La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.
El documento, al que tuvo acceso la agencia EFE, señala a Castillo como “presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión” y, “alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración”.
Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.
El Congreso peruano aprobó en la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente Pedro Castillo que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios-, lo que abrió el camino para que la Fiscalía ampliara la detención preventiva por rebelión.
La resolución, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
En un pleno extraordinario muy bronco, en el que incluso un parlamentario defensor de Castillo agredió a un detractor del exmandatario, el Legislativo puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.
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La congresista Adriana Tudela, del partido derechista Avanza País, pidió al pleno autorizar a la mesa directiva para proponer un proyecto de ley que autorice el levantamiento del fuero a Castillo, dado que, en su opinión, “amenazó con la destrucción del Estado de derecho” al plantear un autogolpe de Estado.
Con esta resolución se elimina el antejuicio que es un procedimiento político-jurídico a través de cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función, con el fin de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los funcionarios acusados.
La medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo, en tanto que el gobierno de México informó recibió una solicitud de asilo por parte del exgobernante.
Los legisladores de Perú Libre, el partido por el que Castillo llegó a la presidencia de la República en 2021, y otros grupos políticos afines cuestionaron la destitución y detención del expresidente, algunos de los cuales señalaron que es un perseguido político y que la actual mandataria, Dina Boluarte, debe renunciar al cargo por estos hechos.
Boluarte anunció la madrugada de este lunes que propondrá al Congreso el adelanto de elecciones generales para el 2024, en vista a las protestas y movilizaciones sociales que se han agudizado en las últimas horas, con el saldo de dos fallecidos y decenas de heridos, en reclamo del cierre del Congreso y la convocatoria a un nuevo proceso electoral.
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(Con información de EFE)
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