticas.
La campaña “Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la Covid-19 ya!” exige que se cumpla el objetivo de la OMS de vacunar al 40 por ciento de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.
Amnistía Internacional solicitó también a los gobiernos que garanticen a toda la población la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los centros médicos y los medicamentos. Las autoridades deben adoptar leyes y políticas para garantizar que las empresas farmacéuticas se ajustan a las normas de derechos humanos.
Amnistía Internacional se comunicó por escrito con cada empresa antes de la publicación y recibió respuesta de cinco de ellas (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson). Las empresas reconocen que la distribución justa y equitativa es esencial, especialmente en los países de bajos ingresos, pero ninguna de ellas ha respondido a esta aspiración ni ha cumplido sus responsabilidades en materia de derechos humanos, dice el escrito.
Empresas chinas y rusas, otorgan menos información corporativa
En el informe de Amnistía Internacional no se ha evaluado de forma detallada a las empresas chinas y rusas que producen miles de millones de dosis porque éstas facilitan menos información corporativa. Esta falta de transparencia impide realizar una evaluación completa. No obstante, estas empresas, al igual que todas las demás, también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos. Y, como las demás, tampoco han distribuido sus vacunas de forma equitativa (han reservado la mayoría de sus dosis para uso nacional) ni se han sumado a las iniciativas mancomunadas de intercambio de conocimientos y tecnología.
Los datos sobre la distribución de las vacunas, los planes de producción y las previsiones de ingresos de cada empresa se obtuvieron de Airfinity, una empresa de ciencia de datos. Los datos sobre los índices de vacunación de los distintos países se obtuvieron del sitio Our World in Data.
Con los datos de estas fuentes, Amnistía ha calculado que mil 200 millones de personas más que viven en países de ingresos bajos y medianos bajos necesitarían vacunarse antes de que termine el año para cumplir el objetivo de la OMS de vacunar al 40 por ciento de la población de estos países. Para ello se requieren más de 2 mil millones de vacunas. Si tan sólo el 50% de la producción mundial prevista hasta final de año se distribuyera a los países de ingresos bajos y medianos bajos, se dispondría de estas dosis y un excedente de 600 millones.
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