Un grupo de históricas feministas, entre las que se encuentran la filósofa Amelia Valcárcel, la socialista Ángeles Álvarez y la escritora Laura Freixas, ha tachado este lunes de “reaccionario” e “inconstitucional” el proyecto de la ley trans del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.
Este grupo de ocho mujeres, en el que también están las filósofas Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda y Victoria Sendón de León, la exdiputada socialista Juana Serna y la catedrática Marina Gialabert, ya escribió una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta cuestión el pasado noviembre y ahora, tras conocer el borrador de la ley, ha hecho público un comunicado bajo el título “Es aún peor de lo que temíamos”.
A su juicio, presentarlo como un avance en derechos humanos es “propaganda”, ya que supone un retroceso en las políticas de igualdad entre los sexos.
Creen además que “pone en peligro a la infancia”: “Referirse a una ‘infancia y menores de edad trans’ no es en absoluto progresista, sino políticamente reaccionario y constitutivo de posible abuso infantil”, manifiestan estas mujeres, convencidas de que el borrador fomenta que niños y niñas tomen decisiones “no informadas, sino inducidas” y sean sometidos a terapias de conversión.
Según señalan, los profesionales que trabajan en las unidades de endicronología indican que un 85% de menores desisten del supuesto “ser trans” cuando superan la pubertad.
El grupo cuestiona que se exija “despatologizar” la transexualidad, cuando lo que se propone es “una medicalización permanente”, y subraya que toda medida común se certifica, “desde el carné de conducir a una discapacidad”.
Estas feministas critican además que el Ministerio de Igualdad utilice la expresión “violencia intragénero”, como aquella producida entre personas del mismo género, al considerar que diluye la violencia de género; y se muestra en contra de reconocer jurídicamente la “identidad de género”, vaciando de contenido la categoría de sexo.
La identidad de género, explican, se define en el borrador como “la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer”, pero “una vivencia interna e individual no puede generar efectos legales”.
“Si el sexo es irrelevante a nivel jurídico, todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes”, defienden.
Este grupo considera el texto “claramente inconstitucional” porque su falta de claridad lingüística atenta a la seguridad jurídica, confundiendo sexo con género
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