El entonces ministro de Defensa, José Bono, baja del avión que lo trasladó a Mostar (Bosnia-Herzegovina) en la Navidad de 2005 y se salió de la pista al aterrizar.David Aguilar (EFE)
“Existe un intento claro de destrucción del Gobierno y toda la tarea hecha en estos años. La estrategia se parece mucho a la empleada contra Azaña en los años 30″. La lapidaria frase de Felipe González figura en el acta de la reunión que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE celebró el 1 de agosto de 1995. El juez Baltasar Garzón, de vuelta a la Audiencia Nacional tras dejar el Gobierno, ha retomado la investigación del caso GAL, la guerra sucia contra ETA en los primeros años de mandato socialista. El 28 de julio, cuatro días antes de que se reúna la dirección del partido, Garzón ha elevado una exposición al Supremo en la que acusa al propio González, al exvicepresidente Narcís Serra, el exministro del Interior, José Barrionuevo, y el dirigente socialista Txiki Benegas de pertenencia a banda armada.
Lo que sucedió en esa tensa ejecutiva está reflejado en uno de los 19.527 archivos documentales que José Bono, expresidente del Congreso, exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha ha depositado en la Fundación Pablo Iglesias. En un gesto de transparencia infrecuente en España, ha digitalizado el archivo de más de cuatro décadas de carrera política y, a partir del próximo lunes, estará accesible al público en el sitio www.legadobono.fpabloiglesias.es. No son todos los que están, pues incluye numerosos recortes de prensa y fotografías, ni están todos los que son, ya que faltan muchas transcripciones de reuniones de la Ejecutiva del PSOE o del Consejo de Dirección del Ministerio de Defensa, pero entre la ingente documentación ya disponible —cartas, notas informativas, informes o actas— hay escritos que arrojan luz sobre varios controvertidos episodios de la más reciente historia de España.
Estos son algunos de los más interesantes (en el link el documento original):
Pánico en la Ejecutiva Federal. La dirección socialista entra en pánico. El vasco Ramón Jáuregui habla de que “hay una conspiración” y el andaluz Manuel Chaves de “conjura”. En la investigación judicial, y sus filtraciones a la prensa, ve el PSOE una mano negra. “Lo que ha remitido el juez Garzón al Supremo es un ataque directo”, dice Alfonso Guerra, quien apostilla que “sostener que los suplicatorios han de darse todos no es democrático”; es decir, sugiere que el Congreso rechace la petición del Supremo para procesar a Barrionuevo. Serra pide tener serenidad e “incidir en la vulneración de la legalidad por el juez Garzón”. También González llama a “transmitir tranquilidad, estar serenos”. Las elecciones deben mantenerse, agrega, para marzo de 1996, como se había anunciado. Así será. Y el PSOE perderá el poder que ha ocupado durante 13 años.
La batalla de Cabañeros. El 26 de enero de 1987, el presidente de Castilla-La Mancha, comunica por carta al ministro de Defensa, Narcís Serra, que “el expediente sobre Cabañeros está a punto de concluir y, por consiguiente, la declaración de Parque Natural puede ser hecha en un breve plazo de tiempo”. Bono ha ganado la batalla a Defensa, que planeaba instalar un polígono de tiro del Ejército del Aire en este paraje en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Aunque Bono y Serra pertenecen al mismo partido, las relaciones no son fluidas. Tras expresar su deseo de hallar “una solución satisfactoria al asunto del campo de tiro” (Defensa intentará sin éxito instalarlo en Anchuras), Bono se queja: “He recurrido a escribirte ante la imposibilidad de hablar telefónicamente contigo en los últimos meses (lo he intentado 16 veces) y para que de nuestra incomunicación no se deriven males que no deseo”.
Aviso de retirada de Irak. José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ganado las elecciones del 14 de marzo de 2004 pero aún no ha tomado posesión como presidente, escribe al primer ministro británico Tony Blair. Le anuncia, con 48 horas de antelación: “En un plazo muy breve ordenaré el regreso a España de las tropas enviadas a Irak por el anterior Gobierno. No puedo aceptar la subordinación de mi país a otro imperativo diferente de la legalidad internacional”, añade el futuro presidente, quien rechaza las presiones para esperar hasta el 30 de junio, por si se aprueba una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que legalice a posteriori le invasión. La carta la entrega el futuro ministro de Defensa, José Bono, en una gira por las capitales de los países que forman parte de la coalición en Irak. El archivo incluye una misiva igual para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.
