Por Alejandro Castro
Karla Odette Vivas Medina fue arrestada el 28 de mayo de 2021 por elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), en cumplimiento a una orden judicial por su probable responsabilidad en el homicidio del político Ignacio Sánchez Cordero, quien era virtual candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos, ocurrido el 24 de febrero de 2021.
Tras su detención, fueron filtrados a los medios audios de mensajería donde, supuestamente, Vivas habría planeado la muerte del precandidato, quien fuera competencia de su hermana Yazmin Vivas Medina, que aspiraba al mismo cargo de elección popular.
La inculpada fue vinculada a proceso el 2 de junio de 2021 por el juez de control del municipio de Solidaridad, Emmanuel Peniche Caro, quien dictó la prisión como medida cautelar durante el proceso de investigación, tal como lo solicitó el Ministerio Público.
Sin embargo, la principal y cuasi única prueba que versa en la carpeta de investigación, a través de la cual se solicitó el arresto y vinculación a proceso, fue manipulada por personal de la Fiscalía General del Estado, a través de la falsificación de firmas, según pudo constatar este reportero.
Para este reportaje, se tuvo acceso al expediente completo de la investigación sobre el homicidio de Ignacio Sánchez Cordero, perpetrado a las 9:10 horas del 24 de febrero de 2021, en una cafetería del poblado de Puerto Morelos. Los atacantes lograron huir.
La investigación preliminar
‘Nacho’, como también se le conocía, era secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Puerto Morelos y, en apariencia, la carta fuerte del Partido Verde Ecologista de México para ser el abanderado a la presidencia municipal, junto con los partidos de la coalición previamente conformada por Morena y el Partido del Trabajo.
Previo a su asesinato, el 9 de enero de 2021, Ignacio Sánchez hizo una visita a la Unidad de la Fiscalía en Puerto Morelos y se apersonó con el director de la Policía de Investigación, Jesús Alexander Carrillo Heredia. El motivo de su visita fue solicitar que cuando iniciaran las campañas se le apoyara y se hicieran patrullajes en los eventos masivos que realizaría como candidato; no solo para él, sino para todos los partidos. Manifestó que no sabía aún por cuál partido competiría, pero se comprometió a regresar e informar cuando tuviera certeza. Dijo que no sentía temor por su vida, según consta en un oficio anexado a la carpeta.
El día de la ejecución, su esposa Blanca Merari Tziu Muñoz fue la encargada de reconocer el cuerpo y levantar la denuncia por el delito de homicidio contra quien o quienes resultasen responsables.
En su declaración, únicamente señaló que el fallecido tenía rivalidad con una persona de nombre Romay y con Tirso Esquivel, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Urbano del mismo municipio y también buscaba entonces una candidatura.
Como parte del procedimiento, personal del Ministerio Público realizó una serie de entrevistas en calidad de testigos a colaboradores y cercanos de Sánchez Cordero, incluso a la entonces alcaldesa Laura Fernández Piña y a los miembros del Cabildo.
Varios de los testigos confirmaron las diferencias entre Sánchez Cordero y Tirso Esquivel. Un testigo también abordó una presunta diferencia con la presidenta Fernández Piña, ante la posibilidad de que él no fuera el candidato de la coalición PVEM-Morena-PT.
La primera línea de investigación apuntó hacia Tirso Esquivel. La Fiscalía recabó varias notas periodísticas donde se apuntó a este personaje, quien después sería candidato a la presidencia por el partido Fuerza por México.
El 11 de abril de 2021 la FGE cateó el domicilio de Esquivel, con una orden concedida por un juez, en busca de indicios. También se intervinieron sus líneas de telefonía celular.
Tras el cateo, el ya pactado candidato de Fuerza por México dijo a través de un video en sus redes sociales que se trataba de una ‘intimidación’ y aseguró que no tenía ningún nexo con las personas que cometieron el delito.
Los fiscales solicitaron y obtuvieron la autorización judicial para revisar las comunicaciones de otras personas cercanas a Ignacio Sánchez. Se revisaron los peritajes correspondientes y la necropsia realizada, pero no se obtuvieron indicios sólidos para determinar una responsabilidad.
