Francia ha abierto otro flanco en los esfuerzos por debilitar el círculo más cercano al presidente ruso, Vladímir Putin. Tras la congelación de numerosas propiedades de oligarcas implementando las sanciones acordadas por la Unión Europea a raíz de la guerra en Ucrania, ahora es la justicia francesa la que investiga los considerables bienes adquiridos en el país por los magnates próximos al Kremlin a través de empresas pantalla y otros intermediarios. Este paso podría llevar en poco tiempo a la incautación —y no solo inmovilización, como hasta ahora— de esas propiedades, lo que supondría un golpe más duro aún a los millonarios fieles al Kremlin.
La Fiscalía Nacional Financiera ha confirmado esta semana que el pasado 1 de julio abrió una investigación preliminar por blanqueo de dinero, corrupción, malversación de fondos públicos y fraude fiscal agravado. El detonante ha sido una demanda de la ONG Transparencia Internacional, que lleva años luchando para que se acabe con el entramado empresarial que sirve para ocultar propiedades, sobre todo inmobiliarias, de cómplices de regímenes autócratas. Las pesquisas, según las fuentes judiciales, han sido confiadas a la oficina central para la represión de la gran delincuencia financiera.
Se trata del primer paso judicial —todavía sin garantías de que redunde en un proceso, que además podría ser muy largo— tras la demanda presentada a finales de mayo por la sección francesa de Transparencia Internacional para “denunciar el sistema de captura del Estado ruso y la riqueza nacional por parte de empresarios y altos funcionarios próximos a Vladímir Putin”. Un sistema, aseguraba la organización en un comunicado, que “extiende sus ramificaciones hasta Francia, especialmente en el sector inmobiliario, por falta de vigilancia de los intermediarios”.
Pese a lo lejos que está aún la meta de una eventual condena, la apertura de la investigación es una “excelente noticia” cuyos efectos podrían sentir los oligarcas de manera casi inmediata, dice Sara Brimbeuf, especialista en flujos financieros y bienes ilícitos de Transparencia Internacional. “La Fiscalía podría incautarse en los próximos meses de los bienes identificados en la demanda”, explica . También podría haber imputaciones “si se considera que hay indicios graves y concordantes de que, o bien los intermediarios, o bien los oligarcas están implicados en esquemas de corrupción o blanqueo de dinero”, agrega.
Confiscación si hay condena
La implicación de la Fiscalía hace que se trate no ya de una cuestión meramente política, como son las sanciones, sino judicial, y eso cambia (y endurece) las reglas del juego, destaca la experta: “Se hace un cuestionamiento sobre el origen de esos bienes y sobre si han sido adquiridos mediante corrupción o malversación de fondos públicos. Eso quiere decir que ya no estamos hablando de bienes meramente congelados: aunque un día se levanten las sanciones, esos bienes pueden permanecer incautados para ser confiscados si acaba habiendo una condena”.
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Francia —sobre todo el territorio de la Costa Azul que se extiende desde Mónaco a Niza— es un lugar históricamente privilegiado por los oligarcas rusos. Ahí tienen grandes propiedades muchos de los magnates fieles a Putin más conocidos, desde Roman Abramóvich a Aleksander Ponomarenko pasando por Igor Sechin, que figuran en la lista negra de la Unión Europea o de Estados Unidos. Hasta finales de abril, Francia había inmovilizado 23.700 millones de euros en activos rusos en territorio francés, entre ellos bienes inmobiliarios por valor de 573,6 millones. Desde entonces, se han ido añadiendo numerosas propiedades no solo en la Costa Azul, sino también en exclusivas estaciones de esquí o en los barrios más lujosos de París, según la prensa francesa. Se trata, no obstante, de una mera inmovilización de los bienes —por ejemplo, un magnate puede residir en la casa sancionada, pero no venderla ni alquilarla— y no una incautación de los mismos, algo que sí podría suceder con una investigación judicial.
“La punta del iceberg”
Además, para Transparencia Internacional, los bienes hasta ahora congelados no son, probablemente, más que la punta del iceberg. “La ambición de las sanciones contra Rusia y los primeros anuncios de congelación de bienes chocan con la dificultad de identificar el patrimonio de las personas sancionadas”, advierte la ONG. En Francia, al igual que en otros países, “fracasa el rastreo de bienes de los oligarcas y de próximos al régimen ruso”.
No es una advertencia nueva ni dirigida solo a Rusia. Hace 15 años que esta ONG alerta de la facilidad con la que miembros de regímenes autócratas y figuras ligadas a ellos se benefician de un sistema opaco de empresas pantalla, bancos, notarios, agentes inmobiliarios y sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus propiedades en países como Francia o España, cuya Costa Brava también está llena de propiedades de origen dudoso, recuerda Brimbeuf. Transparencia Internacional ya presentó en 2008 una demanda similar para investigar bienes adquiridos desde Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo. En 2011 realizó similares pesquisas en torno a Túnez o Egipto, entre otros, todo con el fin de buscar “la restitución de los bienes confiscados a las víctimas de la corrupción”.
Este mismo mes, la revista L’Obs revelaba cómo Francia se ha convertido en uno de los países que más atraen al “dinero dudoso” de todo el mundo, especialmente en el sector inmobiliario. La publicación francesa, junto con un colectivo de periodistas independientes, logró identificar 196 operaciones inmobiliarias que generan dudas razonables, realizadas por 62 personalidades extranjeras: se trata de gente ligada a dirigentes políticos cuyos ingresos declarados no bastan para cubrir los gastos identificados, individuos implicados en casos de corrupción. Entre otros, L’Obs identificaba al hijo mayor y la esposa del presidente de Camerún, Paul Biya, el ministro de Defensa indonesio, Prabowo Subianto, o el empresario emiratí Khadem al Qubaisi, encarcelado por malversación. Esas 62 personas habrían invertido entre 1985 y 2020 más de 744 millones de euros en bienes inmobiliarios en Francia.
Con el caso de los oligarcas rusos y la presión para estrechar el cerco al Kremlin, este tipo de acciones adquieren, si cabe, más urgencia aún, señala la ONG.
Transparencia Internacional no ha querido revelar la lista de oligarcas rusos que ha enviado a la Fiscalía francesa. “El problema no son tres o cuatro nombres, sino un sistema entero. Sobre todo queríamos denunciar un sistema que ha permitido a muchos empresarios y gente próxima al régimen [ruso] enriquecerse recurriendo a sobornos, favoritismos, malversación de fondos”, dice Brimbeuf, que adelanta que no descartan enviar en el futuro más nombres de oligarcas sospechosos, no solo rusos, sino también ucranios, moldavos o bielorrusos.
Existen precedentes de este tipo de investigación y resultados visibles. Hace justo un año, y tras más de una década de procesos, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorín Obiang, fue condenado definitivamente en Francia por blanqueo y malversación de fondos públicos. Todos sus bienes en territorio galo, por un valor de 150 millones de euros, fueron confiscados.
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