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SuscríbeteEl teniente general José Mena Aguado, general jefe de la Fuerza Terrestre, en la celebración de la Pascua Militar de 2006 en Sevilla.Javier Cuesta (el correo)
Interrogatorio al general Mena. El 6 de enero de 2006, el teniente general José Mena, jefe del Ejército de Tierra en Andalucía, pronuncia un discurso de ribetes golpistas. Advierte de que si la reforma del Estatuto de Cataluña, entonces en tramitación, sobrepasase “una serie de límites infranqueables, sería de aplicación el artículo 8º de la Constitución”, que encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa de la integridad territorial de España. Al día siguiente, Mena comparece en el despacho del ministro de Defensa. El teniente general asume la autoría del discurso, asegura que nadie le ayudó a redactarlo ni le indujo a pronunciarlo. Añade que “no tiene trasfondo político o golpista alguno” y que no le impulsó a escribirlo el estar a punto de pasar a la reserva. Sostiene, sin embargo, que una parte de la alocución, que figuraba en el texto escrito, no la pronunció. En concreto, la que decía que era su obligación conocer las preocupaciones de sus subordinados (por la unidad de España) transmitirlas al jefe del Ejército “y hacerlas públicas, por expreso deseo de aquellos”. Bono le comunica que va a proponer su cese y le impone un arresto domiciliario de ocho días por vulnerar la neutralidad de las Fuerzas Armadas, aplicando la sanción en su grado mínimo. Mena “comprende perfectamente que el señor ministro le sancione por estos hechos” y Bono “le agradece su colaboración y dice que lamenta tener que sancionarle”. Tras escuchar la grabación que hizo RNE, Bono comprueba que el general sí dijo lo que negó haber dicho. Mena tendrá la simpatía de otros mandos, como el ex jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Eduardo González-Gallarza, que envía una nota manuscrita a Bono: “Quiero que sepas que suscribo enteramente las palabras del teniente general Mena Aguado, que representan el sentir de muchos de nosotros”.
Desayuno con el embajador. El 15 de octubre de 2004, Bono invita a desayunar al embajador de Estados Unidos en España, George Argyros. La entrevista empieza en un ambiente tenso, pues el embajador se queja de que “la retórica empleada por el Gobierno [español] es claramente antinorteamericana y eso no ayuda a una buena relación”. Argyros califica de “ofensa” que Zapatero no se levantara al paso de la bandera estadounidense en el desfile de la Fiesta Nacional de 2003. Bono lo excusa asegurando que el ya presidente del Gobierno no se dio cuenta de la presencia de la enseña estadounidense, y por eso permaneció sentado, inventándose a posteriori que no lo había hecho por la invasión de Irak. “Somos humanos, pero creo que el año pasado no hubo ofensa”, concluye Bono. El embajador parece aceptar las explicaciones y Bono propone viajar a Washington para reunirse con su homólogo, Donald Rumsfeld. El viaje se realizaría en mayo de 2005.
Más tropas para Afganistán. Tras la retirada de Irak, España recibe presiones para enviar más tropas a Afganistán. “En los últimos días hemos recibido una serie de mensajes de nuestros socios europeos y atlánticos en los que expresan claramente que esperan un aumento de la presencia militar de España en Afganistán”, explica una nota para Zapatero fechada el 1 de junio de 2004. Tras detallar las demandas de la OTAN, añade: “Las peticiones norteamericanas son todavía mayores y particularmente insistentes”. Los aliados no se andan con paños calientes: “Si nuestra respuesta es positiva, su efecto beneficioso sobre nuestras relaciones será mucho mayor; si es negativa, las consecuencias perjudiciales serían igualmente más fuertes”. El Ministerio de Defensa lo tiene claro: “Sería muy difícil explicar a nuestros aliados que, en un momento en que han sido retiradas de Irak nuestras unidades, España carece de los recursos necesarios para dar satisfacción a estas peticiones”. El 30 de junio, Bono escribe una carta al secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, en la que le comunica “la predisposición del Gobierno de España para incrementar su esfuerzo de ayuda humanitaria en Kabul y apoyar el proceso electoral que tendrá lugar a finales del próximo mes de septiembre” en Afganistán.
