México no tiene ningún interés en investigar el asalto a su embajada en Ecuador el pasado 5 de abril, donde fue “secuestrado” por policías de ese país el exvicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado asilo al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo dijo Miguel Olmedo Robles, abogado de Glas y de Walter Solís, exministro de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), quien fue detenido el miércoles por la oficina de la Interpol en México y posteriormente liberado por encontrarse en el país bajo el estatus de refugiado.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Olmedo aseguró que el fiscal encargado del caso, perteneciente al área de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR), le dijo que la institución “no tenía interés en este asunto”, ya que los hechos habían tenido lugar en Ecuador y que le tocaba a México respetar la soberanía de ese país.
“De manera muy concreta, yo lo que le dije al fiscal fue: nosotros vamos a tener toda la información para que ustedes sepan quiénes, con nombre y apellido, se metieron y secuestraron a nuestro cliente. Y el fiscal federal me dijo que ellos no tenían interés en este asunto, que era un asunto que había acontecido en otro país y que lo que tocaba era que México respetara la soberanía de ese otro país, tal cual”, apuntó.
Señaló que forma parte de un grupo de abogados de diferentes países que lleva la defensa de Glas y de Solís en varias naciones, aunque consideró que “la investigación más importante tiene que ser en México, porque los hechos acontecidos en la embajada son competencia de la Fiscalía General de la República y del órgano jurisdiccional federal”.
Por lo tanto, Olmedo presentó una denuncia ante autoridades mexicanas por el “secuestro” de Jorge Glas por parte de la policía ecuatoriana.
“Evidentemente, como México no tiene relaciones diplomáticas con el Ecuador, está imposibilitado para hacer ciertas actuaciones policiales, para investigar quiénes se metieron [a la embajada], pero eso lo tenemos nosotros, porque somos parte de todos los procesos penales que están iniciados en contra de Jorge Glas”, indicó.
El abogado dijo que las palabras del fiscal encargado del caso representan una posición de la FGR como institución. “Tan es de forma institucional esa negativa, que a nosotros nos han puesto todas las trabas”, apuntó, por lo que han promovido un juicio de amparo en el caso. “Nos han dicho que no va a prosperar porque no hay la voluntad política de México de meterse en este asunto”.
Señaló que la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura se pronunció el pasado 14 de noviembre en torno a las duras condiciones en las que se encuentra Jorge Glas en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Ecuador, en la que -dijo Olmedo- “lo están matando”. Glas ha denunciado “tortura” y “trato inhumano” durante su cautiverio.
En ese sentido, consideró que el Estado mexicano maneja un peligroso doble discurso, pues mientras la FGR no investiga las circunstancias de la detención de Glas, un juez mexicano brinda apoyo “al gobierno represor y delincuente de [Daniel] Noboa para extraditar a refugiados que el Gobierno mexicano así reconoce”, como el exfuncionario Walter Solís.
Sobre la detención de Solís, narró que el miércoles agentes de la policía federal ministerial acudieron al domicilio de éste, quien vive en México desde 2020, y se lo llevaron detenido a las instalaciones de la FGR en el aeropuerto capitalino, donde se corroboró que un juez del Reclusorio Sur había ordenado su aprehensión con fines de extradición a Ecuador.
Olmedo enfatizó que Walter Solís está reconocido como refugiado desde 2021, por lo que acudió en calidad de abogado al aeropuerto, donde también se presentó personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que le mostró al fiscal federal el acuerdo de refugio, lo que derivó en que se dejara en libertad al exministro.
“No sé cómo un juez federal puede dictar una orden de extradición respecto de alguien que tiene una calidad de de refugiado y que lo quiere mandar al país de donde se fue; es una locura, ¿no? Y más tomando en cuenta que Ecuador es un país donde tenemos denunciado al presidente [Daniel Noboa] por el secuestro” del exvicepresidente Jorge Glas.
Mencionó que una muestra de la persecución política en contra de Walter Solís es que la propia Interpol ha cancelado varias fichas rojas que ha pedido Ecuador en su contra, “porque no se presta para ser instrumento represor de ningún gobierno”.
Adelantó que la defensa de Solís revisará por qué un juez federal ordenó de la detención con fines de extradición del exfuncionario, si éste tiene la condición de refugiado, y cuestionó que la FGR no “quiera investigar” el asalto a la embajada mexicana en Quito ni el “secuestro” de Jorge Glas.
Por su parte, el abogado Moisés Montiel, quien también forma parte de la defensa de Walter Solís, detalló que la fiscalía ecuatoriana ha implicado a su cliente con el “Caso Sobornos”, que tiene que ver con el presunto desvió de recursos de la reconstrucción de la provincia de Manabí, luego de un terremoto.
“La fiscalía imputa una serie de malversaciones de fondos con unas formas de participación, en el caso del señor Solís, muy remotas del hecho central. Esto hay que circunscribirlo a un contexto donde el Estado ecuatoriano utiliza el aparato de justicia para castigar, reprimir y encarcelar a la disidencia política, y el acuerdo de refugio de Walter es la mejor prueba de que por lo menos en la opinión del Estado mexicano, él es un perseguido político […] por eso no se le puede devolver al Estado de la persecución, es un refugiado cuyo principal derecho es el de no ser devuelto al país que lo está persiguiendo indebidamente”, enfatizó.
Montiel consideró que el paso siguiente será revisar cómo los pedidos de extradición se pueden convertir en órdenes de aprehensión, y si otros exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa se pueden ver afectados por esa circunstancia, habida cuenta de que la mayor parte de ellos son asilados o refugiados.
Ve la entrevista completa:
Source link