El general Francisco Beca, que escribió en un chat que “hay que fusilar a 26 millones [de españoles], niños incluidos”, puede seguir vistiendo el uniforme del Ejército del Aire y pertenecer a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en la que solo ingresan aquellos militares que acreditan “conducta intachable”. La ley de Carrera Militar permite a los militares retirados adscribirse a la unidad que elijan y acudir de uniforme a los “actos militares y sociales solemnes”. Por su parte, el reglamento de la orden de San Hermenegildo, según la reforma que se aprobó en agosto pasado, solo permite expulsar a militares retirados cuando sean condenados por sentencia firme.
Si esa situación llega a producirse, aún está lejana; pues la Fiscalía, ante la que Defensa denunció el chat de militares retirados, todavía no ha decidido si presenta querella. No obstante, el departamento que dirige Margarita Robles está estudiando una fórmula para despojar del uniforme a aquellos militares retirados que lo deshonren con su comportamiento. No es fácil, pues no hay ningún procedimiento previsto para ello y exigiría un estudio caso por caso.
Interior aprobó en 2014 una orden sobre uso del uniforme de la Guardia Civil donde señalaba que el personal retirado solo podría utilizarlo “previa la solicitud y autorización oportuna, en actos institucionales y sociales solemnes”. Y prohibía su uso a los “cargos electos en órganos de representación pública”. La orden fue anulada por un defecto de forma, pero los tribunales no entraron en su contenido.
En cambio, la orden de Defensa que regula la uniformidad de las Fuerzas Armadas, de 2016, no plantea ninguna limitación; por lo que, por ejemplo, los diputados de Vox o el PP que son militares retirados podrían legalmente dar arengas políticas de uniforme, vulnerando la neutralidad política de los ejércitos.
Según una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, en los últimos 10 años se han incoado ocho expedientes disciplinarios por vulnerar la neutralidad política; de los que uno ha concluido con la resolución del compromiso (expulsión del Ejército), tres con sanción, uno se archivó sin responsabilidad y tres se están tramitando. El único expulsado es el cabo Marco Antonio Santos, firmante de un manifiesto antifranquista; mientras que los sancionados son militares en la reserva que suscribieron el manifiesto apologético del dictador.
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