Armas para Venezuela. El jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, escribe una carta a Bono, el 23 de noviembre de 2005, en la que le reitera su “preocupación por los efectos desestabilizadores que las adquisiciones de armas por parte de Venezuela podrían tener en la región”. España negocia la venta a Caracas de ocho patrulleros de Navantia y 12 aviones de transporte de CASA. “Le apremio a que reconsidere potenciales ventas de artículos de defensa a Venezuela o, al menos, posponga tales decisiones”, le insta Rumsfeld. En marzo de 2006, Bono le contesta que “CASA y Navantia han cerrado un acuerdo con Venezuela para el suministro de material meramente defensivo”, que se ajusta a la legislación española e internacional. “Mi gobierno seguirá defendiendo los intereses de España y los puestos de trabajo de las industrias nacionales de defensa, aunque en este punto no tenga el honor de coincidir con usted”. España vendió los buques, por 1.200 millones de euros, pero no los aviones, pues incorporaban tecnología estadounidense y Washington vetó la operación.
Las identificaciones del Yak-42. El 29 de junio del 2004 se celebra en Defensa una reunión para abordar las identificaciones de las 62 víctimas del accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, sobre las que hay serias dudas. El comandante José Ramón Ramírez, uno de los patólogos militares enviados por el entonces ministro de Defensa Federico Trillo a Turquía para identificar los cadáveres, informa de lo sucedido. Los forenses turcos prohibieron a los militares españoles tocar los cadáveres, por lo que estos se limitaron a observar el trabajo de sus anfitriones. Cuando, a las 2.30 del 28 de mayo, los turcos interrumpen su trabajo y se marchan, tras haber identificado solo 32 cadáveres, los españoles empiezan a trabajar y a las seis de la mañana ya han identificado a todos. “Pregunta el ministro si no les causa sorpresa que se pudiesen identificar 30 cadáveres en unas tres horas”, señala el acta de la reunión. “Todos coinciden en que es sorprendente la rapidez”. Un teniente coronel recuerda que la identificación del periodista Julio Anguita Parrado, muerto en Irak, llevó 48 horas. “Respecto a las prisas por concluir los trabajos de identificación, el comandante Ramírez admite que sabían que había un funeral el día 28 por la tarde y que los cadáveres tenían que estar en el funeral”, añade el informe. Pero, “todos los presentes ignoran quién determinó el día y la hora del funeral”. Las pruebas de ADN demostrarían que los forenses españoles erraron en los 30 cadáveres que identificaron.
Los avisos del CNI sobre el líder del 11-M
El 1 de septiembre de 2004, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, escribió una carta al presidente Zapatero en la que le explicaba cómo los repetidos avisos de los espías sobre el líder de la célula yihadista que cometió los atentados del 11-M cayeron en saco roto. Según Saiz, la primera nota advirtiendo sobre la peligrosidad del argelino Allekema Lamari y de sus dos lugartenientes se envió a Interior el 6 de noviembre del 2003, “cuatro meses antes” de la matanza de los trenes. “Desde entonces, el CNI ha reiterado insistentemente la necesidad de localizarlos y detenerlos. Sin embargo, ni la Policía ni la Guardia Civil dieron a este asunto credibilidad suficiente y nunca han realizado acciones dirigidas a su detención”, se quejaba el jefe del servicio secreto. El 16 de marzo, en la primera reunión de la célula de crisis a la que asistió el CNI tras el 11-M, sus agentes señalaron que una de las líneas de investigación prioritarias debía ser Lamari. Pero solo después del suicidio del comando terrorista en el piso de Leganés, donde murió el yihadista argelino, la Policía incluyó a sus dos lugartenientes entre los buscados.
“Es muy conveniente que sepas que el CNI se entera por los medios de comunicación” de la aparición de huellas de Lamari en el piso de Leganés, se queja Saiz. “No es comprensible que la Policía no haya comunicado al CNI ninguno de estos importantes hallazgos, que refuerzan la tesis de que Allekema es el autor intelectual y jefe de la célula. Únicamente cabría pensar que se ha intentado marginar al CNI de una línea de investigación que inició él mismo”. El jefe del CNI concluye: “No se trata solo de un problema de coordinación entre policías, guardias civiles y servicios de inteligencia. Se trata de una dinámica que no solo se producía en el pasado, sino que sigue en el presente y perjudica muy gravemente la seguridad de los ciudadanos y del propio Estado”.
Por su parte, Bono escribió en diciembre de 2004 una carta al presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, en la que se quejaba de que Lamari hubiera sido puesto en libertad por la Audiencia Nacional en junio de 2002, a pesar de que había sido condenado a 14 años de cárcel. Este tipo de “errores judiciales generan alarma en la opinión pública”, advertía Bono.
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