Todas las escuelas infantiles (de cero a tres años) de Galicia, públicas y privadas, serán gratuitas el próximo curso tanto para primogénitos como para segundos y sucesivos hermanos. Lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en el primer Debate de Estado de la Autonomía de la legislatura, destacando que la decisión es pionera en España. La medida, que se financiará inicialmente con 30 millones de euros anuales, supone la ampliación de la adoptada para el curso 2020-2021 por el Gobierno gallego, que contemplaba la gratuidad para los segundos hermanos pero no para los mayores.
El presidente gallego ha reprochado al Gobierno central que no haya querido “cofinanciar” una medida que se implantará en escuelas públicas, en las de iniciativa social, privadas y en las municipales que estén al día de sus obligaciones con el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció el pasado mes de mayo una inversión de 670 millones de euros de la dotación de los fondos europeos para crear 64.000 nuevas plazas para menores de tres años en unas escuelas que gestionarán las comunidades autónomas o abriendo aulas en colegios ya existentes.
La Consejería de Política Social de la Xunta estima que con la nueva medida se beneficiarán más de 20.000 niños frente a los 12.500 que el curso pasado pudieron acceder gratuitamente. El 30% de los favorecidos están matriculados en centros privados.
Como hasta ahora, la Xunta financiará el 100% de lo que las escuelas privadas cobran a las familias por la atención educativa —no cubre el gasto de comedores tampoco en la pública— hasta un máximo de 260 euros mensuales. En el caso de que la matrícula del centro fuese superior, la escuela queda obligada a bajar el precio o no podrá adherirse a la orden autonómica. No obstante, la Consejería de Política Social asegura que en el curso pasado se adhirieron 496 de las 499 escuelas privadas de la comunidad.
En el curso 2018-2019 en España solo estaba matriculado en un centro de infantil uno de cada 10 menores de tres años. En el siguiente, el 51,9% estaba inscrito en un centro público, el 16% en uno concertado y el 32,1% en uno privado. En total, 464.479 niños, un 0,9% menos que el año anterior. En el caso de Galicia, en el curso 2020-2021 estaban escolarizados el 42,9% de los menores de entre cero y tres años, según datos del Ministerio de Educación.
El presidente gallego ha vinculado esta medida a la del reto demográfico que ha definido como problema principal de Galicia. El anuncio se produce después de que el pasado agosto el sindicato CC OO acusase a la Consejería de Política Social de “falta de previsión” en la apertura de estas escuelas.
El sindicato alertaba de que no había dotación de medios materiales ni humanos suficiente para cumplir el protocolo de vuelta a la actividad, casi seis meses después de haber cerrados sus puertas por la irrupción de la pandemia. En opinión de CC OO se hacía imprescindible reducir la ratio de niños por aula, aumentando el número de educadores ya que, aseguraban, había un educador por cada 20 menores de tres años.
En esta misma línea, en su informe Donde todo empieza sobre la educación infantil de cero a tres años la organización no gubernamental Save The Children sostiene que es necesario “incorporar profesionales extra en los grupos –con fórmulas como el segundo profesional a media jornada o la pareja educativa– que permitan reducir la ratio sin incrementar los costes de infraestructura.” Reclama además la dotación “de financiación o personal extra o bajadas de ratio a las escuelas infantiles que escolarizan alumnado desfavorecido o con necesidades educativas especiales” así como impulsar la “presencia de personal en las escuelas proveniente de minorías, de forma que refleje la diversidad social y cultural del entorno, para vencer así la desconfianza de las familias”. Y alerta de que para llegar a la universalización de la educación de cero a tres años en España habría que crear 39.000 plazas anuales durante una década.
La organización no es partidaria de la gratuidad total y entiende que, como en los países nórdicos, es mejor disponer de más plazas que de pocas gratis. Apuesta en este sentido porque se abonen las matrículas en función de la renta.
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