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Fiscalía suiza investiga filtración de datos de Credit Suisse

Fiscalía suiza investiga filtración de datos de Credit Suisse

La Fiscalía General de Suiza abrió una investigación por el posible robo de datos de 18.000 clientes de Credit Suisse, en relación con la publicación el año pasado de artículos en prensa que acusaban al banco de haber gestionado cuentas de políticos corruptos y otras personas acusadas de diversos delitos.

Según informa hoy el diario Tribune de Genève, la investigación abierta fue demandada por el propio Credit Suisse, segundo mayor banco de Suiza por valor de mercado, tras la publicación en medio centenar de medios internacionales de la investigación “Secretos Suizos”, en febrero de 2022.

La fiscalía investiga si hubo violación del secreto bancario y otros datos confidenciales, así como un posible delito de espionaje económico.

El diario de Ginebra subraya que la investigación no concierne a los posibles clientes “polémicos” de Credit Suisse, sino al origen de la filtración.

El rotativo añade que al tocar un posible delito político de espionaje económico (definido así cuando secretos empresariales son entregados a un organismo oficial o privado extranjero), la apertura de la investigación necesitó el visto bueno del Ministerio de Justicia e Interior federal.

Tribune de Genève advierte que la investigación podría implicar también a periodistas, después de que en 2015 se endurecieran las leyes sobre secreto bancario en Suiza y se contemplen desde entonces sanciones no sólo a los que roben datos confidenciales de este tipo sino también a quienes los publiquen o transmitan a otros.

Hace un año Reporteros Sin Fronteras (RSF) ya advirtió que esta ley suiza podría usarse contra periodistas tras la publicación de la información comprometedora.

Según la investigación “Secretos Suizos”, Credit Suisse abrió cuentas y mantuvo como clientes a numerosas personas involucradas en escándalos de corrupción y otros delitos entre 1940 y 2010.

Credit Suisse respondió entonces a esas acusaciones afirmando que los hechos publicados eran “inexactos y sacados de contexto“, y matizando que el 90 % de las cuentas bancarias puestas en entredicho estaban ya cerradas o en proceso de serlo cuando el banco fue informado acerca de la investigación periodística.


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