Atentado contra la viuda Blanca Merari, hoy alcaldesa de Puerto Morelos
Tras la ejecución de Sánchez Cordero, la viuda Blanca Merari Tziu Múñoz fue la persona designada para abanderar a la coalición Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal. Su campaña arrancó el 19 de abril en Puerto Morelos, acompañada de la alcaldesa Laura Fernández, quien estaba buscando entonces una curul en la Cámara de Diputados (la cual consiguió).
El 4 de mayo de 2021, durante una gira proselitista, Blanca Merari sufrió un intento de atentado, según reportó su equipo de campaña. La policía local informó que aproximadamente a las 17:15 horas cuatro sujetos a bordo de una camioneta Mazda se pegaron a la patrulla y amenazaron a un elemento, para luego darse a la fuga.
La camioneta fue abandonada en un área verde y los sujetos lograron huir cargando sus armas consigo, según el informe incluido en la investigación.
En el vehículo -que contaba con reporte de robo- fue encontrado un teléfono celular marca Samsung color rojo, así como algunas armas y casquillos.
Estos hechos implicaron una nueva denuncia por parte de Blanca Merari Tziu, contra quienes resultaran responsables por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa.
La Fiscalía procedió a solicitar al Juez autorización para la revisión exhaustiva del teléfono Samsung rojo abandonado en la camioneta, para tener acceso a llamadas y mensajería, así como a aplicaciones móviles, a fin de recabar indicios.
El 10 de mayo de 2021 se recibió autorización por parte del noveno juez de control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
El 15 de mayo de 2021 la FGE recibió de los agentes de la Policía de Investigación la información extraída del teléfono celular en un dispositivo USB marca Kimtigo, color plata de 8GB.
En la revisión de la mensajería de WhatsApp incluida en el expediente, se observa que, presuntamente, de las 85 conversaciones abiertas, solo había tres contactos con nombres de usuario entendibles, el de “Juan Pérez”, “Karla Vivas” y Yazmin Vivas.
El expediente apunta que hay una conversación a la que se le presta especial atención, con un número telefónico con terminación 5896 propiedad de Karla Vivas, hermana de Yazmin Vivas, quien contendió por la presidencia municipal de Puerto Morelos, como abanderada del PES.
“Se puede observar que dicha plática versa sobre casas de seguridad, compra de municiones, armas de fuego, equipo táctico, así como alinear a taxistas para apoyar a candidata”, dice el expediente de la Fiscalía.
No obstante, en las conversaciones que se anexan no se hacen referencias a casas de seguridad ni tampoco armas de fuego o municiones, solo a la compra de chalecos (no se especifica si son antibalas). También intercambian información sobre la campaña y personas de las otras planillas.
La Fiscalía encontró también seis audios considerados como relevantes, donde se usa un lenguaje soez y se habla de extorsionar a una persona para que done cosas para la campaña, así como la idea de hacer un grupo de choque.
Se procedió a investigar los antecedentes de las hermanas, sus vehículos y sus líneas telefónicas, al mismo tiempo que Yazmin Vivas contendía por la presidencia municipal.
En este punto, la línea de investigación se centró en Karla Vivas, sin que se concretara un llamado por parte de la Fiscalía o el juez…
El testigo protegido
Sin embargo, 10 días después una “casualidad” afianzó la hipótesis. El 25 de mayo fue aprehendido un sujeto con iniciales J.D.P.M (se reserva identidad) por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
A esta persona se le asignó como abogado de oficio al licenciado David Santes Hernández, quien supuestamente tomó su declaración inicial.
“No es mi deseo declarar por cuanto a los hechos por los cuales me detuvieron, pero una vez que tuve una plática con mi defensor, es mi deseo dar información respecto a unos homicidios que sucedieron en Puerto Morelos, uno donde mataron al candidato Nacho a mediados de febrero de este año y otro donde atacaron a su esposa del muerto Nacho, de nombre Blanca, que también es candidata”, dice la declaración del detenido por narcomenudeo. El oficio está firmado por Rosa María Valentín Rodríguez, fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud, en la zona norte de Quintana Roo.
En el nombramiento del defensor público se refiere que la persona se hace llamar (nombre con iniciales) J.D.P.M, pero indica que no cuenta con identificación que así lo avale. Ahí, el defensor público “acepta” el nombramiento y protesta desempeñarlo fielmente. Dicho nombramiento es firmado tanto por la fiscal como por el defensor David Santes y el detenido J.D.P.M.
