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Fiscal pide 12 años de cárcel para Cristina Kirchner por caso de corrupción

Fiscal pide 12 años de cárcel para Cristina Kirchner por caso de corrupción

Fiscales de Argentina solicitaron 12 años de cárcel y la inhabilitación total para que Cristina Kirchner, actual vicepresidenta del país, no pueda desempeñar más cargos públicos.

La solicitud se presentó en una audiencia clave del caso Vialidad, donde son investigados presuntos actos de corrupción entre decenas de servidores públicos y empresarios para repartir contratos de obras públicas, donde el principal involucrado es el empresario Lázaro Báez, para quien también piden 12 años de prisión.

Otros 12 imputados son señalados por participar en el esquema para direccionar el dinero público a empresas con operaban con sobrecostos y que no garantizaban terminar con los trabajos.

Sobre la actual vicepresidenta, el fiscal sostuvo que era la cabeza “de una asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública”, según el registro de la sesión que lleva La Nación.

La investigación oficial apunta que en este caso se registraron arbitrariedades, abuso de poder y atropellos a las normas de contratación para beneficiar al grupo empresarial de Lázaro Báez.

El fiscal dijo que “se trató de actos de corrupción sistemáticos que arrasaron con todos los principios de contratación pública ocasionando un enorme perjuicio a las arcas del Estado”, según el reporte en vivo de Clarin.

En redes sociales, la política argentina dijo que los fiscales presentaron acusaciones por hechos que nunca habían mencionado, por lo que pidió ampliar su declaración:

Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

Minutos después de la audiencia, el gobierno de Alberto Fernández afirmó que hay una “persecución judicial y mediática” contra la vicepresidenta.

En comunicado, el gobierno afirma que ninguno de los delitos ha sido probado.




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