Sobre el escritorio de un encargado de comunicación de una Secretaría de Estado mexicana descansa una pila de presentaciones de varios medios de comunicación. Son documentos que hablan de tirajes, ventas, seguidores en Twitter y amigos en Facebook. Papeles que presumen la influencia de periódicos, revistas, grupos radiofónicos y pequeñas y desconocidas publicaciones que ofrecen sus servicios. Cada pieza en el altillo es una esperanza por dar un pellizco al apetitoso pastel de la publicidad del Gobierno mexicano, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) sumó 60.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares, según cifras oficiales de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Y, de acuerdo con el presupuesto de 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador repartirá en publicidad durante su primer año unos 4.200 millones (222 millones de dólares), lo que permitirá a varias redacciones mantenerse a flote en un complicado momento para los medios.
El Universal, uno de los periódicos más leídos del país con un tiraje diario de 119.000 ejemplares, según la Agencia Certificadora y Gestora de Medios, una compañía privada contratada por la publicación hace un par de años, propone en su presentación a los funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cursos de media training, reportajes, encuestas y crónicas a la medida. El medio, que dice tener 364.000 lectores diarios en papel y 16 millones de usuarios únicos en Internet (febrero, Comscore), fue uno de los cinco más beneficiados por el dinero público en 2018 tras haber recibido 313 millones (16,5 millones de dólares) de publicidad oficial, de acuerdo con la información de comunicación social de la SFP.
La cifra está lejos de los 1.200 millones (63.5 millones de dólares) obtenidos por Televisa el último año de Gobierno de Peña Nieto. La televisora de Emilio Azcárraga fue la gran beneficiaria del presupuesto público. En seis años de Gobierno del PRI recibió al menos 9.900 millones de pesos, unos 530 millones de dólares, un monto superior a lo que López Obrador invertirá para construir cuatro hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el arranque de su Administración. Vender publicidad al Gobierno representó para la compañía 9,6 % de sus ventas netas en 2016 y el 7,9% un año después.
A lo largo de los primeros meses de 2019, representantes de diversos medios han desfilado por las oficinas públicas y los encargados de comunicación han visitado a las organizaciones informativas. Este cortejo, no exclusivo de México, en esta ocasión oculta los apuros que viven varias redacciones, que se han visto obligadas a prescindir de cientos de periodistas ante la promesa de Morena de limitar la inversión a los medios.
El viernes 8 de marzo, México se enteró de uno de estos despidos masivos. Quince jóvenes periodistas de Huffington Post México comunicaron en directo a través de sus redes sociales su despido de Grupo Imagen Multimedia, el consorcio que lanzó en septiembre de 2016 la versión internacional número 15 de la plataforma de Ariana Huffington. “Pues hoy cierra HuffPost México sin aviso ni nada”, escribió Mauricio Lechuga, uno de los redactores despedidos. “Nos quitaron accesos temprano con el pretexto de instalar un parche de seguridad y ahora toda la redacción no tiene trabajo”, añadió en Twitter. El equipo se quejó de que Imagen no pagó las liquidaciones que les correspondían, lo que los hizo virales en las redes entre contenidos del día de la mujer. Antes de irse, abrieron la web con una fotografía del equipo expulsado. “No nos fuimos, ¡nos fueron!”, titularon.
Grupo Imagen Multimedia es uno de los ejemplos de como los medios han sufrido para adaptarse a una nueva realidad política. El conglomerado fue uno de los más favorecidos por el Gobierno del PRI, que le ingresó 1.202 millones de pesos (63 millones de dólares) a su periódico Excélsior y otros 1.125 millones de pesos (59,5 millones de dólares) a Imagen Televisión, una concesión que comenzó a funcionar en el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, el resultado de las elecciones de 2018 no los favoreció. “Apostaron por José Antonio Meade [el candidato del PRI]”, asegura Laura Manzo, quien dirigió Huffington Post México por poco más de dos años. Meade quedó en tercer lugar de los comicios.
Alejandro Aguirre, director de innovación de Grupo Imagen, admite que en los últimos meses se ha despedido a más de 400 personas, el 25% de su plantilla, en un plan de recortes confeccionado para afrontar el futuro. El director general del grupo, Olegario Vázquez Aldir, es hoy parte del consejo asesor empresarial de López Obrador junto a otros empresarios de medios de comunicación que, como él, fueron beneficiados por el priísmo, como Bernardo Gómez, co-presidente de Televisa, y Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y Televisión Azteca.
Esta capacidad de adaptación no sorprende a quien se ha dedicado a estudiar la influencia que tiene el dinero público en el periodismo mexicano. “Es perverso. Los medios que viven de la publicidad oficial adaptan sus líneas editoriales”, señala Justine Dupuy, investigadora del centro de análisis Fundar. “Los medios no tienen colores políticos sino que cambian sus colores con quienes dan el dinero”.
