ROMA — Durante más de un año, los informes de los medios mantuvieron a los italianos actualizados sobre las tribulaciones de un hombre de 44 años conocido solo como “Mario” que buscaba terminar con su vida a través del suicidio asistido por un médico. Paralizado hace 12 años en un accidente de tránsito, “Mario” enfrentó una serie de obstáculos legales, burocráticos y financieros en su búsqueda de la muerte.
El jueves, “Mario”, identificado por primera vez por su nombre real, Federico Carboni, acabó con su vida, convirtiéndose en el primer suicidio asistido legal de Italia, en su casa en la ciudad portuaria de Senigallia, en el centro de Italia.
El Sr. Carboni, un camionero soltero, estaba rodeado de su familia, amigos y personas que lo habían ayudado a lograr su objetivo, incluidos funcionarios de la Asociación Luca Coscioni, un grupo de defensa del derecho a morir que ayudó al Sr. Carboni durante los últimos 18 meses y anunció su muerte.
En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, Filomena Gallo, secretaria nacional de la asociación, leyó una carta que Carboni escribió el mes pasado.
“No puedo negar que me arrepiento de haberme despedido de la vida, sería falso y mentiroso si dijera lo contrario porque la vida es grande y solo tenemos una”, decía la carta. “Pero desafortunadamente así fue”.
El Sr. Carboni luchó incluso cuando su salud se deterioró, dijo la Sra. Gallo. “Federico quería ejercer su derecho a la libre elección en Italia, y era consciente de que su resistencia sería un derecho, una libertad, ejercida por todos”, dijo.
El caso de Carboni subraya una serie de contradicciones y restricciones de la legislación italiana que los activistas del derecho a morir han cuestionado durante décadas en un país que es la sede de la Iglesia Católica Romana, que ejerce una influencia significativa en la bioética.
Un fallo de un tribunal italiano ha declarado permisible el suicidio asistido en Italia bajo ciertas circunstancias limitadas, pero no existe una legislación que consagre la práctica, lo que para Carboni provocó demoras.
Si pueden, los italianos con enfermedades terminales pueden viajar a Suiza para terminar con sus vidas, pero es un viaje costoso y, en la mayoría de los casos, físicamente desafiante.
Marco Cappato, el tesorero de la asociación Coscioni, dijo que cuando el Sr. Carboni lo contactó por primera vez hace dos años, había planeado ir a Suiza para terminar con su vida. En cambio, decidió permanecer en Italia. “Estos dos años de terquedad y determinación” permitieron que el Sr. Carboni se enorgulleciera de ser “la primera persona en Italia en obtener asistencia médica para una muerte voluntaria”, dijo el Sr. Cappato.
En 2017, el Parlamento italiano aprobó una ley que otorga a los adultos el derecho a decidir su atención médica al final de la vida, incluidos los términos en los que pueden rechazar el tratamiento para salvar y mantener la vida, incluida la nutrición artificial, la hidratación y la ventilación.
En un fallo histórico de 2019, el Tribunal Constitucional de Italia dijo que el suicidio asistido no podía considerarse un delito siempre que se cumplieran ciertas condiciones.
Se le había pedido al tribunal que se pronunciara sobre la acusación del Sr. Cappato, quien, en 2017, había ayudado a un hombre ciego y tetrapléjico con soporte vital a ir a una clínica suiza que brinda suicidio asistido. El Sr. Cappato fue acusado en un tribunal de Milán de complicidad en el suicidio, lo que conlleva una sentencia de hasta 12 años.
La Corte Constitucional dictaminó que en algunos casos asistir a alguien no podía ser considerado un delito siempre que la persona que solicitaba la ayuda cumpliera cuatro condiciones: tenía que tener plena capacidad mental y padecer una enfermedad incurable que le causaba una angustia física o psíquica severa e intolerable. También tenían que mantenerse con vida mediante tratamientos de soporte vital.
