El Consejo Constitucional de Francia dictó este viernes dos resoluciones sobre asuntos de relevancia jurídica y política: validó la ley de muerte asistida, aunque formuló observaciones sobre su aplicación, y declaró inconstitucional la normativa que pretendía prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años.
Las decisiones inciden en dos de los principales debates legislativos del Gobierno francés: la regulación de la muerte asistida y la protección de los menores en el entorno digital.
El Consejo Constitucional validó la legislación que establece el derecho a la muerte asistida para adultos que padezcan enfermedades graves e incurables. El fallo no ordenó modificar el texto legal, aunque formuló observaciones sobre distintos supuestos y pidió mayor claridad en algunos aspectos de su aplicación.
El mecanismo establece como regla general la autoadministración de la sustancia letal por parte del paciente. Cuando la persona no tenga capacidad física para realizar el acto por sí misma, la norma permite que un médico o una enfermera administre directamente la sustancia.
La legislación establece criterios para acceder a la prestación:el solicitante debe tener nacionalidad francesa o acreditar residencia legal y permanente en el país: debe padecer una enfermedad grave e incurable que comprometa su vida a corto o medio plazo; debe encontrarse en una fase terminal o avanzada de la enfermedad; y, debe experimentar un padecimiento físico que no pueda mitigarse mediante tratamientos médicos o cuidados paliativos disponibles.
El fallo también confirmó dos garantías. Por un lado, estableció una cláusula de objeción de conciencia específica para los farmacéuticos, quienes no estarán obligados a preparar las sustancias letales. Por otro, reconoció el derecho de los centros sanitarios privados a negarse a realizar estos procedimientos en sus instalaciones.
El presidente Emmanuel Macron calificó la decisión como la culminación de un “debate democrático ejemplar”, iniciado a partir de los trabajos del Comité Consultivo Nacional de Ética y de una consulta ciudadana.
El mandatario señaló que la nueva legislación complementa el marco jurídico establecido por la ley Claeys-Leonetti de 2016, centrada en la sedación profunda, y por la ley de cuidados paliativos de mayo de este año.
Con esta legislación, Francia se incorpora al grupo de países que cuentan con marcos legales relacionados con la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Canadá, Suiza y Uruguay.
Consejo Constitucional anula restricción a redes sociales para menores
En una resolución distinta, el Consejo Constitucional anuló la ley que pretendía prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años.
La medida estaba prevista para comenzar en septiembre, con el inicio del curso escolar. Sin embargo, el Consejo determinó que la restricción a la libertad de comunicación e información no era “apropiada, necesaria ni proporcional” respecto del objetivo que perseguía.
Entre los argumentos del fallo destacan que la prohibición absoluta del acceso a determinados servicios de comunicación en línea vulneraba el derecho a informar y recibir información.
Según estos argumentos, la medida incluía plataformas y medios respecto de los cuales no se habían establecido riesgos suficientes para la salud o seguridad de los menores, además de que la exigencia de verificar la edad mediante documentos de identidad afectaba a todos los usuarios, incluidos los adultos, sin suficientes garantías de protección de datos.
El fallo también puso de relieve las diferencias entre la iniciativa francesa y el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).
La Comisión Europea había advertido que la legislación otorgaba facultades consideradas excesivas al regulador francés y contemplaba la creación de una “lista negra” de plataformas, lo que podía entrar en conflicto con las competencias establecidas por la normativa comunitaria.
El Consejo Constitucional también cuestionó que la ley dejara en manos de las propias plataformas la definición de los métodos para verificar la edad de los usuarios, sin establecer un mecanismo estatal suficientemente claro.
Gobierno prepara una nueva iniciativa
Tras el fallo, Macron instruyó al primer ministro, Sébastien Lecornu, para elaborar un nuevo texto “jurídicamente sólido”.
El presidente, que mantiene la protección de los menores en internet como una prioridad desde 2017, fijó la primavera de 2027 como fecha límite para impulsar una nueva reforma.
El objetivo será armonizar la legislación francesa con las normas de la Unión Europea y con las iniciativas de otros 30 Estados que, bajo el liderazgo de Francia, analizan medidas para proteger la salud mental de los jóvenes frente a los posibles efectos de los algoritmos y del entorno digital.
Fuente: Europa Press.