“Definitivamente no es una situación normal”, dice Mayalen Elizondo, una consultora en recursos humanos y planeación de fuerza laboral, sobre la situación que viven los medios en México. El dinero público había servido de línea vital a una industria que vive en picada desde hace varios años. Esto había postergado el desastre. Sin embargo, los medios también reportan que no solo el Gobierno cuida mejor su dinero. El sector privado también ha disminuido la compra de anuncios. Esto ha creado una tormenta perfecta que tiene a un buen número de periodistas en la calle. “Hay muchos editores y periodistas sin trabajo y muy pocas vacantes. La cosa está bien complicada”, agrega.
Los líderes del sector, como El Universal, también sufren esta crisis. El diario recibió, en promedio, 274 millones de pesos (14,5 millones de dólares) cada año de Gobierno de Peña Nieto según datos de la SFP. Tan solo en 2018, el último de la Administración pasada, El Universal ingresó 21 millones de pesos (1,1 millones de dólares) solamente de la Secretaría de Gobernación (Interior). Con el cambio en el poder ejecutivo llegó, en el periódico, el despido de cientos de personas de la redacción, administrativos y empleados de la imprenta. David Aponte, el director editorial, quien no confirmó el número de despidos, rechazó que estos estén vinculados al cierre de la llave de la publicidad gubernamental. “Todo tiene que ver con la reconversión de la redacción a la plataforma digital” iniciada en 2018, dijo Aponte a EL PAÍS.
Estos son algunos ejemplos, de ninguna manera exhaustivos ante las dificultades para obtener datos o la negativa de los responsables a ofrecer explicaciones, que ayudan a ilustrar el delicado momento por el que atraviesan televisiones, radios, periódicos y medios de Internet en una crisis de la que nadie quiere hablar. No existen datos oficiales de la situación. Este vacío dificulta el estudio de la industria para los académicos interesados en las empresas informativas. “Esta opacidad no es un descuido, es deliberada”, considera Carlos Bravo Regidor, coordinador de la maestría en Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). “Es revelador que una industria dedicada a exigir transparencia sea la menos transparente de las industrias”, añade.
Un problema sin resolver
El ejecutivo de Morena inyectará en los medios de comunicación durante este año 4.258 millones de pesos, 225 millones de dólares. Esto representa un 30% más de lo que presupuestó Peña Nieto en 2018. Esto le ha traído críticas al Gobierno de izquierdas, que prometió durante la campaña electoral del año pasado recortar 50% el rubro en comunicación social. El Ejecutivo de López Obrador se defiende diciendo que ese monto representa una reducción significativa desde los 8.900 millones (470 millones de dólares) que el PRI terminó ejerciendo el año pasado en su imagen. El sobrejercicio en publicidad ha sido común en los sexenios de Peña y su antecesor, Felipe Calderón, quien gastó 56.300 millones de pesos en propaganda (2.978 millones de dólares).
Los expertos afirman que nada en los lineamientos publicados por el Gobierno en enero impide que se rebase nuevamente el presupuesto. “Estos lineamientos solo servirán para el Gobierno federal”, dice Dupuy. La coordinadora del programa anticorrupción de Fundar explica que los 32 Gobiernos estatales aún pueden apoyarse en la prensa para vender sus logros. “Se tiene que hablar de los criterios para asignar la publicidad oficial”, afirma la analista, quien recuerda que una ley que pretende regular la materia duerme el sueño de los justos desde hace un año. Tanto ella como otros expertos consideran que esa norma, la Ley de Comunicación Social, “no resuelve el problema” ni cambia la viciada relación entre el poder y los medios. Entre las propuestas hechas estaba la medición de audiencias por un organismo independiente como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La idea no prosperó.
La rendición de cuentas arrojaría luz en oscuros casos. Como por ejemplo, el pago de 4,9 millones de pesos (250.000 dólares) de la Secretaría de Cultura a Grupo Radio Fórmula en febrero de 2018 para promocionar los logros del Gobierno federal a lo largo de 19 días, de acuerdo con un contrato al que tuvo acceso este periódico. Otro es el pago del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al periódico Milenio por la transmisión de 20 cápsulas en 2017. El instituto pagó al diario 4.5 millones de pesos. Esta operación no figura en el informe de recursos autorizados por la dirección general de normatividad de comunicación del Gobierno federal de aquel año. Hasta el momento, la oscuridad sigue marcando la viciada relación entre el poder y los medios mexicanos.
EL PAÍS recibió durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto 5.626.000 pesos por publicidad oficial. En 2013 ingresó 887.000 pesos; 1.459.000 durante 2014; 600.000 en 2015; 1.448.000 en 2016; 989.000 en 2017 y 243.000 en 2018. El monto representa el 0.009% del dinero público que la Administración del PRI dio a los medios.
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