En su declaración, ya en calidad de “testigo protegido”, J.D.P.M detalla que llegó a Cancún para trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero luego de que algunos de sus conocidos fueran detenidos o huyeron, él terminó por alinearse al cártel de Sinaloa.
Ahí cuenta cómo presuntamente se trabajaba en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Vista Real, proporcionando calle y número.
“A mediados de febrero Alias 15, Alias 14 y Alias 18 llegaron a la casa del Fraccionamiento en compañía de una fémina, la cual tenían vendada de los ojos, de complexión robusta y tez morena, de estatura baja y un poco pecosa, como de unos 40 años. Después de que le quitaron la venda Alias 15 le dijo que era por protección. Después de que le quitaron la venda estuvo platicando con mis patrones y escuché que le decían ‘la tía’.
“Querían apoyar a la hermana de la tía, que iba a ser candidata de Puerto Morelos para ser presidenta municipal de un partido político, la cual identificaban como Yazmin”, se lee en la declaración del testigo protegido.
Añade que en ocasiones Karla Vivas entregaba dinero a sus patrones para “dejarle el campo libre a Yazmin”. A cambio, presuntamente, ella se comprometía a dejar como encargado de la Policía Municipal a quien los delincuentes designaran.
Más adelante relata que a mediados de febrero ‘la tía’ se reunió nuevamente con sus patrones y les entregó una mochila, señalando que ahí había 300 mil pesos como primer pago y que el resto se daría cuando mataran al candidato Nacho, que era un “estorbo” para que su hermana llegara a la presidencia.
“Al día siguiente me enteré por mis patrones que se habían chingado al candidato Nacho y andaban festejando por ese desmadre, porque la vuelta había salido bien ya que habían enviado un sicario a matarlo”, indica.
En la parte final del testimonio, refiere que a finales de abril de 2021, estando en la casa de seguridad, llegaron Alias 14, 15 y 16 y también estaba ‘la tía’, y supuestamente hablaron sobre los problemas que les implicaba Blanca Merari para la candidatura de Yazmin Vivas, por lo que decidieron que lo mejor era “chingarse a la viuda”
“Fue entonces que ya para el día 4 de mayo de este año me enteré que el grupo de choque de Alias 14 se fueron a buscar a esta mujer para hacer el trabajo que les encargó Karla Vivas, y por la tarde me enteré por las redes sociales que los policías los habían correteado, que tuvieron que abandonar el coche que usaba Alias 14 y unas armas, y que se metieron al monto. Dicho coche es una camioneta Mazda CX3 color blanco”
La declaración del sujeto, detenido por otros delitos y, por azares, relacionado con el caso que estaba en el ojo público, es plenamente coincidente con los hechos descritos anteriormente por la policía y se relacionan con los mensajes identificados en el teléfono Samsung rojo.
El 26 de mayo de 2021, un día después de presentada la declaración, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez de control la aprehensión de Karla Vivas Medina (la tía), así como de Francisco Humberto Zúñiga Castillo (alias 14), Héctor Elías Flores Aceves (alias el 15) y Oscar Dzul Cortés (alias 18), por delitos en agravio de la vida de Ignacio Sánchez Cordero.
La orden de aprehensión contra los supuestos sicarios fue concretada apenas un día después de que fue concedida, el 28 de mayo de 2021. Rapidez poco común en los casos de homicidio que acumula la institución.
Irregularidades y manipulación del caso
Tras la detención, el periódico Reforma difundió una serie de audios donde, presuntamente, Karla Vivas habló sobre atentar contra la vida de la viuda y hace referencia a una supuesta extorsión para sumar a la campaña electoral.
Dichos audios -aunque editados- son coincidentes con la transcripción de los “audios relevantes” obtenidos del supuesto teléfono Samsung rojo que fue abandonado en la camioneta Mazda el día del intento de atentado contra Blanca Merari, resguardados en un dispositivo USB marca Kimtigo, color plata de 8GB dentro de la bodega de evidencias de la Fiscalía.
La principal prueba para solicitar la detención de Karla Vivas y su vinculación a proceso -cuatro días antes de la jornada electoral- se basó en la declaración del testigo protegido, que responde a las iniciales de J.D.P.M. Los audios no fueron utilizados como prueba para la solicitud de la orden de aprehensión contra Vivas.
