Es la ley más ambiciosa y polémica del último tramo de la presidencia de Emmanuel Macron, un proyecto para combatir lo que el presidente francés ha llamado “el separatismo islamista”. La Asamblea Nacional adoptó ayer un texto que intenta poner al día el modelo laico, garante de la libertad de culto y al mismo tiempo la neutralidad del Estado ante las religiones. La decapitación de un profesor de instituto a manos de un islamista y las críticas internacionales a Macron por su estrategia contra el islamismo han marcado una discusión que afecta al núcleo de la identidad política de Francia: la laicidad.
El “proyecto de ley que reafirma los principios republicanos” —este es finalmente el nombre completo, que no menciona el islamismo— modifica algunas leyes fundamentales en la Francia moderna, como la de 1882 sobre la libertad de enseñanza o la de 1905 sobre la separación de las Iglesias y el Estado.
El texto se aprobó con 347 votos a favor, 151 en contra y 65 abstenciones. Votaron a favor los diputados de La República en marcha, el partido de Macron, además de los de varias pequeñas formaciones que le apoyan. El primer partido de oposición, la derecha tradicional de Los Republicanos, votó en contra, así como La Francia Insumisa, el partido de la izquierda populista. Se abstuvieron el Partido Socialista y los seis diputados de la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional, partido que carece de grupo propio en la Asamblea Nacional, pero que aspira a gobernar Francia tras las elecciones presidenciales de 2022 y que ocupa un lugar central en todas las discusiones sobre identidad nacional e islam.
El voto pone fin a 135 horas de discusión legislativa en las que se adoptaron más de 300 enmiendas. Los debates han escenificado el choque entre las diferentes interpretaciones sobre la laicidad. De un lado, la de quienes abogan por una aplicación rigurosa de la ley de 1905 como un principio aplicable a todos los franceses indistintamente de su religión. Del otro, la de quienes defienden una aplicación más atenta a la diversidad de la Francia real y a las discriminaciones que puedan afectar a los seis millones de musulmanes de este país. En la izquierda, una crítica es que se eludan las medidas contra la discriminación social y la estigmatización, y algunos acusan al presidente de hacerle el juego a la extrema derecha, que votó a favor de artículos concretos de la ley aunque se abstuvo en el voto final. En la derecha, se acusa a Macron de timidez y se le reprocha que la ley no especifique que está dirigida contra el islamismo.
El texto irá ahora al Senado, controlado por la derecha. Después, la Asamblea Nacional tendrá la última palabra.
La huella del profesor Paty
La ley reforzará el control de mezquitas y asociaciones para asegurarse de que respetan los principios republicanos y reprimirá la incitación al odio en internet. También creará un delito específico penado con tres años de prisión y 45.000 euros por “puesta en peligro de la vida ajena por la difusión, con un objetivo malintencionado, de informaciones relativas a la vida”. El artículo sobre este nuevo delito se conoce como “artículo Samuel Paty”. Es el nombre del profesor de instituto asesinado el 16 de octubre tras una campaña de hostigamiento en las redes sociales encabezada por el padre de una alumna, descontento porque Paty mostró una caricatura de Mahoma en una clase sobre la libertad de expresión.
Una de las propuestas que más discusiones causó en la Asamblea Nacional fue la que prohibía la educación en casa a partir de los tres años para evitar el adoctrinamiento fuera del sistema educativo. La propuesta recibió críticas de grupos cristianos. El texto final contempla una serie excepciones y la medida no se aplicará hasta 2024. Las propuestas para vetar el velo en las universidades o prohibir que lo lleven las menores de edad no prosperaron.
La ley responde a un contexto de casi una década de atentados yihadistas que han dejado casi 300 muertos. Muchos de ellos los perpetraron musulmanes franceses. Desde 2014, unos 1.500 franceses se enrolaron en el Estado Islámico en Siria e Irak. Las autoridades consideran que existe un caldo de cultivo de esta radicalización en barrios donde mezquitas u ONG promueven, por medio del adoctrinamiento o del discurso del odio, un proyecto de secesión de Francia al considerar que las normas religiosas prevalecen sobre las leyes republicanas.
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