Los fiscales del caso en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna se centraron en el tercer día del juicio en tratar de vincular la venta de cocaína en la ciudad de Nueva York con el Cártel de Sinaloa, una conexión clave en la denuncia contra el exfuncionario mexicano.
Para ello, este miércoles convocaron a varios agentes de diferentes cuerpos de seguridad, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) o de la Policía de Narcóticos de Chicago para hablar sobre incautaciones de cocaína en Nueva York y también en Chicago.
Estas incautaciones reforzaron el testimonio de un testigo cooperante de la Fiscalía, Tirso Martínez Sánchez, que trabajó como responsable de la introducción de cocaína del Cártel de Sinaloa a través del transporte ferroviario, desde México a tres ciudades estadounidenses: Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
En su declaración, Martínez Sánchez mencionó las redadas de dos de sus almacenes de cocaína en Nueva York y uno en Chicago.
El exresponsable de Seguridad Pública de México durante la era del presidente Felipe Calderón (2006-2012) está imputado por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.
La Fiscalía espera convencer a los miembros del jurado “más allá de la duda razonable” de que, en último término, García Luna es responsable de esa venta de cocaína en Estados Unidos porque colaboró activamente con la banda criminal.
En un principio la Fiscalía quería utilizar el testimonio de Martínez Sánchez para señalar de nuevo a García Luna como objetivo de los sobornos del Cártel de Sinaloa, pero finalmente tuvo que renunciar a ello ante el rechazo del juez Brian Cogan, que consideró que no había suficiente material para hacer esa conexión.
Entonces, los abogados del Gobierno se centraron en intentar demostrar que los narcos del clan de Sinaloa vendían su droga en Estados Unidos.
La Fiscalía cerró la jornada y la semana -el jueves y el viernes no habrá vista-, con el testimonio de un traficante neoyorquino de origen dominicano, identificado como Héctor Tolentino, que vendía en Nueva York distintos tipos de droga que recibía de un traficante del clan mexicano, antes de ser detenido en 2019.
Durante el testimonio de Tolentino, de 31 años y que compareció vestido con uniforme carcelario, la Fiscalía mostró un video que su socio del clan de Sinaloa, identificado como “Don Manuel”, le había enviado y en el que se escucha un narcocorrido que habla de llevar la droga desde Culiacán a Nueva York.
Camisas sucias para su esposa
García Luna, que este miércoles entregó varias camisas sucias a su esposa, Linda Cristina Pereyra, se mostró animado como en las vistas anteriores y no escatimó sonrisas, saludos a su equipo de defensa y, en especial, al jefe del equipo César de Castro, a quien abrazó antes de salir de la sala.
En esta primera semana, la Fiscalía comenzó a llamar a sus testigos. El primero y más contundente de los testigos ha sido el narco del Cártel de Sinaloa, ahora arrepentido, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que aseguró haber presenciado el pago de sobornos a García Luna, por parte del capo Arturo Beltrán Leyva, líder de la facción sinaloense de los Hermanos Beltrán Leyva.
Según “El Grande”, a cambio de unos pagos mensuales que iban entre 1,5 millones, primero, y que alcanzaron los 3 millones de dólares, García Luna proveía al Cártel información, ayuda para luchar contra facciones rivales y garantizaba el nombramiento de mandos de seguridad afines en todo el país.
“El Grande” llegó a describir los sobornos al exministro de Seguridad Pública mexicano como la mejor inversión del Cártel de Sinaloa.
Por su parte, la defensa se ha apegado a su estrategia de argumentar que la Fiscalía no posee ninguna “prueba” objetiva contra su cliente, como documentos, grabaciones o fotografías.
Y que el caso se basa en “rumores” y “especulaciones de asesinos, secuestradores y traficantes de droga”, que únicamente buscan vengarse de quien fuera el máximo responsable de combatir el narcotráfico y beneficiarse de reducciones de penas por colaborar con el Gobierno estadounidense. (EFE)
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