“Andrés y Felipe abandonaron sus partidos políticos cuando dejaron de controlarlos… Andrés y Felipe no son iguales, tienen responsabilidades distintas en torno a la transición democrática”, escribe Alfredo Figueroa.
A la memoria de Javier Riojas
Por Alfredo Figueroa Fernández
El miércoles 30 de octubre de 1996, en torno a una mesa, Emilio Chuayfett -secretario de Gobernación- y los presidentes de los principales partidos políticos de oposición, alcanzaron un acuerdo para nombrar a la y los consejeros electorales. Se dieron entonces a la tarea de llamarles para hacerles la siguiente consulta: “…me piden los señores presidentes de los partidos políticos -decía el Secretario-, que le pregunte si aceptaría el cargo de consejero del Consejo General de Instituto Federal Electoral…”.
Era uno de los arreglos fundamentales de una reforma que traería la autonomía constitucional al IFE, creado el 11 de octubre de 1990, como respuesta al fraude electoral de 1988.
Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, presidentes del PRD y el PAN respectivamente, habían negociado 11 horas en el Palacio de Covián el nombramiento de un Consejo Electoral que, al año siguiente, reconocería el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la capital del país y que solo 3 años más tarde, en cadena nacional, anunciaría la victoria de Vicente Fox, primer presidente emanado de un partido distinto al PRI, quien había gobernado el país en buena parte del siglo XX.
Nadie podía imaginar entonces que casi 10 años más tarde de aquella noche en que juntos salieron a declarar la confianza en la conformación del IFE, ambos, por distintos motivos, contribuirían a romper el modelo de transición a la democracia que ayudaron a construir.
Antes y después de la jornada electoral de 2006, ambos habían pronunciado frases que expresaban y simbolizaban su desprecio por las reglas democráticas: “Al diablo con sus instituciones” y “Haiga sido como haiga sido”. Ambas, son dos caras autoritarias de los protagonistas de las elecciones de 2006, y referente de buena parte de las carencias democráticas que aún hoy persisten.
La crisis política de aquella elección nunca trajo de regreso a la mesa a quien fue perseguido por el poder presidencial y empresarial y a quien fue el beneficiario político de esa persecución. Es un hecho histórico y jurídico inocultable que, en el proceso electoral, el presidente Vicente Fox intervino ilegalmente en la elección a través de propaganda política en contra de Andrés Manuel y en favor de Felipe, que impulsó acuerdos inconfesables con el PRI, las televisoras y muchos de los empresarios más poderosos del país. Si hay un primer traidor del proceso de transición democrática, su nombre es Vicente Fox Quesada.
La postura de López Obrador fue la de descalificar al IFE y orientar el reclamo a una dimensión donde el fraude no tuvo lugar: las urnas. Toda la evidencia que tenemos nos hace afirmar que si se hubiese recontado voto por voto, el resultado seguiría siendo el mismo: una victoria de alrededor de medio punto porcentual en favor de Felipe Calderón.
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La construcción del reclamo por parte de López Obrador implicó una estrategia política a la que no importó mentir con impunidad, acusando a muchos de quienes, en realidad, tenían años defendiendo el voto en sus ciudades, pueblos y comunidades -dentro y fuera del IFE- de ser cómplices del fraude.
La trampa de quienes siguen negando el fraude y de quienes lo siguen promoviendo, consiste en ignorar o situar fuera del debate la cantidad de propaganda, explícita o integrada, que se difundió en radio y televisión el último mes de la elección; en hacer invisible que el monitoreo que el IFE contrató a una empresa privada (Ibope), fue ineficaz y alterado, y que, de este modo, fue un obstáculo para documentar públicamente el tamaño de la embestida en contra de López Obrador.
Pocos o muy pocos han ofrecido testimonios de cómo Tv Azteca, y particularmente Televisa, incrementaron primero el costo y negaron después la venta de propaganda a López Obrador. El trabajo por documentar cómo se instrumentó el rompimiento de la equidad de la competencia política para incidir ilegalmente en la contienda de 2006, es, en muchos sentidos, una asignatura pendiente. Buena parte de quienes hoy son el grupo asesor de empresarios del presidente López Obrado, estuvieron implicados directa o indirectamente en esos hechos.
Foto: Misael Valtierra/ Cuartoscuro
La victoria en las urnas de Felipe Calderón, al costo que fuese, despreció la historia de un partido cuya relevancia transversal estaba ligada a la democratización del país y constituye la revelación más clara de que por encima de la estabilidad del país, del proceso de construcción de instituciones democráticas, estaba el régimen autoritario. Un régimen cuyo centro se había desplazado del PRI como su lugar histórico, a poderes legales e ilegales que, de facto, fueron capturando al Estado mismo. Las consecuencias para la democracia, la seguridad y las capacidades institucionales de llegar al poder a cualquier costo son incalculables.
Andrés y Felipe abandonaron sus partidos políticos cuando dejaron de controlarlos; Andrés y Felipe fueron a fundar un partido nuevo; Andrés y Felipe estuvieron en contra de la reforma al modelo de comunicación política, del que uno fue víctima y el otro beneficiario; Andrés y Felipe nunca denunciaron formalmente a Peña Nieto en su ascenso al poder, Andrés desprecia la herencia de Cuauhtémoc Cárdenas y Felipe la de Carlos Castillo. Felipe es hoy el símbolo que le ayuda a Andrés a no hablar de Peña, Felipe crítica a Andrés mientras guardó silencio frente a la impunidad y la corrupción de Peña Nieto. Nadie ayudará tanto a los intereses de Andrés como la llegada del nuevo partido de Felipe.
Andrés y Felipe no son iguales, tienen responsabilidades distintas en torno a la transición democrática. De hecho, el presidente López Obrador ha revivido políticamente, por necesidad o por interés, al expresidente Felipe Calderón. Algo sin embargo los une, la enorme distancia con las personas que fueron y las convicciones políticas que defendieron, aquella noche, al salir de Bucareli.