En noviembre de 2011, dos años después de que Alberto Núñez Feijóo alcanzase la presidencia de la Xunta, el Parlamento de Galicia aprobó, con el respaldo de PP y PSOE, una ley para garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos. Con ella se obligaba al nombramiento por mayoría reforzada de la Cámara del director general de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) y de su Consejo de Administración. Transcurrida más de una década, Feijóo, el político que se ha labrado la imagen de gran gestor que lo ha aupado a la presidencia de su partido, abandona Galicia sin haber cumplido su propia ley y deja la radio y la televisión públicas con dos frentes abiertos: una huelga contra la temporalidad en los contratos y una ya histórica protesta, la de los Venres negros (Viernes Negros), contra la manipulación informativa que supera las 200 semanas: la más larga de un medio de comunicación público en España.
Impulsado, según insiste en denunciar la oposición, por el viento a favor que le han insuflado los medios públicos, Feijóo ha consumido los sucesivos mandatos en Galicia sin escuchar a los profesionales de la CRTVG -que tiene una plantilla de 930 personas y 121 millones de presupuesto- que no han dejado de insistir en sus protestas contra la precariedad laboral de los eventuales y contra la manipulación política.
Las huelgas se suceden periódicamente. Cuatro años después de la última, altamente secundada, los trabajadores han hecho una nueva convocatoria. De momento, con movilizaciones que se convertirán en paros de medias jornadas los días 20 y 27, y de jornada completa el 2 de mayo con una guardia intensiva de fin de semana. Protestan “contra la destrucción de los puestos de trabajo” y para “exigir la consolidación de todo el empleo temporal de larga duración”, obligado ahora por la nueva ley de interinos que entró en vigor a finales de 2021 para reducir la temporalidad en el empleo público”.
“No ha cambiado nada en los 13 años de gobiernos de Feijóo”, sostiene Raimundo Méndez, miembro del comité intercentros del consorcio. Relata que aunque llegó al Gobierno gallego prometiendo la transformación de la radiotelevisión pública, Feijóo “no ha hecho sino ponerla exclusivamente al servicio de su partido”. El presidente del comité, Tiago Alvite. destaca que la dirección busca “suprimir plazas o puestos ocupados durante años por personal temporal que podrían consolidarse en los procesos extraordinarios que se deben realizar al amparo de la nueva ley que persigue rebajar la contratación temporal del 8%”.
Aseguran que hay 300 profesionales temporales en situación de fraude, en algunos casos reconocido judicialmente; trabajadores que han ido encadenando contratos fraudulentos durante incluso 15 años. Los sindicatos calculan que el 40% del personal de la CRTVG.
Fuentes del consorcio, encabezado desde 2009 por Alfonso Sánchez-Izquierdo, sostiene que han ofertado la cobertura del 100% del cuadro de personal y la convocatoria de 269 plazas “que no ha rubricado la parte social por lo que se mantienen las movilizaciones”. Sobre la legitimidad del director general, se amparan en el rechazo de la Valedora do Pobo a la queja de los sindicatos por el incumplimiento de la ley de medios de 2011. En su respuesta, la Valedora, da legitimidad al cargo aludiendo a una reforma introducida en 2015 por la Xunta, sin aviso previo, en la ley de acompañamiento de los presupuestos que venía a tumbar la exigencia legal de consenso parlamentario.
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En el mismo sentido se expresa la portavoz popular en la comisión de control de la corporación, Raquel Arias, que destaca “el proceso de consolidación de empleo, con 193 plazas en 2012 y ahora la oferta 269 plazas para conseguir la completa estabilidad”. Y añade que la corporación “tiene las cuentas saneadas y obtuvo un superávit en 2021 de 2,8 millones”, además de un importante apoyo social con “unos niveles máximos de identificación de la programación entre la población de más del 90%, año tras año”.
Afirma además que cuando Feijóo fue investido presidente la entonces compañía de Radiotelevisión “tenía las cuentas revocadas, una situación laboral compleja con denuncias ante la justicia y la imagen dañada por los escándalos entre los propios socios de Gobierno [el bipartito PSOE-BNG] y hasta 12 condenas de la junta electoral por falta de neutralidad”.
Nada que ver con el relato de la oposición. “La situación es demoledora tanto a nivel reputacional, como laboral y legal”, sostiene María González Albert, portavoz del BNG en la comisión de control. Asegura que los medios públicos en Galicia “son una extensión del gabinete de prensa del PP” y advierte que la manipulación “ha sido durante años tan clamorosa que va a ser muy difícil evitar ya el férreo control que ejerce el Gobierno gallego sobre la línea editorial”.
La dificultad de “revertir la situación” con Feijóo ya fuera de la Xunta preocupa también a la parlamentaria socialista Noa Díaz. “El problema no es la persona sino el concepto de corralito”, señala, puntualizado que han “pervertido hasta el máximo” la CRTVG. Díaz añade a la denuncia de la manipulación informativa, la de la renuncia a los contenidos propios y culturales y el “enorme retroceso en materia de igualdad, con numerosas denuncias”. A favor de la política de igualdad del consorcio, Arias alude al “certificado de empresa igual en genero” que concede el Consorcio Zona Franca de Vigo.
Mientras que desde la dirección del ente público cifran entre 50 o 60 el número de trabajadores que respaldan los Venres negros, que vinculan al BNG, la oposición asegura que son 250 los que protestan, con lo que se pregunta la portavoz socialista: “¿qué empresa soportaría que más del 20% de su plantilla le insista en que cumpla la ley?”. Y añade que el director general “repite que no quiere continuar pero lleva 13 años y así seguimos”.
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