Este 7 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ofreció una disculpa pública a las familias de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez y otras dos personas más, quienes fueron desaparecidas en 2010 sin que las autoridades emprendieran acciones para su búsqueda e investigación del caso.
La disculpa pública forma parte de las acciones que integran la recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual exige la reparación de daño a las Fiscalías de Jalisco y Zacatecas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó a través de su sitio de X, de manera breve, sobre el acontecimiento, sin dar detalles de los alcances.
Desde FGJEZ, damos inicio con el cumplimiento de la recomendación 167/2023, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El evento se llevó a cabo en el auditorio de la fiscalía y estuvo encabezado por el actual titular, Cristian Paul Camacho Osnaya, quien reconoció los señalamientos ante familiares de las víctimas desaparecidas, aunque el suceso ocurrió en otra administración.
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Cuatro personas desaparecidas, dos fiscalías involucradas
La recomendación de la CNDH partió de una queja que recibió el 27 de mayo de 2017 —7 años después del agravio—procedente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, presentada en contra de las Procuradurías de Justicia de los Estados de Jalisco y Zacatecas.
“En la que se aborda el caso relacionado con la desaparición de cuatro personas, dos de ellas que viajaron de la comunidad de Ahualulco, Jalisco, hacia Guadalajara, donde se encontraron con dos personas más para iniciar un viaje vacacional a la ciudad de Oklahoma”, señala la recomendación.
Los familiares de las 4 víctimas presentaron denuncias ante las dos fiscalías refiriendo que “el 16 de noviembre de 2010 recibieron un mensaje de texto, procedente del teléfono celular de una de las cuatro desaparecidos y que en él se solicitaba depositar una cantidad de dinero a una cuenta bancaria a cambio de su liberación”.
Por esta situación, las familias acudieron ante las autoridades ministeriales quienes incumplieron con solicitar datos mínimos para iniciar la búsqueda e investigación.
Fotos: CEPAD
“Asimismo, se acreditaron omisiones y dilación en el desahogo de las diligencias, y aunque al presentar las denuncias se alertó del peligro que corrían las personas implicadas, no se realizaron las acciones necesarias para obtener informes de autoridades”.
Las autoridades tampoco buscaron la declaración de testigos, ni la obtención de perfiles genéticos de familiares y tampoco analizaron las comunicaciones de las víctimas, generadas antes y después de su desaparición.
Las autoridades de ambos estados no realizaron investigación oportuna y diligente sobre la situación, ya que en los primeros cuatro años, la extinta Procuraduría de Jalisco “determinó su incompetencia a su homóloga del estado de Zacatecas, con lo que se evidenció “una deficiente actuación de, por lo menos, cinco personas servidoras públicas”, señaló la CNDH.
La recomendación también refiere que en la entonces Procuraduría de Jalisco en la Unidad Especializada en el Delito de Secuestro tampoco se realizaron acciones de investigación y búsqueda.
Foto: Archvo
“No encausaron esfuerzo alguno para investigar con idoneidad y pertinencia, esto es, no realizaron acciones para obtener la identidad de los responsables del hecho delictivo, su ubicación, redes de llamadas, modus vivendi o antecedentes de los mismos.”
Además, se acreditó que la también extinta procuraduría de Zacatecas “a través de la autorización de reserva de una averiguación previa, transgredió lo establecido en el artículo 13 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, y en ese sentido, se afectó a las víctimas y con ello a la investigación misma debido a que existían diligencias ministeriales que no fueron practicadas”.
Disculpa pública y reparación del daño
La CNDH ordenó la disculpa pública y reparación del daño debido a que todavía no se sabe nada de las cuatro personas desaparecidas, generando sufrimiento a sus familiares.
Foto: Archivo, Cuartoscuro
La Comisión también señaló deficiencias en la función investigadora, encabezadas por la entonces Procuraduría de Zacatecas, por lo que se logró acreditar una serie de violaciones a derechos relacionados con el acceso a la justicia, a la verdad y el derecho a la integridad personal.
“Por lo anterior, la CNDH solicita a los titulares de las fiscalías de Zacatecas y Jalisco que se proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado, la cual deberá incluir la compensación proporcional conforme a los procedimientos señalados en la Ley General de Víctimas para las personas familiares que resultaron ser también víctimas indirectas”.
Foto: Archivo. Cuartoscuro
la CNDH también recomendó que se lleven a cabo las investigaciones que no se han realizado y reiniciar la búsqueda de las cuatro víctimas de desaparición.
Reacciones sobre la recomendación 167/2023
Durante el evento realizado en Zacatecas, estuvo presente el hijo de la pareja conformada por Dalia y Luis Ramón, quien tenía 3 años cuando sus padres desaparecieron.
Durante el evento sostuvo que la inacción e “indiferencia de las autoridades me dejó sin padres”.
La recomendación de la CNDH, emitida en diciembre de 2023, subraya la falta de respuesta adecuada ante el caso y los derechos vulnerados de los familiares.
Hasta el momento el estado de Jalisco sigue sin responder a esta recomendación.
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