La Fiscalía General de la República (FGR) notificó al ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, que ejercerá su facultad de atracción en la carpeta de investigación que la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua inició en su contra por el delito de tortura.
De acuerdo con un oficio que le fue comunicado directamente a González Arredondo en el Centro de Readaptación Social “Aquiles Serdán” ubicado en la capital de Chihuahua, la FGR dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía del Estado para que le entregue una copia de todas las actuaciones que se han realizado en la causa penal que se judicializó contra González Arredondo.
González Arredondo fue vinculado a proceso y sometido a prisión preventiva por el delito de tortura psicológica, derivado de tres testimonios rendidos en su contra y la aplicación de un Protocolo de Estambul que fue impugnado por su defensa.
El oficio está firmado por el Fiscal Especializado en Investigación del Delito de Tortura, Juan Carlos Chávez Jiménez, de acuerdo con el expediente FGR/FEMDH/FEIDT/4054/2022 correspondiente a la facultad de atracción.
La determinación de la FGR se da luego de que la defensa del ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que asumiera su competencia en el caso de las presuntas torturas psicológicas que le imputan a González Arredondo tres testigos protegidos que fueron ex colaboradores del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
En entrevista para Aristegui Noticias, el abogado protagonista del documental “Duda Razonable”, Iker Ibarreche, había señalado que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, la FGR es competente para investigar casos de tortura de relevancia social.
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Agregó que la relevancia de este caso radica en que los tres servidores públicos que imputan a González Arredondo son también testigos en el caso de la Operación Safiro (Saneamiento Financiero) y el desvío de recursos federales que se le atribuyen al ex senador del PRI y exsecretario general adjunto de ese partido, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, condenado a 3 años de cárcel por un presunto peculado de un millón de pesos.
Cabe recordar que las investigaciones del ex fiscal Anticorrupción, Francisco González Arredondo, apuntaban a un desvío de al menos 250 millones de pesos que el gobierno federal transfirió a Chihuahua, indagatorias que a juicio del también ex gobernador, Javier Corral, buscan extinguirse por la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos, quien fue imputada por presunto cohecho y absuelta un día antes de tomar posesión del cargo.
En este marco, la defensa de González Arredondo ya presentó un juicio de amparo para impugnar la prisión preventiva justificada que le dictó la jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Hortencia García, con el fin de que la medida cautelar sea revocada y se le dicte una que le permita enfrentar el proceso en libertad y garantizando su integridad física.
Además, anunció que esta misma semana se va a presentar un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó el pasado 28 de noviembre, debido a que se violó el plazo máximo constitucional para que se emitiera la resolución de la juzgadora sobre la situación legal del imputado.
El abogado Iker Ibarreche agregó que la decisión de renunciar a la apelación obedece a que no hay garantías de que las autoridades de justicia de Chihuahua actúen con imparcialidad y puso como ejemplo la actuación de la jueza Hortencia García, quien se dedicó a corregir los errores del Ministerio Público para poder dictar el auto de vinculación a proceso.
Advirtió que el papel de los jueces es actuar con imparcialidad y conducir los debates entre las partes, principio que se violó en la audiencia de vinculación a proceso de Francisco González Arredondo, ya que la jueza suplió todas las deficiencias que existían en las imputaciones del Ministerio Público.
Incluso, recordó que fue la propia jueza quien invocó la Ley General de Tortura para justificar la competencia de la Fiscalía de Chihuahua en la imputación por tortura, ya que el Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua había invocado leyes locales que no se aplicaban para el caso.
“Parece que está tomando partido, en un sistema como el que nosotros tenemos que se llama acusatorio, el Ministerio Público la Fiscalía se encarga de acusar, en este momento es imputar y las personas se defienden exclusivamente del ministerio público, mientras que los jueces mantienen un rango imparcialidad y resuelven con base a la controversia que se ha generado entre las partes, la juez no puede suplir las deficiencias de la Fiscalía.
En este caso, cuando uno analiza lo que ocurrió en la audiencia, se da cuenta que la fiscal nunca fue capaz de justificar porque si era competente a pesar de no ser especializada en tortura, simplemente dice que es competente a pesar de que no lo es porque porque los denunciantes no confían en la Unidad Especializada de Tortura de esa misma Fiscalía, lo cual resulta realmente absurdo porque además no existe ningún dato de prueba ninguna prueba que justifique eso y la juez corrobora”, concluyó.
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