El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró este viernes que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.
Asimismo, la Fiscalía abrió un nuevo caso contra Bernardo Arévalo y pidió el retiro de su inmunidad, en el marco de los denunciados intentos por revertir su victoria electoral del pasado 20 de agosto.
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La Fiscalía, criticada a nivel local e internacional en los últimos meses, aseguró que Arévalo de León cometió una serie de delitos en la constitución legal y el manejo financiero de su partido político, Movimiento Semilla.
Desde el pasado 12 de julio, el Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha intentado revertir los resultados electorales de los comicios celebrados el 25 de junio en primera vuelta y el balotaje 20 de agosto.
En noviembre, casi una treintena de expresidentes de Iberoamérica denunciaron que en Guatemala está en marcha “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático” dada la “persecución y judicialización del presidente y la vicepresidente electos” del país, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera, a quienes expresaron su respaldo.
Esa persecución hacia el binomio electo tiene el “reiterado y evidente propósito de inhabilitar la manifestación soberana de los guatemaltecos ya expresada en elecciones libres”, dijeron los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).
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En octubre el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala dio por concluido el proceso electoral, haciendo así oficial los resultados de las elecciones de agosto.
Con esta decisión, el TSE rechazó una demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos políticos que pretendían alargar el periodo electoral hasta el 15 de enero, con vistas a impedir que la Fiscalía pudiera poner en entredicho la investidura de Arévalo.
Por tanto, Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, deberán tomar posesión de sus cargos el 14 de enero, así como el resto de cargos electos si finalmente no prosperan los intentos de la Fiscalía por cancelar el Movimiento Semilla.
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Los principales instigadores de esta causa –cuestionada tanto dentro como fuera de Guatemala– son el juez Fredy Orellana; el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche; y la fiscal general, Consuelo Porras, incluida esta última en una lista de agentes corruptos elaborado por Estados Unidos.
(Con información de EFE)
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