El hombre al que ayudó Cappato, Fabio Antoniani, conocido como DJ Fabo, reunió las condiciones para que Cappato no pudiera ser acusado de ningún delito.
El tribunal instó al Parlamento italiano a aprobar una legislación que incorpore estos principios, y los legisladores están debatiendo una, pero hasta entonces el fallo del tribunal es legalmente vinculante.
Incluso con ese precedente, el Sr. Carboni luchó por tener acceso al suicidio asistido por un médico. Se vio obligado a desafiar repetidamente a los funcionarios de salud de la corte donde vivía, para que pudiera ser visitado por médicos y miembros del comité de ética regional que pudieran verificar el estado de su salud y mente y finalmente firmar su plan, que se adhirió a la sentencia del Tribunal Constitucional.
El caso del Sr. Carboni refleja un vacío legislativo en Italia cuando se trata de estos temas.
A principios de esta semana, Fabio Ridolfi, un hombre de 46 años que había estado paralizado durante 18 años, murió en cuidados paliativos luego de que su solicitud de suicidio asistido se prolongara. Después de cabildear durante meses, incluso emitiendo un video desgarrador el mes pasado pidiéndole al estado que lo ayudara a morir, se negó a recibir más tratamiento. Murió el lunes.
La Iglesia Católica Romana se opone firmemente al suicidio asistido y la eutanasia, a los que ha llamado actos “intrínsecamente malos” “en toda situación o circunstancia”. El Papa Francisco ha reiterado esta posición en numerosas ocasiones, aunque ha sido más matizada cuando se trata de tratamientos médicos agresivos.
Incluso el Comité Nacional de Bioética, que informa al gobierno y al establecimiento médico sobre una variedad de temas, no pudo llegar a una opinión consensuada cuando examinó el tema hace unos años.
Una ley que permitiría algunos casos de suicidio asistido en línea con el fallo de la Corte Constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados a principios de este año (con poco más de la mitad de los 630 legisladores de la Cámara presentes para votar), y ahora se está discutiendo en el Senado.
El Sr. Cappato dijo que tal como estaba, la ley propuesta discriminaba a los pacientes terminales que no cumplían con las cuatro condiciones previas para el suicidio asistido, como los pacientes con cáncer que no están en soporte vital. “En Holanda, más del 60 por ciento de los casos de eutanasia son pacientes con cáncer terminal que no están conectados a máquinas”, dijo. “Excluir tales casos del suicidio asistido significa discriminar a una persona de cada tres”.
Los críticos de la ley propuesta dicen que podría obligar a los pacientes terminales a someterse a traqueotomías u otros procedimientos solo con el fin de acceder a asistencia suicida.
Además, la ley propuesta no establece plazos para las decisiones. “Obviamente, un paciente terminal no siempre tiene tiempo para esperar”, dijo Cappato en una entrevista a principios de este mes.
A menos de un año de las elecciones nacionales, algunos que presionan por la ley dicen que los senadores podrían tratar de obstruir su aprobación para que el próximo Parlamento tenga que empezar de cero.
Annamaria Parente, presidenta del comité del Senado donde se discute la ley, dijo que había pedido una aprobación rápida. “Es un deber seguir adelante”, dijo.
Algunos legisladores denunciaron la elección de Carboni. Mario Adinolfi, presidente nacional del partido Pueblo de la Familia, advirtió sobre una “locura destructiva y mortal”, que conduciría a la “masacre de los que no tienen cura”, informó la agencia de noticias ANSA.
En su carta de despedida, el Sr. Carboni le dijo a su familia y amigos que no estuvieran tristes. Con la asociación Coscioni, “nos hemos defendido atacando y hemos atacado defendiéndonos, hemos creado un hito judicial y un pedazo de historia en nuestro país y me siento orgulloso y honrado de haber estado a su lado”, escribió. .
No llores, agregó. “Ahora por fin soy libre de volar donde quiera”.
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