Dicha declaración -prueba medular- fue asistida presuntamente por el defensor público David Santes Hernández, con la entrevista de la policía de investigación Cinthia Karina Antonio Ku.
Sin embargo, tanto las firmas de J.D.P.M como del abogado David Santes son diferentes en el oficio de nombramiento del defensor y en el oficio de declaración.
La defensa de Karla Vivas identificó la diferencia en las firmas y anexó como prueba un dictamen de grafoscopía realizado por el perito independiente Omar David Soriano Hernández, registrado en el padrón de peritos del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
“Se determina que no existen similitudes, concordancias y correspondencia de características generales, estructurales y morfológicas de suscripción de firma dubitada y firmas indubitadas de quien dice ser David Santes Hernandez, por lo tanto que las firmas estudiadas no corresponden al origen y gesto gráfico de la misma persona”, dice la conclusión del dictamen.
La defensa solicitó al juez la comparecencia del abogado de oficio David Santes como testigo, pero la audiencia fue cancelada 25 minutos antes de la hora prevista.
Este reportero tuvo acceso a una entrevista con el abogado David Santes, para cuestionar la veracidad o no de su firma en el documento eje de la vinculación a proceso. Santes prefirió no adentrarse en declaraciones, pues apuntó que por su trabajo en el Poder Judicial debe guardar sigilo de la información. No obstante, confirmó a este medio que ninguna de las dos firmas fueron colocadas por él, pues nunca atendió a esa persona. Asimismo, incluso, refirió que como defensor de oficio, no está dentro de sus facultades asistir a un testigo protegido.
Otra de las irregularidades es la presunta casa de seguridad, ubicada en el fraccionamiento Vista Real, desde donde se habría ordenado el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero.
Se acudió al fraccionamiento y domicilio, mismo que, aseguran los vecinos, es un hogar habitado por la misma familia desde hace más de tres años. “Son conocidas aquí por todos”, dijo una residente. Tiene plantas, pasto y no cuenta con ningún selló de clausura por parte de la Fiscalía General del Estado.
Una vecina comentó que alguna vez la Fiscalía acudió a hacer una revisión, pero no hay ningún cateo a esa casa incluido en la carpeta de investigación.
Detención
El día que Karla Vivas fue detenida regresaba de comprar carne para preparar comida al personal de la campaña de su hermana, Yazmin Vivas. Viajaba junto con Miriam Zarate, una amiga de la infancia que apoyaba la candidatura y un tercer joven, que se desempeñaba como fotógrafo.
En una breve entrevista desde el Centro de Reinserción Social de Solidaridad, Karla Vivas contó a este reportero que fue aprehendida por policías de investigación en una patrulla de la Policía Estatal, poco antes de las 13:00 horas del 28 de mayo.
Su traslado fue en la batea de la patrulla hacia las instalaciones del Puesto de Mando de la Policía Estatal. No fue presentada ante el Ministerio Público, sino hasta cuatro horas después.
La hoy recluida narra que fue trasladada en una camioneta al Centro de Reinserción Social de Playa del Carmen, conducida por dos personas. Una colonia antes, descendieron del vehículo y se subieron otras cuatro, para custodiarla hasta el lugar.
Indicó que su integridad física fue respetada, pues no recibió golpes durante el proceso de detención ni en la prisión.
Miriam Zarate, quien acompañaba a Karla Vivas en el vehículo como copiloto, también fue detenida, junto con el fotógrafo que viajaba con ellas, aunque ninguno tenía orden de aprehensión.
Cuando la patrulla los detuvo, les mencionaron que era una inspección de rutina y solicitaron a la conductora, Karla, mostrar su identificación. Posteriormente le pidieron revisar la cajuela. Cuando bajó, fue que la esposaron, según contó la acompañante.
A Miriam la obligaron a conducir el auto de Karla Vivas hasta las mismas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
“Nos llevaban apuntando con el arma. Una policía se subió de copiloto y dos policías atrás, el chavo quedó en medio. En el camino, empezó a sonar el teléfono de Karla y le dije que me dejara contestar, pero contestó ella (la policía) y agarró y le puso el altavoz, pero le quitó el micrófono para que no pudieran escucharnos. La policía nada más se reía. En eso entró una llamada de Yazmin y la policía lo vio y le colgó, sacó un teléfono de su bolsa y le marcó a alguien para decirle ‘le está hablando la candidata a su hermana’, no sé qué le habrán dicho pero agarró y guardó el teléfono”, contó Zárate a este reportero.
