Las cancelas en el campo onubense son las puertas de acceso a las fincas donde madura la fruta, entre ella las fresas y los frutos rojos. Unas puertas que suelen estar cerradas a quienes no son sus dueños ni forman parte de las cuadrillas de temporeros que trabajan bajo los plásticos de los invernaderos. Tras esas verjas se suceden durante las campañas casos de abusos y explotación laboral muy difíciles de visibilizar o denunciar, precisamente por el hermetismo que propician los candados que las sellan. Muchas de sus protagonistas son mujeres, jornaleras autóctonas, de la Unión Europea y también marroquíes contratadas en origen, cuya situación de vulnerabilidad y el temor a perder su trabajo les impide llamar la atención sobre unas condiciones de precariedad, que el asentamiento en la región de un modelo de agricultura intensiva y unas rígidas leyes de extranjería no han contribuido a paliar.
Bajo la consigna “¡abramos las cancelas!”, e impulsado por el Museo Reina Sofía y la cooperativa La Laboratoria, se ha constituido la Brigada de Observación Feminista integrada por mujeres juristas, periodistas y realizadoras cuyo objetivo es dar a conocer y explicar las condiciones en las que viven las trabajadoras de la fresa en Huelva e instar al Ministerio de Trabajo y al de Igualdad a que actúen para mejorar su situación y evitar abusos. Y todo bajo el prisma de un feminismo sindicalista y antirracista que ayude a romper la distancia con la que buena parte de la sociedad percibe el funcionamiento del modelo productivo agrícola, no solo en España, sino en el Sur de Europa: la huerta que surte de fruta al resto del continente. “El hecho de que la brigada sea interdisciplinar nos ha servido para tener una mirada global de la situación desde una perspectiva feminista, laboral y medioambiental”, ha señalado la periodista Olga Rodríguez en el encuentro.
El primer hito está conseguido. La Brigada ha elaborado un informe que se ha presentado este martes por la tarde en la sede del Museo Reina Sofía en Madrid donde se detallan las distintas vulneraciones de derechos humanos e incumplimientos en materia laboral que han evidenciado a través de denuncias de temporeras y entrevistas con ellas, y en el que se establecen una serie de propuestas muy concretas para revertir las irregularidades. El documento se ha trasladado a la Organización Internacional del Trabajo y a los Ministerios de Igualdad y Trabajo. De este último, se ha arrancado el compromiso de la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de hacer respetar los derechos del campo que se traducirá en medidas específicas, entre ellas el refuerzo de las inspecciones, que ya se incentivaron en la pasada campaña.
“Me gustaría más la fresa si detrás hubiera derechos para quienes las recogen”. Así se expresa Ana Pinto en los dos documentales —audiovisual y sonoro― que se han mostrado esta tarde durante la presentación de la Brigada y que fueron grabados durante una intensa visita que sus integrantes realizaron a los núcleos freseros de Huelva. En los tres días del viaje visitaron el asentamiento chabolista de Palos de la Frontera (Huelva) y se entrevistaron con temporeras marroquíes, en cunetas y aparcamientos, lo que da una idea del miedo que rodea a estas mujeres a la hora de poder compartir fuera del entorno laboral en el que viven ―en viviendas dentro de los campos y apartadas de los núcleos urbanos―, sus experiencias, traumas y preocupaciones.
“Nos hemos dotado de varias leyes para evitar ese miedo, las represalias, entre ellas el Convenio de Estambul que proclama evitar la victimización secundaria”, ha advertido durante la presentación Begoña Lalana, abogada penalista especialista en igualdad de género, y brigadista y una de las redactoras del informe, que ha censurado que, pese a las denuncias del relator de Naciones Unidas o los artículos en los medios de comunicación, no se ha avanzado nada por la “falta de prevención” por parte de las administraciones públicas. Lalana ha recordado las lágrimas de una de las habitantes del asentamiento de Baldifresa en Palos cuando, al rememorar un episodio de abusos sexuales por parte de su empleador, se lamentaba porque nada había cambiado, pese a que se lo había relatado a representantes de otras entidades. Lalana ha puesto de manifiesto la importancia de que a estas mujeres se les reconozca una autonomía que permita sacudirse su condición de víctimas. “Su situación de desigualdad no es individual, forma parte de un entorno de explotación y por eso es importante fomentar la asociación de mujeres”, ha concluido.
Pinto forma parte de la brigada y además es una de las impulsoras del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha que, junto con Abogadas Sociedad Cooperativa Andaluza, han servido de guías al resto de las integrantes del proyecto de la realidad laboral, social y cultural que impregna los tajos onubenses. La firme convicción de Lepe de que solo a través de la unidad entre las temporeras y de que solo en la fuerza de esa fraternidad femenina reside el potencial para lograr cambios en un sector —que está acusando el descrédito en el extranjero y que también se está moviendo para avanzar en el reconocimiento de derechos, pero aún de forma muy lenta y apenas perceptible― está en la base del nacimiento de Jornaleras en Lucha que, a la vez, es la semilla de esa lucha feminista tan necesaria para abrir las cancelas que ha reivindicado la Brigada durante su presentación.
Ejemplo práctico
“La convivencia con las compañeras marroquíes me hizo entender que había mujeres en peores condiciones que nosotras”, reconoce Pinto en una de las piezas sonoras. Su jefa, la manijera de su cuadrilla, era Najat Bassit, marroquí y con 14 años encadenando campañas agrícolas. Ella, que perdió su trabajo por defender a sus compatriotas ante los abusos, es otra de impulsoras de Jornaleras del Campo. Su amistad trabada en los lomos de fresas y su alianza en la reivindicación de la dignidad y los derechos de las temporeras es el mejor ejemplo de unidad por encima de estigmas culturales y raciales, de ese feminismo verdaderamente universal por el que se ha abogado en el encuentro.
