Mona Dora Buchahin, exfuncionaria de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, acordó con el auditor David Colmenares que la Unidad de Inteligencia Financiera no la contratara.
En la actual administración hay funcionarios que han obstaculizado las investigaciones sobre la ‘Estafa Maestra’, aseguró Muna Dora Buchahin, exdirectora de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), despedida en mayo de 2018 por el equipo del titular, David Colmenares.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló al exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de haber instruido a Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que no la contratara a ella ni a su equipo. Lo anterior, por acuerdo de Colmenares.
Buchahin se reunió con Nieto en septiembre de 2018 y en diciembre de ese año se le indicó: “El mensajero de esta podredumbre le dijo [a Nieto] que si retiraba yo una denuncia por daño moral entonces no haría nada en mi contra, pero que si no lo hacía iban a iniciar investigaciones contra mí. Por supuesto no la retiré”. Urzúa “tendría que pedir una disculpa pública y decir cómo fueron estos hechos”.
La exfuncionaria dijo que ve con “prudencia y escepticismo” la información dada a conocer este lunes por el diario Reforma, en torno a que Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, ofreció convertirse en testigo protegido para revelar el papel del expresidente Enrique Peña Nieto y de la exsecretaria Rosario Robles Berlanga, en el desvío de recursos para las campañas electorales del PRI.
“Sí queremos rendición de cuentas, queremos justicia, pero justicia en todo el entorno y no solamente contra una persona; porque una persona no pudo haber hecho toda esta trama. Incluyo a los que hoy están en la Auditoría. ¿Cómo se pudieron prestar para obstaculizar las denuncias? ¿Quién decidió y cómo la expulsión irregular de todo el equipo de auditoría? No sabemos qué pasó con la evidencia que había”, advirtió.
Acusó al entonces titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la ASF, Alejandro Romero Gudiño, de omisión y complicidad con David Colmenares en la “fabricación de evidencias” y en la persecución política contra ella. Dijo que hoy Romero es el responsable del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda como “premio” por sus actos, en lugar de estar inhabilitado o que se le siga un procedimiento. Y como esta persona, otros funcionarios de entonces continúan en puestos públicos, mientras ella y su equipo, que hicieron la primera investigación, son perseguidos.
Otra preocupación de Buchahin es que se investiguen aquellas operaciones que no se auditaron cuando su equipo fue despedido de la ASF para tratar de dificultar las investigaciones. Por ello, es necesario que se recuperen esos recursos millonarios presuntamente desviados a través de más de cien contratos: “No me quiero imaginar cuántos millones están disfrutando fuera personajes que ni siquiera están vinculados a una investigación. Eso no solamente demuestra la injusticia en este país sino la impunidad”.
De acuerdo a la exfuncionaria, Zebadúa González tendría que aportar toda la información sobre la llamada ‘Estafa Maestra’ para procesar a todas las personas que estuvieron involucradas y que pueda acogerse al criterio de oportunidad que le ofrece la Fiscalía General de la República (FGR).
“Yo no creo que se haya ido a campañas”, señaló. Lo anterior, dado que los partidos cuentan con demasiados recursos para estos fines y están acostumbrados a tener deudas con sus proveedores. “Creo que fue para bolsillos particulares de funcionarios de muy alto nivel, donde se involucran no solamente secretarios. Colegas que se han acercado con nosotros nos comentaron que había inclusive oficiales mayores de otras dependencias que llegaban a la antesala de Zebadúa”, mencionó.
Por lo tanto, cree que la Fiscalía debe realizar una investigación integral, más allá de las personas a las que Zebadúa pueda señalar, para esclarecer desde cuándo empezó el desvío de recursos y cómo se hizo: “Yo sí he visto que hay cierta protección en diversas áreas; la protección significa omisión, significa silencio, significa dejar de realizar ciertas actuaciones”.
Dicha investigación, a decir de la exfuncionaria, debe esclarecer todo lo relativo a las empresas fachada creadas para el presunto desvío de recursos, quiénes eran los enlaces al interior de la Secretaría de Hacienda que facilitaron el otorgamiento de los recursos, cómo fue el reparto territorial, por qué se utilizaron unas universidades y no otras. Ello sería fundamental para desarticular verdaderamente la red y evitar que este tipo de hechos sucedan en el futuro.
“Detrás de las declaraciones se tiene que ir al sustento de la trazabilidad del recurso, de los domicilios de las personas, de los cómo y los cuándo. De ahí por lo menos saldrían una decena de involucrados de alto nivel”, precisó.
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