En el Puesto de Mando, dice, no les permitieron hacer ninguna llamada. Les sugirieron guardar silencio. Luego les vendaron los ojos y los mantuvieron de pie cuatro horas de cara a la pared, con algunos golpes en las costillas, hasta que los llevaron al Ministerio Público, ubicado sobre la avenida Xcaret con Kabah, en Cancún.
Tras varias horas de detención en los separos, un defensor de oficio les hizo saber que estaban acusados de ultrajes a la autoridad y de manejar en estado inconveniente. Fueron liberados hasta 72 horas después. En ese lapso, asegura, a ella le pidieron 15 mil pesos para dejarla libre, mientras que al fotógrafo le pedían 50 mil.
Tanto Karla Vivas como Miriam Zarate interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, pero Zárate sostiene que, en más de dos meses, no ha podido comunicarse con la persona encargada de llevar su caso.
Este reportero solicitó en al menos en tres ocasiones a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través de su vocera, una entrevista para conocer su postura acerca de la información vertida en este reportaje. Al cierre de edición no se tuvo respuesta para concretar dicha entrevista, aunque se mencionó que la agenda del fiscal estaba saturada por los hechos violentos registrados durante la última semana en el estado.
También se solicitó una entrevista con Blanca Merari Tziu, viuda de Ignacio Sánchez Cordero y hoy alcaldesa de Puerto Morelos, pero al hasta el momento su equipo tampoco ha dado respuesta.
Amparo
Karla Vivas fue vinculada a proceso el 2 de junio por el juez Emmanuel Peniche Caro, tras la primera audiencia inicial. El juzgador consideró suficientes los elementos aportados por los ministeriales para dicha vinculación y dictó la prisión como medida cautelar.
Yazmin Vivas aseveró que la detención de su hermana fue una maniobra política para impedir que llegara al poder en el Ayuntamiento, supuestamente orquestada por la “pasada administración”.
Diego Escalante, abogado de la detenida, afirmó que el juez decidió cancelar la audiencia donde se solicitaba testificación del abogado de oficio, cuyo testimonio derrumba la principal prueba de acusación, que es la presunta declaración de un testigo protegido.
Tampoco aceptó recibir en informe de grafoscopía elaborado por el perito independiente Omar David Soriano Hernández, que da cuenta de la falsificación de la firma del abogado de oficio.
El abogado de Karla Vivas decidió ingresar un amparo ante un juez federal de Distrito, por las presuntas omisiones del juez de control, al no aceptar los medios de prueba y vincular a proceso a su clienta.
El amparo apunta que la negativa del juez atenta contra el derecho a la defensa, toda vez que en el proceso penal de orden acusatorio y adversarial está permitido que el imputado, sujeto a medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, aporte datos y medios de prueba, según se establece en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Cuando el derecho humano a la libertad está comprometido, es válido y necesario que en la ampliación del término constitucional el imputado esté en aptitud de ofrecer no solo datos de prueba para desvirtuar la imputación, sino también medios probatorios, siendo obligación de la autoridad jurisdiccional desahogarlos si los mismos resultan idóneos y pertinentes”, se lee en el documento.
También cita la tesis aislada 1ra CCCXXVII/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual refiere que las declaraciones de los testigos protegidos no pueden tener, apriorísticamente, un valor preponderante, pues están condicionadas a la constatación de efectividad/utilidad por parte de las autoridades jurisdiccionales.
El 5 de octubre de 2021 el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Quintana Roo, donde recayó el amparo, resolvió a favor de Karla Vivas.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a Karla Odeth Vivas Medina contra actos del juez de control oral de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, conforme a las razones expuestas”, indica la resolución del juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez.
Diego Escalante, el abogado, indicó que este amparo ordena al juez de control reponer la audiencia de vinculación a proceso.
Sin embargo, el juez de control que inicialmente dictó la vinculación a proceso, Emmanuel Peniche Caro, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal en agosto pasado, luego del escándalo desatado tras la liberación de un presunto violador, de manera que será otro juez quien reponga el procedimiento.
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