“Uno de los problemas son la cantidad de cancelas que cierran la vida de estas mujeres que ejercen un control sobre su movilidad, que cierran el acceso a la tierra por la explotación de la agroindustria y las cancelas de las fronteras, que hacen que con las leyes y políticas de cupos migratorios, las mujeres que vienen desde Marruecos lo hagan en situación de vulnerabilidad y las cancelas que cierra la palabra y los cuerpos de las mujeres que permiten que sean objeto sexual y que hace que tengan dificultades de poder expresar lo que les pasa por miedo a las represalias”. Esta es la filosofía que subyace en la Brigada de Observación y que ha explicado Justa Montero, activista feminista, experta en género y políticas de igualdad, inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias, en la presentación. Montero ha llamado la atención también sobre el germen que subyace en la creación de Jornaleras en Lucha: “Es importante el feminismo que ellas practican porque exponen con claridad la interseccionalidad, que refleja la enorme complejidad de su propia situación, el machismo, el racismo imperante en la sociedad y en los entornos en los que ellas tienen que trabajar”.
En las relatorías sonoras que se han mostrado este martes se documentan ejemplos de abusos a las temporeras —abono de 50 euros para reparar los desperfectos de las casas, firma de documentos en español sin posibilidad de traducción, falta de acceso a los servicios médicos por el comportamiento despótico de la encargada de sus viviendas…―. También se asoman a la vergüenza de los asentamientos chabolistas. “No es un sistema en el que hay manzanas podridas, sino que es la propia estructura la que determina ese comportamiento sistemático”, se escucha comentar a Pastora Filigrana, de Abogadas Sociedad Cooperativa, en la pieza audiovisual. “Por eso es importante concienciar sobre un consumo responsable que incentive a las empresas que sí lo están haciendo bien”, ha señalado Nazaret Castro, brigadista, periodista y experta en economía social y solidaria.
Esa estructura es el producto de una agricultura que ha pasado de la variedad de cultivos familiares a un monocultivo intensivo ávido de mano de obra y de agua que ha esquilmado los acuíferos de Doñana, que es donde se extienden las más de 11.000 hectáreas de invernaderos de frutos rojos de Huelva. España, y más en concreto, Andalucía, es frontera Sur de Europa. La necesidad de manos para recoger fruta en las distintas campañas actúa como imán para la llegada de personas en situación irregular y la falta de respuesta de las administraciones para ofrecer alternativas habitacionales a los temporeros ha perpetuado los poblados chabolistas. Los trabajadores son la base de una cadena productiva que acaba en los lineales de un supermercado en centroeuropa.
Una cadena cuyo primer eslabón no se ancla solo en Huelva. El patrón de explotación no es exclusivo de España, sino que es sistemático del todo el Sur de Europa al albur de la consolidación de la agricultura intensiva y un sistema de distribución en manos de un puñado de cadenas europeas, como se ha puesto de relevancia en la segunda parte de la presentación. “La agricultura es un motor de la economía, pero la mano de obra está invisibilizada, racializada y feminizada”, ha indicado Filigrana. “Cuando la fuerza de trabajo se aleja del patrón de cuerpo blanco y varón, se va abaratando, por eso la alianza no es una consigna”, ha incidido.
Entre la barquilla que llena de fresas una jornalera en Huelva y la que mete en la cesta de la compra una funcionara alemana, además de la distancia física, las separa una distancia emocional y social que impide la empatía entre ambas. La Brigada feminista no solo busca abrir cancelas físicas, también las que cierran los diques para esa fusión sentimental. Con su presentación y el informe que ya tienen en su poder los ministerios y la OIT han desengrasado los cerrojos para empezar a romper con comportamientos arraigados y acercar conciencias.
Denuncias y propuestas
En el informe quedan reflejadas estas carencias e irregularidades, como la discriminación en la selección en origen, primando el estado civil y la situación familiar para asegurar su regreso; la vulneración del convenio colectivo en materia salarial o de jornada laboral; el trato recibido por los responsables de las cuadrillas o el control de la salida de las fincas de las temporeras marroquíes; las escasas actuaciones de la inspección de trabajo; la falta de apoyo suficiente por parte de los agentes sociales; la dejación de sus funciones de las administraciones competentes; las escasas actuaciones de la Fiscalía para investigar posibles infracciones o los casos de discriminación por razón de sexo, acoso sexual o trata laboral.
La brigada de observación, entre otras muchas iniciativas, propone modificar el modelo de contratación de las temporeras en origen; un plan específico para la Inspección de Trabajo durante la duración de la campaña de los frutos rojos; cambios en el modelo de sanciones que eliminen los castigos por incumplimientos; generalización de campañas informativas sobre sus derechos entre las trabajadoras; la garantía de acceso a los tribunales o la constitución de tribunales móviles que faciliten a las jornaleras la interposición de las denuncias sin necesidad de tener que transitar largas distancias; ampliar las visitas de la policía o la guardia civil a los invernaderos; fomentar la actuación de la fiscalía y los juzgados de violencia contra la mujer para prevenir casos de abuso o impartir formación sobre derechos de las mujeres a jueces, abogados, funcionarios y líderes tradicionales en zonas rurales.
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