La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el pago de más de 29 millones de dólares por parte del gobierno de Enrique Peña a la consultora BAIN & Company México, de la cual era parte Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Además de involucrarse en un posible conflicto de interés, la indagatoria acredita que la empresa no cumplió los supuestos servicios, informó el periódico Reforma en su edición del martes.
El diario tuvo acceso a la carpeta de investigación, en el que se muestra el contrato millonario signado entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y BAIN & Company México, luego de un proceso de adjudicación directa otorgada el 27 de octubre de 2015.
El contrato estipulaba que la consultora debía elaborar el programa de transformación de la CFE, incluido el modelo operativo, plan de inversiones, estrategia de financiamiento y plan de negocios 2016-2020.
La empresa entregaría 29 productos y brindaría los servicios de 76 asesores, entre ellos la hermana del entonces titular de Pemex. Como contraprestación recibiría 28.8 millones de dólares.
“En el listado de 76 asesores expertos ofertados, BAIN incluyó y se le aprobó la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, con lo que se actualizaba un supuesto conflicto de interés por ser pariente consanguíneo de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, lo cual era suficiente motivo para desechar su oferta”, establece la denuncia interpuesta por la CFE ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la que tuvo acceso Reforma.
A pesar de que el contrato se firmó y el pago se efectuó, no existe evidencia de la implementación y funcionalidad de los productos pagados y que ni siquiera hay documentos que comprueben su entrega, de acuerdo con la denuncia.
Además de la hermana de Emilio Lozoya, ejecutivos de BAIN & Company México también están bajo investigación, así como directivos de la CFE, incluyendo Guillermo Turrent Schnaas, exdirector de Modernización, y Javier Gutiérrez Becerril, exsubdirector de Modernización, ya que la auditoría efectuada al contrato reveló una tendencia a favorecer a BAIN sobre otras que ofrecían mejores condiciones.
Otros presuntos involucrados en este posible ilícito son Abraham Escudero Hernández y Víctor Aguilar Gómez, entonces subgerente y líder de la Oficina de Transformación, respectivamente, así como Gabino Rosales Jiménez, exauxiliar técnico de la dirección de Finanzas.
De ser encontrados culpables, la CFE reclamará el pago de una indemnización del mismo valor del contrato, que en hoy en día equivalen a casi 587 millones de pesos.
La denuncia detalla que, de los 76 expertos o asociados que debían desempeñarse en el proyecto, sólo 44 acreditaron su asistencia, mientras que otras 72 personas no estipuladas en el contrato asistieron a las instalaciones y tuvieron acceso a información e instalaciones estratégicas de la CFE sin ser supervisadas.
El pasado 16 de mayo, un juez de control volvió a girar una orden de aprehensión contra Gilda Susana Lozoya Austin, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por presuntas transferencias ilegales de dinero que recibió en el marco del caso Agronitrogenados.
Source link